Informes recabados ayer en Chiapas por este diario -y confirmados, en lo general, por el subcomandante Marcos- indican una reactivación del hostigamiento que padecieron las comunidades zapatistas durante casi todo el sexenio pasado, así como una reorganización de los grupos paramilitares que, desde las acciones oficiales emprendidas contra ellos a fines del 2000 y a raiz de la toma de posesión del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, habían adoptado un bajo perfil. 

En Guadalupe Tepeyac, La Realidad y otros puntos de la zona de conflicto, se incrementan los patrullajes militares y los vuelos rasantes de aeronaves de la Fuerza Aérea y el Ejército, en tanto que las guardias blancas de filiación priísta parecen realizar preparativos para una nueva escalada de ataques contra los indígenas zapatistas, en tanto que los cuerpos de seguridad estatales vuelven a sus conocidas actitudes de acoso y provocación hacia ellos. 

Tales datos sin indicativos de la existencia de sectores medios o superiores que, tanto en el gobierno federal como en el estatal, se niegan a aceptar las acciones y las directrices propicias a la paz y a la distensión, adoptadas tanto por el presidente Vicente Fox como por el gobernador Pablo Salazar. 

El asunto resulta especialmente preocupante si se toma en cuenta que, en el terreno político y parlamentario, los opositores a la aprobación de la ley Cocopa han logrado generar graves tensiones y desencuentros entre el Poder Legislativo y los representantes zapatistas que se encuentran en la capital de la República: los jefes de las bancadas panista y priísta pretenden convertir en un trámite de ventanilla lo que debiera, podría y merecería ser, en aras de la tolerancia y de la paz, un gran encuentro republicano entre los rebeldes y el Congreso de la Unión. 

Es obligado preguntarse en qué medida los fenómenos referidos -el inopinado recrudecimiento, en Chiapas, de la hostilidad contra los pueblos indígenas rebeldes, y el menosprecio en la capital, de los líderes parlamentarios hacia los comandantes zapatistas y hacia la iniciativa de reformas legales elaborada por la Cocopa y presentada al Senado por el presidente Fox- pueden estar relacionados o coordinados, y si no asistimos a la activación de una pinza entre el paramilitarismo y las tácticas de contrainsurgencia por un lado, y la reacción política, económica e ideológica, por el otro. En otros términos:--actúan Diego Fernández de Cevallos y sus aliados panistas y priístas como una suerte de pasamontañas legislativo para Máscara Roja, Los Chinchulines y Paz y Justicia-- 

Ante esa doble cerrazón, Marcos anunció ayer el propósito del EZLN de enviar una delegación al Parlamento Europeo con la perspectiva de hallar en esa intancia lo que no están encontrando en el Poder Legislativo nacional: la posibilidad de ser escuchados. Si esa eventualidad se concretiza, los zapatistas podrán decir con razón, una vez más, aunque en otro contexto, que no les han dejado otro camino.