SABADO Ť 17 Ť MARZO Ť 2001
Ť Según ONG, hay 294 personas en cautiverio por su oposición al régimen
Hay 2 iniciativas para liberar a presos políticos
Ť Las propuestas de PAN y PRD favorecían a presuntos guerrilleros y dirigentes de organizaciones Ť Familiares de afectados comienzan plantón frente a San Lázaro
JESUS ARANDA
Las iniciativas de ley de amnistía presentadas por separado por diputados del PAN y del PRD reconocen la existencia de presos políticos. De acuerdo con cifras de diversas agrupaciones, actualmente hay en México más de 250 detenidos -en su mayoría indígenas- que esperan la aprobación de una ley que les permita recuperar su libertad.
Como antecedente de las iniciativas que ya fueron turnadas a las comisiones respectivas, una ley similar, aprobada en Oaxaca en 1997, favoreció a indígenas de los Loxichas, a quienes se les acusaba de ser colaboradores o militantantes del EPR, además de la legislación respectiva para Chiapas, decretada en 1994.
De los presos políticos reconocidos por organizaciones defensoras de los derechos humanos, 63 -en su mayoría zapotecos- rechazan pertenecer a esos grupos armados; cuatro sí aceptan su participación en esos movimientos, y el resto son luchadores sociales o dirigentes críticos al sistema que fueron procesados por delitos de los fueros común o federal.
Ayer familiares de presos políticos iniciaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para demandar la aprobación de una ley de amnistía.
La iniciativa presentada por 10 legisladores oaxaqueños del PRI destaca en su exposición de motivos a ''los miles de mexicanas y mexicanos (que) han decidido tomar las armas para ser escuchados en sus demandas de un país justo'', la gran mayoría de ellos de origen indígena."
Los legisladores plantean que la amnistía se aplique por acusaciones presentadas desde el 1o. de enero de 1994, cuando estalló el conflicto en Chiapas, y que sea creada una comisión en la que participen dos representantes del Poder Ejecutivo, dos del Legislativo, dos del Judicial, uno de la CNDH, y dos de la sociedad civil.
La iniciativa presentada en abril del año pasado por diputados del PRD es más concreta al plantear que la amnistía favorezca a todas las personas procesadas por delitos de los fueros común y federal, como sedición, incitación a la rebelión, conspiración u otros cometidos por grupos impulsados por móviles políticos, con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno. Sin embargo, los legisladores perredistas llaman la atención en que "existe un número importante de personas acusadas por delitos comunes" y que en realidad son presos políticos.
Plantean también que de acuerdo con la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en México hay 294 casos documentados de presos políticos, cuyos procesos se encuentran plagados de irregularidades, particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.
Según organizaciones como el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo (CDIP-OAXACA), Familiares de Presos Políticos en Almoloya de Juárez y Neza-Bordo, Familiares de Presos Políticos y Sociales en el Distrito Federal y la Organización Política Izquierda Democrática Popular, hay signos inequívocos que demuestran cómo luchadores sociales -principalmente indígenas- son acusados y procesados por delitos comunes o federales, pero con motivaciones políticas.
Destaca, por ejemplo, la detención de Silverio López Ramos, detenido en 1996, acusado de ser presunto guerrillero y comandante del EPR, cuando de acuerdo con su esposa, Arcadia Vásquez Vásquez, éste fue acusado injustamente por su participación de más de 10 años en el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo; "siempre en forma pacífica y dentro de los marcos constitucionales, buscando mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades".