SABADO Ť 17 Ť MARZO Ť 2001

Ť Hizo un documento que aún está vigente

En 1998, el PAN defendió la autonomía de grupos étnicos

Ť Instruyó a sus legisladores para exigir discusión de los acuerdos de San Andrés en el Congreso de la Unión

DAVID APONTE

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN definió en marzo de 1998 orientaciones para los diputados y senadores en los temas de Chiapas y derechos y cultura indígenas: exigir al gobierno federal cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que los mismos sean discutidos en el Congreso de la Unión y apoyar una reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos indígenas.

"El documento elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), a partir del texto de los acuerdos de San Andrés, al no lograr el consenso por las objeciones del gobierno, no debe convertirse en un obstáculo que impida llevar a debate legislativo dichos acuerdos", expuso la dirección del partido en un documento que poseen los diputados de dicho grupo parlamentario.

Entre las consideraciones, señaló que el gobierno de Zedillo y el EZLN han apostado al desgaste del adversario y han sido incapaces de sostener un diálogo sincero de cara a la nación. "El saldo, a cuatro años de distancia (1998), es doloroso y preocupante: pueblos enteros hundidos en una mayor miseria, miles de familias expulsadas de sus hogares, cientos de asesinatos y un escándalo internacional en aumento".

La dirección del partido propuso en aquel entonces, para superar sin dilación el oprobio que humilla y asesina a los hermanos indígenas, dos puntos de acuerdo nacional: el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades indígenas y la promoción de reformas constitucionales y legales que reconozcan los mismos a todas las etnias de la nación. Desde ese momento, el CEN panista manejó la posibilidad de otorgar autonomía a los pueblos indígenas en sus municipios.

Pero también dio instrucciones a sus representantes en el Congreso de la Unión para solicitar al gobierno de la República que cumpliera con los acuerdos pactados con el EZLN en San Andrés, y que el Poder Legislativo debatiera estos documentos, firmados en febrero de 1996.

Las diferencias entre la administración federal y los rebeldes no deben ser un obstáculo para que los diputados y senadores realicen el debate del contenido de los acuerdos de San Andrés, precisó.

En el documento, producto de una reunión del Consejo Nacional, indicó: "Tampoco es aceptable que el gobierno y la Cocopa elaboren la iniciativa de reformas constitucionales, porque la Ley para el Diálogo y la Conciliación no faculta a aquellas para intervenir como parte en el conflicto o en los contenidos sustantivos del diálogo, sino sólo como instrumento de coadyuvancia.

"El gobierno federal y el EZLN deben respetar la soberanía popular depositada en el Congreso de la Unión; el PAN rechaza la pretensión de subordinar el Congreso a los criterios de uno y otro y rechaza todo intento de quienes, fuera del ámbito legislativo, pretendan usurpar las funciones del constituyente permanente.

"El PAN instruye a sus legisladores, federales y locales, a participar activa y comprometidamente para crear el nuevo orden jurídico que requiere este proyecto común de todos los mexicanos". De la posibilidad de diálogo entre los actores del conflicto, planteó que si el gobierno y el EZLN desean restablecer las conversaciones de paz, no deben sustraer los valores morales ni anteponer sus intereses o prioridades políticas.

La dirección del partido llamó a sus militantes y simpatizantes a movilizarse en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del país, "con la bandera del humanismo, fuente y guía de nuestra inspiración en el cumplimiento del deber político". El contenido de este documento sigue vigente para los legisladores del PAN, según algunos integrantes de la bancada en la Cámara de Diputados.