JUEVES Ť 8 Ť MARZO Ť 2001
Ť La enviará a la Cámara de Diputados en dos partes, una en marzo y otra en septiembre
Presentará el gobierno al Congreso iniciativa de ley para la reforma del sector financiero
Ť El objetivo central, establecer supervisión y regulación y evitar delitos de cuello blanco
Ť Ahorro, crédito popular y mercado de valores, temas que figurarán en el primer paquete
DAVID APONTE Y CIRO PEREZ SILVA
El gobierno foxista anunció al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma del sector financiero, la cual enviará en dos partes a la Cámara de Diputados, una en marzo y otra en septiembre, para establecer "supervisión y regulación" sobre instittuciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, el mercado de valores y los grandes grupos financieros nacionales, con el objeto de evitar los delitos de cuello blanco y los movimientos poco transparentes de capitales y utilidades.
Entre los cambios al sistema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó que la Ley del IPAB tenga un mecanismo de "alerta temprana" con el objetivo de detectar la posible quiebra de instituciones del sistema financiero y no repetir la historia del derrumbe de los bancos y el rescate del Fobaproa.
El subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, informó en días pasados a diputados de PRI, PAN y PRD el interés de la actual administración por enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma del sector financiero.
Esta considera modificaciones en la regulación de grupos financieros, banca privada, banca de desarrollo, créditos para la vivienda, ahorro y crédito popular, seguros y mercado de valores.
En un documento que circula entre los legisladores de la Comisión de Hacienda, la oficina encargada de las finanzas del país expuso que en los últimos años el sector financiero ha contribuido poco a la economía, como resultado de la crisis de 1995.
"No obstante que la mayor parte de los problemas que agravaron la salud financiera del sector han sido resueltos, son necesarios algunos avances adicionales en nuestra estructura jurídica para promover la canalización eficiente del ahorro".
La administración foxista presentó la propuesta como la posibilidad de garantizar la solidez y estabilidad del sistema financiero mediante mayor autonomía a las comisiones encargadas de la supervisión, revisión de facultades de las autoridades, establecimiento del servicio civil de carrera en las comisiones y abatimiento del costo de regulación.
La SHCP desglosó en el texto entregado a los legisladores cada uno de los rubros que pretende modificar el Ejecutivo:
En la Ley del IPAB pretende instaurar un mecanismo de alerta temprana y acciones correctivas, así como mayor coordinación entre IPAB y Comisión Nacional Bancaria y de Valores "para operar eficientemente la quiebra de alguna institución financiera".
A partir de las modificaciones propuestas a la Cámara de Diputados, la SHCP tiene intención de apoyar la supervisión financiera con auditores externos y la tipificación penal de errores y omisiones de las auditorías que deriven en la quiebra de una institución financiera.
Se propone dar vigencia a la nueva Ley de Concursos Mercantiles y crear el Registro Público de Comercio con el propósito de regular y vigilar las garantías crediticias.
En esta parte existe el interés de que los solicitantes de préstamos no pongan en garantía sus activos en dos instituciones al mismo tiempo, pero también se pretende que los peticionarios recuperen en el menor tiempo posible sus garantías, los objetos que dejaron a cambio del préstamo.
La administración del presidente Vicente Fox Quesada busca mayor vigilancia de las operaciones de los grupos financieros y de las de mercado, ya sea en bancos o casas de bolsa y cambio, según el anteproyecto de Hacienda.
Aquí, por ejemplo, propuso que la CNBV esté facultada para regular en forma preventiva a los grupos financieros y para practicar una supervisión consolidada. Incluso mencionó la necesidad de alcanzar un régimen de capitalización a nivel del grupo financiero. La autoridad federal requiere de la información de las operaciones para evitar movimientos poco transparentes de los capitales y, en consecuencia, que los propietarios u operadores incurran en los llamados delitos de cuello blanco.
En este punto, planteó la posibilidad de "sujetar a las instituciones (bancarias) al escrutinio de la vigilancia internacional, exigiendo la colocación de obligaciones subordinadas calificadas (poner acciones en el extranjero)".
Para el mejor desempeño de la banca de desarrollo diseñó cuatro puntos básicos: modificaciones a la ley orgánica de estos intermediarios para un mejor manejo de gobierno; homologación de la regulación prudencial con las instituciones comerciales, con una contabilidad acorde con las prácticas internacionales y la transparencia de los subsidios; concentración de la misma en el campo, vivienda de interés social, pequeña y mediana empresas y obras públicas de estados y municipios, y establecimiento de una obligación de que coticen en un fondo preventivo.
La SHCP delineó para los diputados las nuevas pautas para el funcionamiento del mercado de valores, entre ellas la protección a los inversionistas minoritarios por medio de estructuras de gobierno corporativo y reglas más eficientes en el uso de la información privilegiada.
Entre sus planes para modernizar esta área del mercado financiero señaló la necesidad de fomentar el crecimiento de los inversionistas institucionales y la canalización de sus recursos a deuda de largo plazo y capital (en esta parte habría cambios a la Ley de Sociedades de Inversión), y la promoción para el acceso de los operadores o intermediarios a la bolsa (en este caso, no es necesario ser el dueño de una bolsa para ser operador y viceversa).
Por lo que toca al rubro de la vivienda, presentó alternativas para facilitar el acceso de los trabajadores al crédito, principalmente de aquellos cuyas percepciones oscilan entre los 6 y 7 salarios mínimos y que se ven impedidos de obtener préstamos del Infonavit, para lo cual propone:
Fomentar la bursatilización de hipotecas; hacer operativo el esquema legal del Infonavit y analizar la conveniencia y tiempos para crear un banco hipotecario con las características del estadunidense Fannie Mae, el cual conceda créditos con bajas de tasa de interés.
Las modificaciones al sector financiero del país incluyen también el establecimiento de una ley de ahorro y crédito popular con el objetivo fundamental de ordenar este rubro. La SHCP planeó la restructuración de Patronato de Ahorro Nacional (PAHNAL) para encomendarle la función de coordinador y promotor del ahorro popular.
Con esa idea, se convertiría en el "banco de cajas del sector", con servicios de manejo de liquidez, red informática y de pago electrónico y capacitación, precisó.
Con respecto al sector de seguros, la dependencia explicó que la nueva administración busca eliminar los "incentivos perversos" y costos extraordinarios en la comercialización de los seguros de pensiones; busca la promoción de los seguros obligatorios, así como que las aseguradoras puedan comprar cualquier derivado para cubrir los riesgos, y acepta la deducibilidad de seguros médicos.
Algunas de las iniciativas para esta reforma al sector financiero entrarán en el periodo de sesiones que comienza el 15 de marzo, entre ellas la de ahorro y crédito popular y mercado de valores; el resto serán consideradas en septiembre. Así, el gobierno tendría mayor supervisión en este sector de la economía nacional, con esquemas similares a los de países de Europa y al de Estados Unidos.
Dos problemas a combatir
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó a miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la necesidad de una gran reforma al sector financiero, con la idea de combatir dos problemas:
--Las altas tasas de interés y la volatilidad financiera;
--Las modificaciones están orientadas también a la captación del ahorro y el otorgamiento de crédito de corto plazo.
"Sin embargo --añade el documento-- la reforma no podrá detonar el crecimiento económico de nuestro país en la medida en que persistan los desequilibrios fiscales y la absorción de un porcentaje muy alto del total de los recursos financieros por parte del sector público".