Las injustificables alzas en el precio del gas doméstico, así como los masivos descontentos y movilizaciones generadas en reacción a ese incremento, hacen pertinente reflexionar sobre una de las más irritantes distorsiones de la economía nacional: la combinación de tarifas inmoderadas de bienes y servicios públicos, por una parte, y los niveles de ingreso insatisfactorios, por la otra. 

La inserción a rajatabla del país en las reglas de la globalidad, emprendida y consumada por los tres anteriores gobiernos, colocó buena parte de las tarifas de los bienes y servicios públicos en niveles equivalentes a los que imperan en naciones desarrolladas; el ciclo de eliminación de subsidios, desregulación, privatizaciones y rescates de los sectores económicos que fracasaron bajo la administración privada se tradujo incluso en costos que están por encima de los equivalentes en Estados Unidos. Ejemplos de esta situación aberrante son los peajes carreteros, la telefonía, el transporte aéreo, los servicios financieros --sujetos, estos últimos, a tasas desmedidas de intermediación bancaria-- y, el colmo, la gasolina, que en ciertos momentos y en ciertas zonas de la frontera común ha llegado a ser más cara del lado mexicano. 

La liberalización salvaje de la economía, que se inició en tiempos de Miguel de la Madrid y que en el sexenio de Ernesto Zedillo fue llevada a grados exasperantes de dogmatismo e ineficiencia, no se tradujo, en cambio, en una homologación del ingreso de la mayor parte de la población con la capacidad adquisitiva que ostentan los habitantes de nuestros socios comerciales. Por el contrario, las torpezas económicas aunadas al manejo demagógico de las cifras durante el salinismo, desencadenaron una crisis que significó, a su vez, una regresión de décadas en percepciones y salarios. La herencia de los sexenios neoliberales y globalifílicos puede traducirse en un país que logró su ingreso al club de ricos --la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE--, pero que tiene a más de la mitad de su población sumida en la pobreza y la miseria. 

En estas circunstancias, los incrementos a las tarifas de bienes básicos y de servicios públicos --tanto los que aún administra el Estado como los que han sido transferidos a manos privadas-- constituyen un factor social conflictivo, por no decir explosivo. En la medida en que no se establezcan para tales tarifas mecanismos de regulación y control, y se sigan dejando a los vaivenes de los mercados --nacional e internacional--, serán una fuente de descontento, inestabilidad y precariedad institucional. La actual administración tiene, en ese terreno, la oportunidad y el deber de deslindarse de los últimos gobiernos priístas, y convertir en hechos las palabras pronunciadas por el presidente Vicente Fox en su toma de posesión en el sentido de que "la justicia social es parte de una economía eficiente, no su adversaria" y sobre la necesidad de reemplazar, en el poder público, "la lógica tecnocrática que dejó todo al mercado", emitidas el pasado 5 de febrero.