Ť Balance del procurador Bernardo Bátiz, luego de 100 días al frente de la institución

La restructuración de la PGJDF reduce tiempo para hacer denuncias

Ť La designación de José Luis Aranda Zorrivas en la Policía Judicial, entre los tropiezos, reconoce

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

En sus primeros cien días de trabajo en la actual administración, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal logró importantes avances en su restructuración interna, lo que permitirá reducir los tiempos de atención a las personas que acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia, y atender de manera prioritaria los delitos graves, señaló el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz Vázquez.

Asumió también algunos tropiezos, como la designación al frente de la Policía Judicial de José Luis Aranda Zorrivas, nombramiento que fue muy criticado al exterior de la institución. Asimismo, reconoció que no se ha logrado tener la confianza de la gente en el Ministerio Público y la Policía Judicial, aunque algunas encuestas muestran que la gente empieza a percibir un cambio.

"El camino es largo, pero la meta está bien trazada y lo importante es no perder el rumbo", apuntó.

Recuerda que heredó de la anterior administración de Samuel del Villar "dos columnas básicas para el trabajo" en la dependencia, a las cuales había que darles continuidad: el Servicio Público de Carrera y el Instituto de Formación Profesional.

El primero dará seguridad a los funcionarios de la institución que pertenecen a las áreas ministerial, judicial y pericial, pero paulatinamente se incorporarán los trabajadores de las áreas administrativas. Explicó que la permanencia en sus puestos y su promoción a cargos superiores dependerá sólo de su desempeño y su capacitación. "Se acabaron el arribismo, las componendas políticas y los compadrazgos".

La otra columna, el IFP, se convertirá prácticamente en el "centro de recursos humanos de la PGJDF", pues de él egresarán todos los agentes del MP, judiciales y los peritos que se incorporen a la institución. Así, este año se tiene la meta de incorporar 300 nuevos efectivos a la PJDF, todos ellos egresados del instituto, con una nueva formación de policía investigador.

En el marco de una política de austeridad, la próxima semana la dependencia habrá concluido un estudio en el que se revisó toda la estructura de la institución con el fin de reubicar en las áreas sustantivas a personal de las áreas administrativas, de manera que las agencias del Ministerio Público, donde se da la atención inicial a la ciudadanía, cuenten con un mayor número de personal.

Como resultado de un estudio de tiempos y movimientos en las agencias del Ministerio Público, la Procuraduría instrumentará en tres etapas nuevos mecanismos de trabajo que permitirán acelerar la labor de la representación social, de manera que se reducirá en 50 por ciento el tiempo de atención al público que acude a denunciar.

En una primera etapa, que se presentará hoy a todos los fiscales de la dependencia, se quitarán del proceso de captura de la averiguación previa aquellos datos que se repiten y que son inecesarios. En otra etapa se revisarán los formatos empleados para los trámites de la averiguación previa, como aquellos con los que se solicita la intervención de la Policía Judicial, peritos, o los que se giran a otras instancias solicitando información.

En una tercera etapa, que se prevé esté concluida en junio próximo, se unificarán los programas con los que se captura la información para iniciar la averiguación previa, de manera que en forma simultánea se incorpore al sistema de Averiguaciones Previas en Computadora (ApeCom), al programa de estadística criminal, en el Sistema de Captura de Averiguaciones Previas en el Ministerio Público y sus Auxiliares (SCAMPA) y, en caso de que se trate de un robo de auto o se haya usado un vehículo en la comisión de un ilícito, ingrese al programa de Control de Autos Robados (Conauro).

Zorrivas y la osamenta

Bátiz Vázquez admitió que así como hubo avances también hubo tropiezos en estos primeros cien días de trabajo, y uno de ellos fue el nombramiento de José Antonio Aranda Zorrivas al frente de la PJDF, quien había sido procesado por los delitos de asociación delictuosa, inhumación y exhumación de restos humanos, relacionados con la osamenta hallada en el rancho El Encanto, en el caso Ruiz Massieu, y aun cuando fue absuelto, se generaron algunas críticas, por lo que 12 días después fue sustituido por Damián Canales Mena, quien fue secuestrado varias horas antes de asumir el cargo, para advertirle que no aceptara el cargo.

En este tiempo, el procurador conformó un equipo "de mayor confianza". Dejaron la institución tres subprocuradores: Mauricio Tornero, de Averiguaciones Previas Centrales, sustituido por Patricia Bugarín, el ex fiscal para la Seguridad de las Personas (secuestros); Hugo Vera, de Averiguaciones Previas Desconcentradas, cargo que ocupó el ex diputado federal Alvaro Arceo; el Jurídico y de Derechos Humanos, Gastón Villegas, donde despacha ahora Renato Sales.

En la Oficialía Mayor, Jorge Reza, actual coordinador de Asesores de Bátiz, dejó el despacho a Víctor Campos Chargoy.

Otros cambios relevantes fueron recientemente el de la Visitaduría General, donde ingresó el ex titular de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, Salomón Baltazar Samayoa, y en la Dirección de Inspección Interna fue nombrado el ex director de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas, Román Jiménez García, quien, dijo, cuenta con una amplia experiencia y respeto al interior de la dependencia.

Asimismo, recordó que se implantaron varios operativos con los que se han obtenido buenos resultados: se reforzaron las acciones contra el robo de autos; se aplicó uno que ha permitido detener a taxistas que se dedicaban al robo y la violación, y otro con el que se pretende inhibir los delitos en contra de la Tesorería, que implicó transformar la Fiscalía para Asuntos Especiales en Fiscalía para Delitos Fiscales.