viernes Ť 9 Ť marzo Ť 2001
Rodolfo Stavenhagen
El desafío
La Marcha por la Dignidad Indígena ha puesto en evidencia una vez más la agenda inconclusa que dejó a la nación el gobierno anterior. La nueva administración parece haber tomado en serio la postura zapatista de procurar una salida política al conflicto. Si este proceso ha de seguir adelante, el gobierno de Fox debe mostrar con hechos y no con campañas publicitarias su buena voluntad, y sus propuestas deben ir al fondo de las justas y legítimas demandas y reclamos de los pueblos indígenas, expresados por el Congreso Nacional Indígena, así como por el propio EZLN.
El asunto no es dialogar de nuevo ni firmar otro papel, como ya se hizo anteriormente sin resultados tangibles, sino modificar la estructura jurídica e institucional del Estado mexicano para dar cabida plena en la nación a los pueblos indígenas, asunto que hoy se plantea por primera vez con insistencia desde 1810.
Es por ello que el Congreso de la nación debe enfrentar el desafío de discutir y aprobar en lo esencial la propuesta de la Cocopa, presentada por el Ejecutivo. Recordemos que este texto fue negociado por la Cocopa con los zapatistas y el anterior gobierno, y si bien éste retiró su apoyo, aquéllos lo aprobaron aun cuando no estuvieran plenamente de acuerdo en algunos puntos y comas.
La aprobación de este proyecto por el Poder Legislativo no solamente establecería condiciones para una paz duradera, sino que abriría la puerta a un nuevo México que reconoce, acoge y dignifica a sus pueblos indígenas, rompiendo así con una tradición bicentenaria. Aprobar la propuesta de ley sería un acto de soberanía y legitimidad, una decisión fundamentalmente política que le corresponde al Congreso de la Unión.
Hay temas esenciales en el texto preparado por la Cocopa que tratan directamente de los reclamos seculares de los pueblos indígenas, y por ello no pueden ser ignorados. Uno de ellos se refiere a la autonomía --anhelo antiguo de quienes han sido oprimidos, despojados y pisoteados durante tanto tiempo. ƑEn qué hace peligrar la autonomía indígena la soberanía nacional, como afirman algunos? En nada absolutamente. Por el contrario, al abrir la vía de una auténtica participación de los indígenas en el quehacer nacional, las autonomías fortalecen el pacto social y federal. Sin duda habrá que elaborar cuidadosamente las leyes reglamentarias, porque impulsar un régimen autonómico es asunto complejo desde muchos ángulos, pero tampoco es problema insuperable una vez tomada la decisión política.
La problemática de la tierra y del territorio es fundamental para resolver la angustiosa situación de miles de comunidades indígenas en el país. La contrarreforma agraria instaurada constitucionalmente en 1992 sólo reafirmó una tendencia, que ya se venía perfilando desde hacía décadas: la descomposición de las comunidades agrarias y ejidales. Por muchas razones la nación debe retomar esta deuda histórica y construir un nuevo marco legal que permita la sobrevivencia y el desarrollo de los pueblos indígenas en sus espacios tradicionales. No se trata, como insinúan voces interesadas, en crear "reservas" a lo USA o "resguardos", como en Colombia, sino simplemente garantizar que los pueblos indígenas, si así lo desean y deciden, puedan preservar sus espacios propios para fines propios y protegerse legalmente de los embates que siempre han venido sufriendo por parte de poderosos intereses económicos ajenos a ellos. Nuevamente, el asunto es complejo, como todos reconocen, y la situación agraria del país no es lo que fue hace un siglo, pero negar la crisis agraria que viven millones de campesinos indígenas y no indígenas es hacer un flaco favor al país. La nueva legislación sobre derechos y cultura indígenas debe considerar y rescatar los aspectos territoriales y agrarios que prácticamente han desaparecido del discurso público en los últimos años.
ƑPor qué insistir tanto en los derechos y la cultura indígenas? En primer lugar, porque han sido denegados. En segundo lugar, porque sólo reconociéndolos se podrá construir un México democrático y justo. Es por ello que el tema del derecho indígena (la costumbre jurídica de los pueblos indígenas) será fundamental en la nueva legislación. Para asegurar la justicia y la plena participación, así como la convivencia democrática, es necesario que los pueblos puedan regirse por sus propios sistemas jurídicos. El derecho indígena existe en la realidad --no está codificado, y no diré si es bueno o malo, disyuntiva que no viene al caso-- y hay en el país miles de comunidades que norman su vida interna de acuerdo a este derecho. Es justo y normal que sea reconocido en el sistema jurídico y político nacional, porque eso permitiría a los pueblos indígenas desenvolverse plenamente como ciudadanos en igualdad de circunstancias con otros mexicanos, en el marco de un pluralismo multicultural, como el que de hecho --pero no de derecho-- ha prevalecido en el país desde siempre.
El respeto a los derechos culturales es fundamental para la sobrevivencia de los pueblos, y es parte esencial de los derechos humanos. Los derechos culturales de los pueblos indígenas incluyen el uso de su lengua, la educación bilingüe e intercultural, el acceso a los medios de comunicación, el reconocimiento de su cultura propia, como parte del mosaico nacional. Un país que ignora o destruye sus propias culturas se empobrece. El que apoya y fomenta la diversidad cultural de sus pueblos se enriquece. Ya el artículo 4Ɔ constitucional afirma que los pueblos indígenas se encuentran en el origen de la pluralidad cultural de la nación. El desafío para el Poder Legislativo es ahora tornar realidad ese precepto constitucional aprobado en 1992.
Espero que el diálogo entre los legisladores y el EZLN sea constructivo, propositivo y fructífero; de ello dependerá el futuro de México como nación democrática, libre y justa.