JUEVES Ť 15 Ť MARZO Ť 2001
Ť No fueron culpables de delitos y estuvieron presos de uno a cinco años
Zapatistas demandarán por difamación a Albores
Ť El gobierno de Chiapas aplicará la ley a campesinos que el martes bloquearon el Congreso
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 14 de marzo. Ocho ex reos zapatistas demandarán por difamación, daños morales y a su patrimonio a la administración estatal que encabezó el ex gobernador Roberto Albores y a militantes priístas, toda vez que el juez que los liberó consideró que no fueron culpables de los delitos que les imputaban y sin embargo pasaron de uno a cinco años en prisión.
Entretanto, el gobierno de Chiapas anunció que aplicará "todo el peso de la ley" contra las organizaciones campesinas que este martes retuvieron a cerca de 700 personas dentro de las instalaciones del Congreso local para presionar a las autoridades y les otorguen apoyo económico.
El abogado Miguel Angel de los Santos, que defendió a indígenas prozapatistas, indicó que ocho de sus clientes iniciarán un proceso contra ex funcionarios municipales y estatales, lo mismo que contra militantes priístas, quienes los acusaron injustamente de diversos delitos.
De acuerdo con el litigante, los ex reos sufrieron un juicio parcial por el cual fueron condenados hasta a 20 años de prisión, pese a que sus acusadores nunca se presentaron a ratificar su denuncias.
"Los procesos en su contra estaban viciados de origen, eran presos de conciencia, había un trasfondo político en todo esto", apuntó De los Santos, quien comentó que todavía quedan 15 reos pro zapatistas en las cárceles del país, diez de ellos en Chiapas, acusados de delitos del fuero federal, tres recluidos en Tabasco y dos en Querétaro.
Serán procesados campesinos que se manifestaron el martes
El secretario de gobierno, Emilio Zebadúa, anunció que no quedarán impunes los campesinos que el martes retuvieron durante nueve horas a cerca de 700 personas en el interior del Congreso chiapaneco con la intención de presionar para recibir ayudas económicas.
Según Zebadúa, el Poder Ejecutivo ya atendía las demandas de los campesinos "desde hace meses".
Explicó que incluso, comunidades afiliadas al Congreso Permanente de Organizaciones determinaron instalar mesas de trabajo en el área de justicia agraria, proyectos productivos y otras en las que el gobierno les daría respuestas concretas a sus requerimientos.
Por ello, dijo, es reprobable que los campesinos bloquearan los accesos al Congreso y secuestraran a quienes estaban dentro. Adelantó que una vez la Gran Comisión de la Legislatura presente la demanda penal respectiva, la Procuraduría de Justicia estatal iniciará una averiguación previa "para aplicar la ley contra quienes resulten responsables".