jueves Ť 8 Ť marzo Ť 2001

Alejandro Zapata PerogordoŤ

La Constitución y el orden... o el orden constitucional

Es menester inicialmente realizar un ejercicio de reflexión, mediante el cual podamos establecer las ofertas que en campaña hicieron los partidos políticos y candidatos a la Presidencia de la República.

Todos, sin excepción, ofrecieron un cambio, ésa fue la palabra mágica de la mercadotecnia electoral. La sociedad así lo exigía, lo reclamaba, estaba harta del sistema político mexicano. Evidentemente, las encuestas, sondeos, análisis y estudios sobre el panorama electoral de aquello que esperaba la ciudadanía así lo reflejaba, por lo tanto, debía existir una propuesta de cambio por las fuerzas políticas contendientes.

Se trataba de ofrecer un país donde fuera recuperada la confianza, la credibilidad y, con base en la esperanza, bajo un nuevo gobierno, ir fijando las reglas de convivencia encaminadas al desarrollo.

El 2 de julio pasado, la mayoría de los mexicanos optamos por un cambio del sistema presidencialista al presidencial.

La diferencia entre uno y otro estriba en que el primero se basa en la concentración del poder en una sola persona, sin olvidar que la hegemonía entre un partido político y el gobierno convertía al PRI en un partido de Estado. Como consecuencia, el presidente de la República era a su vez el jefe máximo de ese partido político y, adicionalmente, decidía sobre los poderes Legislativo y Judicial. Asimismo, tenía toda la influencia en los estados y municipios. El segundo se encamina al equilibrio, respeto, autonomía y coordinación entre los poderes; a dar impulso al federalismo y al fortalecimiento de estados y municipios.

Lo anterior es desterrar un sistema presidencialista, omnipotente, en el que el Ejecutivo federal está por encima de cualquier ley y sólo su palabra o capricho es lo que cuenta, para adentrarnos a un verdadero estado de derecho, donde todos nos sujetemos a los mecanismos establecidos para la convivencia armónica y la promoción del bienestar común. En atención al texto constitucional, no existe duda de que nuestro sistema es el presidencial; sin embargo, en la práctica era otra cosa.

La Carta Magna no debe revisarse per se, pues en todo caso no sería una finalidad aceptable, sino que es el medio para que el Estado tenga la llave maestra para cumplir su misión.

El régimen y observancia constitucionalista en un estado de derecho, por su propia naturaleza y definición, es vital. En caso contrario, se rompe el segundo y se vulnera y transgrede el cimiento de la organización del propio Estado.

Sí, obviamente coincido con aquéllos que se pronuncian porque en México deben prevalecer las instituciones, que debe ser un país de leyes, donde se cumplan los postulados y principios constitucionales.

La convocatoria para la revisión del texto constitucional, creo que lleva un mensaje de fondo que abre toda una gama de posibilidades, que encauza una serie de reflexiones, que nos induce a analizar en conjunto, partiendo del diagnóstico del México de hoy para, con visión de futuro, delinear el proyecto de nación del México de mañana.

Puede haber todo tipo de opiniones, sin embargo, creo que de eso se trata, no pueden encontrarse los consensos en una sociedad plural, si no existen mecanismos que posibiliten el sentir social.

Existen aspectos que no deben dejarse de lado, pues se encuentran vinculados entre sí, en tanto que la finalidad del Estado no es lograr una nueva Constitución, sino en ella recoger los principios básicos, que bajo su observancia y aplicación se procure una armonía y equilibrio encaminados al bienestar común.

Lo importante es saber si con lo que existe se puede lograr. Si así es, simplemente nos encontraríamos en la disyuntiva de que se cumpla. En caso contrario, hacer las modificaciones necesarias para facilitar esa labor.

Probablemente se justificaría la necesidad de llevar a cabo reformas a la Constitución y leyes secundarias, dentro del marco del fortalecimiento de las instituciones, del equilibrio de poderes, de la democracia participativa, de los derechos humanos, de la integración social, de la salvaguarda de nuestra cultura, tradiciones, costumbres e identidad. En materia económica y presupuestal, en el combate a la pobreza y al desarrollo social y sustentable, entre otros muchos temas que se requieren.

Sin embargo, lo importante no son las reformas al texto de la Constitución sino, en todo caso, que éstas provengan como fruto de los consensos plurales. Bajo ese marco, se destaca la nueva relación del Estado y los poderes con la sociedad.

Por otra parte, debe observarse el contexto de la invitación del Presidente a la revisión, que no reforma de la Constitución, por las condiciones y circunstancias que la rodean. En medio de un proceso de cambio de las tradiciones y protocolos de un régimen presidencialista, inmersos en trabajos sobre reforma del Estado, con el problema de Chiapas flotando en el ambiente y las resistencias caciquiles del gobernador de Yucatán.

Entonces bien, nos encontramos con dos posiciones diferentes. La primera se trata de un orden constitucional, que se encuentra en nuestra Carta Magna. El cumplimiento del mismo no está sujeto a debate o discusión. De los grandes problemas que hemos tenido, es la marginalidad de los actos por parte de las propias autoridades.

El pacto social al que se invita es precisamente que todos nos sujetemos al imperio de la ley.

El fondo del asunto es que los mexicanos queremos vivir en un país de leyes, donde se respete el orden constitucional y las que del mismo emanen.

Por otra parte, reconocemos un problema de estructuras y la necesidad del fortalecimiento de las instituciones.

El pasado nos deja experiencias, el futuro nos otorga esperanza y el presente exige participación.

Ť Vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados