MIERCOLES Ť 14 Ť MARZO Ť 2001
Ť La postura del Ejecutivo "retrasa posibilidades de desarrollo rural integral", afirman
Entregó Usabiaga su contrapropuesta de ley de desarrollo rural; "es un veto": líderes del CAP
MATILDE PEREZ U.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, entregó ayer al Congreso Agrario Permanente (CAP) -- organismo que agrupa a 13 de las organizaciones campesinas del país-- su contrapropuesta de ley de desarrollo rural, hecho interpretado por los líderes como un veto a ese precepto legal, aprobado por los senadores de la actual Legislatura en diciembre pasado.
A unas horas del vencimiento del plazo constitucional para que se publique dicha Ley en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, fracasó el intento de llegar a un acuerdo consensado entre Sagarpa y organizaciones campesinas del CAP. Ayer, durante casi tres horas, dirigentes y representantes de las agrupaciones campesinas insistieron ante Usabiaga Arroyo que no admitirían ninguna modificación a la Ley de Desarrollo Rural previa a su publicación .
En un comunicado, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jesús Vizcarra Calderón, se manifestó por un nuevo proyecto de ley "incluyente, real y efectivo para evitar divisiones. "Proponemos que se abra un espacio de seis meses para que juntos, sociedad del sector rural, organismos agropecuarios y el Legislativo, trabajemos en la adecuación de la Ley para el Desarrollo Rural y si al cabo de ese tiempo fracasa el intento, se retome el marco normativo de la ley que ya fue aprobada por el legislativo".
Según varias versiones de participantes en la reunión privada, el titular de la Sagarpa mantuvo su postura: la actual ley no es aceptable, y se refirió a la prerrogativa presidencial de no publicarla y enviar sus observaciones a la Cámara de Diputados. Antes de dar por concluida la reunión entregó extenso documento con su contrapropuesta.
Líderes campesinos consideraron la postura del Ejecutivo presentada por vía de Usabiaga como un agravio. Retrasa las posibilidades de desarrollo rural integral y evidencia que es falso que "el Presidente propone y el Congreso dispone. Esta es una muestra de que el Congreso resuelve y el Presidente veta cuando la ley no es acorde a sus proyectos", agregaron.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) expuso que es un veto de hecho y una mala señal para los campesinos. "Es una acción dilatoria del gobierno para que ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios tengan realmente un desarrollo", dijo Raúl Pineda, representante de ese organismo ante el CAP. Trascendió que el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López, declinó asistir a esa reunión, pues consideró pérdida de tiempo dialogar con alguien que no pretende cambiar su postura.
Pineda comentó que en la reunión se aclaró a Usabiaga Arroyo que no hay cabida para una nueva consulta, pues ya se hizo, y fue muy amplia. "Las bondades de la ley aprobada por el Congreso de la Unión tiene muchas bondades". Sin embargo, ante el veto, diputados del PRI tendrán que hacer valer nuestros razonamientos, para eso son nuestros representantes, abundó.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, comentó: "este es un agravio similar al que han hecho los diversos gobiernos al EZLN al negarse a aprobar la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena de la Cocopa. Afecta los intereses de los campesinos más pobres".
Lamentó que en esta controvertida ley, los campesinos quedaran en medio de los intereses de partidos políticos y ahora sean objeto del revanchismo político y perversidad de PRI y PAN. Dicha ley, recordó, fue aprobada en 57 Legislatura de la Cámara de Diputados por PRD y PAN, sin apoyo del PRI; en diciembre pasado, el Senado la aprobó con respaldo de PRI y PRD y rechazo del PAN.
"Estamos conscientes de que tendremos que generar condiciones de diálogo y negociación con el Ejecutivo y con los legisladores para que en las nuevas mesas de trabajo se impongan nuestros criterios, y trataremos de rescatar la esencia de la Ley de Desarrollo Rural aprobada inicialmente".
Entre algunos dirigentes del CAP surgió la idea de pedir una reunión a la comandancia del EZLN para sumar esfuerzos en la lucha por dos leyes, la iniciativa de la Cocopa y la de Desarrollo Rural, condiciones ambas para tener paz en el agro mexicano.
Según el dirigente de la CCC, el titular de Sagarpa explicó a integrantes del CAP que su postura es que la ley de desarrollo rural -- la propuesta por el Ejecutivo-- sirva de marco legal general y se hagan una serie de leyes: de capitalización, financiamiento, almacenaje, etiquetación, planeación para el desarrollo rural integral, comercialización, capacitación y asistencia técnica, además de la creación de un consejo de desarrollo rural.
Para el dirigente del CNA, la actual ley de Desarrollo Rural no prevé un marco jurídico global para el sector rural, pues entre otros puntos establece aplicarla a través de Sagarpa, pero no otorga a ésta facultades, instrumentos ni recursos para ello.
Tampoco fomenta la autonomía de organizaciones de productores ni la libre asociación en el sector agropecuario. Considera de manera limitada áreas de interés de otras leyes especializadas como la de asociaciones agrícolas, sociedades cooperativas, sanidad animal y vegetal, sistema financiero, aguas nacionales y la correspondiente a producción, certificación y comercio de semillas.
Vizcarra insistió: hay que "consolidar una auténtica ley de desarrollo rural para que los criterios que en ella se manifiesten no tengan sesgo discrecional alguno y permita el libre ejercicio de interlocución de organismos productores legalmente constituidos.
Para Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, el veto mediante las observaciones que hoy entregará Usabiaga Arroyo a la Cámara de Diputados, es signo de alejamiento de las demandas sociales y es un acto lesivo a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Eludir la atención urgente al agro podría cuestionar la congruencia del gobierno. "Un mandato que privilegie al sector más favorecido de empresarios y descuide la recuperación de condiciones de vida de la mayoría en el medio rural sólo augura mayores conflictos", expuso.
Las organizaciones campesinas anunciaron que en Sonora, Sinaloa y Nayarit ya iniciaron movilizaciones para exigir la publicación de la Ley de Desarrollo Rural, las cuales serán permanentes hasta lograr una ley justa, expusieron.