Ť Resultaron inalcanzables los objetivos de inflación, producto y empleo

A 100 días las metas no se cumplieron

Ť No se ha creado la comisión de transparencia que investigaría el rescate de la banca comercial

Ť Incrementar la carga fiscal de los contribuyentes cautivos, entre los objetivos que están claros

ROBERTO GONZALEZ AMADOR ANTONIO CASTELLANOS

La ambición de las metas económicas planteada por el nuevo gobierno encabezado por Vicente Fox, chocó con una realidad que amenaza el cumplimiento de las expectativas y que al cumplirse los primeros 100 días de la administración, han sido echadas por tierra. Ni inflación de 6.5, ni crecimiento económico de 4.5 por ciento. El empleo no llegará al millón 350 mil nuevas plazas anuales y sólo se crearán menos de 800 mil este año.

Con excepción del tipo de cambio, ninguna de las metas macro económicas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica para 2001 se cumplirán. Oficialmente se había estimado para el año una inflación de 6.5 por ciento, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.5 por ciento, con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 22 mil 848 millones de dólares; un déficit en las finanzas públicas equivalente a 0.65 por ciento del producto; un precio promedio de 18 dólares por barril para la mezcla mexicana de petróleo y un tipo de cambio con dólar a 10.10 pesos en promedio.

De acuerdo con estimaciones de analistas privados y del Poder Legislativo, la inflación estimada para el cierre de 2001 es de 7.11; un Producto Interno Bruto de 3.54; déficit en la cuenta corriente de 22 mil 494 millones de pesos; un déficit en las finanzas públicas de 1 por ciento; un precio promedio de la mezcla de barril de petróleo de 18.8 dólares, y un tipo de cambio de 10.5 pesos por dólar al cierre de diciembre.

Además, la más reciente encuesta entre analistas privados elaborada por el Banco de México estima que en el presente año se incrementará en 581 mil personas el número de trabajadores permanentes, menos de una tercera parte del número de personas en que cada año aumenta la población económicamente activa y que se calcula oficialmente en un millón 350 mil.

Una vez reconocida la imposibilidad de alcanzar las metas de crecimiento y generación de empleo ofrecidas por Vicente Fox mientras fue candidato presidencial, a partir del 1 de diciembre, el Ejecutivo federal ha insistido de manera reiterada en que para alcanzar el bienestar lo primero es contar con más ingresos públicos. La forma de obtenerlos, según la visión del gobierno, es cobrar más impuestos y permitir mayor inversión privada en los sectores eléctrico, gas y telecomunicaciones.

Tributo exagerado

Hasta ahora la propuesta fiscal hecha por el gobierno radica en homologar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo. También propone reducir la del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que sea igual, tanto para empresas como para personas físicas, porque de acuerdo con los estudios hechos por Hacienda, la existencia de tasas diferenciadas se presta a manipulación. La propuesta es correr todas las tasas medias imaginables de tal manera que los contribuyentes paguen menos de ISR.

La carga tributaria promedio para personas físicas en cuanto al ISR pasó de 31 mil 306 pesos en 1995 a 82 mil 323.2 pesos el último año; es decir, creció 2.45 veces, según une estudio elaborado por el especialista Mario di Costanzo para el Poder Legislativo. Estas cifras demuestran que el peso a que están sometidas las personas físicas es mayor al que soportan las empresas.

El mismo documento elaborado con información de Hacienda demuestra que la carga tributaria de las empresas fue en promedio de 453 mil 906 pesos en 1995 y aumentó a un millón 30 mil 585 pesos el último año lo que representó un incremento de 2.2 veces, menor al de las personas físicas, esto es los trabajadores.

La inconsistencia de la política económica del gobierno federal también se refleja en que la Comisión Nacional de Transparencia que se iba a dedicar a investigar el rescate de la banca comercial, no se ha creado. destacó Di Costanzo.

En el caso de la reforma fiscal, expresó que todavía no hay ningún anteproyecto o los funcionarios de Hacienda lo tienen muy oculto, porque lo que hasta ahora se vislumbra es que nuevamente se aplicará una serie de parches al sistema fiscal que se concentrarán en los impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta.

El proyecto económico de la actual administración se estrelló con la desaceleración de la economía de Estados Unidos que después de alcanzar un crecimiento de 5 por ciento en 2000, tendrá un incremento de menos de 2 por ciento este año, cuando también puede enfrentar una recesión de corto plazo, según las proyecciones de analistas privados. Además, la volatilidad en el precio del petróleo también amenaza el cumplimiento de las metas macro económicas.

Más carga fiscal

Francisco Gil, secretario de Hacienda, planteó que la reforma impositiva no pretende únicamente fines recaudatorios, sino que propone la constitución ''de una nueva hacienda pública''. Pero hasta ahora los objetivos que ha hecho explícitos el gobierno, apuntan hacia un incremento en la carga fiscal de los contribuyentes cautivos.

Todavía no se presenta la reforma fiscal integral para incrementar los ingresos públicos, y ya se plantea una nueva inyección de recursos fiscales por 24 mil millones de pesos a la banca de desarrollo. Banrural, Bancomext y Nacional Financiera tienen quebrantos millonarios que fueron a parar al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organismos Auxiliares de Crédito (Fideliq), mejor conocido como el IPAB de la banca de desarrollo.

Por su parte, Héctor Rangel Domene, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), informó que ese organismo trabajó con el gobierno federal en los primeros 100 días de la administración en la reforma financiera ofrecida por Vicente Fox al tomar posesión del cargo.

Las líneas concretas abordadas fueron fortalecer la regulación de la banca comercial, y eliminar algunos costos derivados de la supervisión gubernamental sobre el sistema, fortalecer la operación de la banca de desarrollo para que preste recursos a través de la banca comercial y reforzar el ahorro popular.

En lo que más ha hecho énfasis la ABM, según Rangel, es en explorar las posibilidades del mercado de valores, como alternativa de financiamiento y ahorro no sólo para los grandes capitales. ''Algo no funciona bien en un país como México, de 97.4 millones de habitantes y con sólo 150 mil cuentas en la Bolsa Mexicana de Valores. Por ello, este es un punto en el que estamos trabajando estrechamente con el gobierno como parte de la reforma financiera''.

El panorama económico se ha complicado de tal manera para el gobierno federal, que Hacienda reconoció que el ritmo de crecimiento de la economía observado en 2000 (6.9 por ciento) será difícil de mantener, sin que al mismo tiempo se presenten presiones sobre el nivel de precios y sobre las cuentas externas.

Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ampliar el proceso de reforma estructural en México.

-Ampliar la base impositiva en el régimen del IVA: eliminar exenciones para el transporte carretero, la agricultura y la pesca; limitar la tasa cero a unos cuantos artículos básicos; compensar a los grupos de bajos ingresos mediante transferencias directas.

-Régimen fiscal de las empresas: eliminar el régimen simplificado para transportación carretera y la tasa especial para agricultura, publicaciones y hacer aún más estrictas las reglas de consolidación.

-Impuesto al ingreso de las personas físicas: gravar las prestaciones laborales y eliminar el subsidio fiscal.

-Ampliar la base tributaria de los gobiernos locales: en lo que corresponde al impuesto predial, en particular, aumentar la tasa, estimulando a los gobiernos locales a revisar y mejorar sus esfuerzos recaudatorios; introducir impuestos a las herencias y donativos por arriba de una cantidad base.

-El control y administración tributarios: deberían fortalecerse a nivel federal y local, en combinación con la eliminación de regímenes especiales, lo que contribuiría a eliminar la evasión fiscal a través del sector informal por parte de empresas establecidas en el sector formal.