VIERNES Ť 16 Ť MARZO Ť 2001

Ť Reunión de especialistas y legisladores en El Colmex

Sin modificar la iniciativa, quedará muy acotada la autonomía indígena

ROBERTO GARDUÑO Y ROSA ELVIRA VARGAS

La iniciativa de ley de la Cocopa sin modificaciones legislativas ofrecería un grado de autonomía "muy acotado" a las comunidades indígenas en México, concluyeron historiadores, analistas políticos y abogados convocados en privado por El Colegio de México (Colmex) para explicar a senadores y diputados de todas las fracciones parlamentarias que "es urgente dar respuesta al reclamo de esos pueblos para lograr el reconocimiento en la Constitución de la realidad pluricultural que ha caracterizado siempre a nuestra sociedad".

Carlos Montemayor, Alberto Aziz, Magdalena Gómez, Héctor Díaz Polanco, Lorenzo Meyer, Francisco Paoli, Romana Falcón y Jorge Fernández expusieron a siete senadores, 13 diputados y 25 académicos de El Colmex que el mayor grado de autonomía ha sido aplicado entre las poblaciones indígenas del norte de Canadá y en Groenlandia, "así como en algunas partes de Europa, si consideramos importantes núcleos de población que habitan en los Estados nacionales modernos; Nicaragua está a la mitad de la escala, y la Ley Cocopa ofrecería (tal y como está) un grado de autonomía muy acotado en el caso de México".

El seminario interactivo sobre Chiapas, que se realizó el 5 de marzo en El Colmex, revisó los cinco elementos básicos -sustentados a la vez en cuatro principios- que dan lugar a un pacto de esa naturaleza.

Los elementos aludidos fueron el reconocimiento de las comunicades indígnas que eligen a sus propias autoridades; reconocimiento en la Constitución del ámbito territorial donde se ejerce su autoridad; ejercicio de gobierno y justicia dentro de dicho territorio; identificiación de las facultades de los gobiernos, aquéllas que les son exclusivas y las que comparten con otros niveles de gobierno, y vínculos con el resto de la nación vía su participación en los congresos federal y estatales.

En el debate se expresó que la autonomía que demandan los pueblos indígenas en México no trastocan los principios fundamentales que dan forma al país. Es decir, se mantendría la unidad nacional, la igualdad de todos los ciudadanos y la de todos los pueblos indígenas, y la solidaridad, con la aplicación temporal de políticas y recursos especiales a favor de los grupos más rezagados.

El Estado moderno desalienta y remplaza la autonomía

De las consideradiones históricas presentadas en la reunión, destacó que los pueblos que se han rebelado en México nunca se han planteado alcanzar la soberanía propia, ni dejar de ser parte del territorio nacional.

"La rebelión indígena de finales del siglo XX puede entenderse como la búsqueda por recuperar una autonomía acotada que tuvo plena vigencia inclusive durante la Colonia, pero que, con el surgimiento del Estado moderno, fue desalentada y a la vez remplazada por una visión y por políticas encaminadas a ayudar a los indígenas a dejar de ser indígenas, a superarse, a dejar de ser ellos mismos".

Esa realidad, se expuso, se confronta con los argumentos de los "abogados constitucionalistas" por las implicaciones para la soberanía y la unidad nacional, que a decir de esos personajes conlleva la iniciativa de la Cocopa.

"Una posible explicación es la ausencia de los principios de diversidad y pluriculturalidad de la sociedad mexicana en nuestra propia Constitución; los abogados en México no han sido formados para acercarse de manera coherente a evaluar estos fenómenos que caracterizan a nuestra sociedad, y así realizar las adecuaciones a la ley que sean pertinentes."

Senadores y diputados fueron informados de que los derechos indígenas están consignados en el artículo cuatro de la Constitución, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Senado mexicano.

Dicho artículo trata de diversos temas que están presentes en otras leyes reglamentarias, " y si ocurrieran reformas producto de las conversaciones con los representantes indígenas, el mejor camino sería realizar una revisión jurídica sistemática de esos ordenamientos y de sus implicaciones con objeto de garantizar su cumplimiento''.

Algunos legisladores manifestaron preocupación porque los efectos del Convenio 169 de la OIT en relación con las formas de tenencia de la tierra (ejidos, minifundios privados y otros) podrían contravenir el hábitat de los pueblos indígenas o de las zonas autónomas.

Se reconoció que en este asunto podría radicar la principal objeción a la ratificación de la iniciativa de ley de la Cocopa.

"La ley no propone nuevas formas de propiedad en las zonas autónomas, además la autoridad en materia agraria es aquella reconocida en la Constitución. Hay muchos temas a los que debe darse respuesta a partir de las leyes existentes en materia agraria, mismas que adolecen de diversas lagunas, incluyendo la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional (se dejó fuera a los indígenas, cuando se debería proteger la integridad de las tierras de esos pueblos); el artículo 106 de la Ley Agraria (que señala que dicha integridad se protegerá mediante una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional), y el Convenio 169 de la OIT (que nos refiere al uso y disfrute de los recursos naturales dentro del hábitat de los pueblos indígenas)."

Sistemas normativos propios

Uno de los ponentes (por ser un encuentro privado se acordó no dar a conocer los nombres de las personas que intervinieron) aseguró que las comunidades indígenas no reclaman fueros especiales:

"El Estado no ha tenido en muchos casos los recursos para ofrecer los servicios necesarios para la aplicación de la justicia entre la población. Esta última ha tenido que tomar atribuciones públicas como el trabajo colectivo para obras colectivas, conocido como tequío, para llenar el vacío existente. Reconocer jurídicamente ahora lo que ha sido la realidad durante siglos, es el planteamiento central respecto de los sistemas normativos propios, no la creación de fueros especiales".

En el encuentro se recordó la teoría del multiculturalismo, del clásico Samuel Huntington, quien advirtió que éste será fuente de confictos dentro y entre los Estados nacionales durante el siglo XX.

"En ese tenor, los reclamos indígenas son la expresión concreta de que atendemos al posible surgimiento de un nuevo actor en la escena política nacional, se busca regresar al origen, similar a la autonomía acotada previa a la creación del Estado moderno en México, pero con la novedad de aceptar la plena igualdad jurídica, política y social de los pueblos indígenas... el costo de no aceptar esta nueva realidad es mayor que aceptarla, pues el reclamo indígena cuenta con enorme legitimidad en México y en el exterior (Unión Europea, Estados Unidos y la propia América Latina)."