JUEVES Ť 8 Ť MARZO Ť 2001
Ť De la Rúa dice no tener nada que opinar y expresa su "respeto" a la división de poderes
Tensión entre Ejecutivo y Judicial por la nulidad de leyes en Argentina
Ť Esas legislaciones sólo beneficiaron a "miserables rateros de criaturas", afirma ex jefe del ejército
AP, REUTERS Y DPA
Buenos Aires, 7 de marzo. El histórico fallo de un juez federal que la víspera dictaminó la nulidad de dos leyes que exculparon a represores de la última dictadura militar argentina, generaba hoy tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, al tiempo que el ex jefe del ejército Martín Balza sostenía que esas legislaciones sólo beneficiaron a "miserables rateros de criaturas".
La víspera, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, admitió que existía preocupación militar por el fallo de Gabriel Cavallo, pero Balza sostuvo hoy que "sólo los reponsables que cargan sobre sus conciencias homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad de sus conciudadanos, pueden tener razones para temer".
Balza, quien en 1995 hizo una histórica autocrítica sobre la actuación militar durante la pasada dictadura (1976-83) y que recientemente fue expulsado del Círculo Militar por sus camaradas en situación de retiro, añadió que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida "dañan a miles y miles de oficiales del ejército y de los otros servicios, que sin tener responsabilidad alguna en los hechos delictivos, han visto cerrado el camino a la justicia para demostrar su inocencia".
El fallo, que seguramente será apelado, se aplica soalmente en relación al caso de un matrimonio de discapacitados desaparecido bajo la dictadura, y el secuestro de su hija de ocho meses, entregada a un militar que cambió la identidad de la niña.
El juez citó a una declaración indagatoria a dos policías que participaron en el secuestro de matrimonio y que se habían amparado en las leyes ahora anuladas.
Si el fallo es confirmado por la Cámara Federal, y eventualmente por la Corte Suprema, sentaría un precedente jurídico de indudable importancia para casos similares.
El gobierno del presidente Fernando de la Rúa recibió el fallo con perceptible incomodidad, aunque oficialmente declaró que no "tiene nada que opinar" y que lo recibe "con el respeto que se debe a la divisón de poderes".
El ministro Jaunarena, sin embargo, dijo ayer que las cuestionadas leyes de 1987 eran constitucionales, puesto que fueron votadas por el Congreso.
El juez Cavallo respondió recordándole que "existe un poder, que es el Judicial, que revisa como último intérprete la constitucionalidad de las normas, y la circunstancia de que una norma sea votada por el Congreso no le da ningún carácter legal".
Agregó que su fallo se funda en principios del derecho internacional e interno, y que las dos leyes anuladas violan esos principios, "ya que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables".
Un portavoz del tribunales añadió que el magistrado Cavallo recurrió al dictamen del Tribunal de Nuremberg, que sentenció a jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial, para fundamentar su decisión. En aquel juicio colectivo "se ratificó el principio de la responsabilidad individual o personal", y estableció la categoría de crímenes contra la humanidad.
El magistrado también citó entre los fundamentos la decisión argentina de 1995 de extraditar a Italia al ex oficial nazi Erich Priebke, al considerar que "el cumplimiento de órdenes superiores no eximen de responsabilidad cirminal".
Aunque el fallo se da únicamente el contexto del caso Poblete, deja abierta la puerta para replantear acusaciones contra responsables de la represión ilegal. Así, la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desparecido en la dictadura, Patricia pidió hoy a la justicia que cite a declarar a dos oficiales de la marina que habrían actuado en la detención y secuestro de su padre en 1977.
En cambio, desde París, Sophie Thonon, abogada de familiares de una decena de desaparecidos durante la dictadura, señaló que hay que esperar la decisión de la Corte Suprema sobre el fallo.
En este contexto, el primer ministro holandés criticó hoy al príncipe heredero Willem Alexander por la defensa que hizo de la reputación del padre de su novia argentina Máxima, Jorge Zorreguieta, quien fue miembro del gabinete de la dictadura militar.
La víspera, el príncipe criticó en Nueva York a los autores del libro El Dictador sobre el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla en 1976, según el cual Zorreguieta tuvo un papel importante en el régimen e incluso también en la preparación del golpe de Estado.
En conferencia de prensa, el joven pidió a los periodistas ser más cuidadosos y los refirió a una carta publicada por un diario argentino el 27 de febrero. Pero la misiva había sido redactada por el ex dictador Videla y rechazaba que el régimen militar -que dejó 9 mil desaparecidos denunciados oficialmente- hubiera cometido atrocidades.
"Lo más apropiado es que el príncipe no hubiera dicho nada. Le he pedido que guarde silencio sobre el tema", dijo Wim Kok, en una poco frecuente reprimenda pública del gobierno a un miembro de la monarquía.