sabado Ť 17 Ť marzo Ť 2001
Alberto J. Olvera
100 días: de la grandilocuencia a la estupefacción
Los primeros cien días de ejercicio de gobierno del presidente Fox demuestran que el nuevo grupo gobernante es rico en buenas intenciones, pero pobre en proyectos viables, capacidad de operación y negociación políticas y visión de largo plazo. Esta contradicción está creando una ruptura entre las altas expectativas de la ciudadanía y la baja capacidad de entrega de resultados de un gobierno paralizado en casi todos los frentes. Si bien los obstáculos dejados por la brutal herencia del régimen autoritario son formidables, la notable incapacidad política mostrada hasta ahora por el gobierno y compartida por los actores políticos complica mucho el panorama de la transición.
Vicente Fox es un presidente en buena medida sin partido, sin pactos con otros partidos y sin programa coherente. Esta situación obliga al Presidente a negociar sobre la marcha cada conflicto y cada proyecto, sin contar con ejes programáticos articuladores ni base de sustentación política propia, a no ser su coyuntural popularidad personal. Esto incentiva a los partidos a buscar su estrecho interés particular y a profundizar su oportunismo.
El gobierno se ha abierto numerosos frentes en los primeros cien días de su mandato. En el caso de Yucatán, el cacique Cervera Pacheco ha vencido por igual al Ejecutivo y al Poder Judicial federales mediante marrulleras acciones legislativas. Ahora el costo político de meter en cintura a Cervera se ha incrementado a niveles impagables, dado que este conflicto ya se emparejó con un estratégico y decisivo periodo de sesiones del Congreso, a lo largo del cual Fox necesitará el apoyo del PRI para sacar sus iniciativas más importantes.
En el caso de la iniciativa de derechos y cultura indígenas Fox no tuvo la fuerza para cabildear con el PAN y el PRI la aprobación de la ley. En parte su apoyo a la marcha zapatista demuestra que el gobierno entendió que se necesitaba una fuerza social formidable para "convencer" a los panistas duros de que la ley debía aprobarse en razón no sólo de justicia, sino de necesidad política. Está por verse el resultado del proceso, que deja a Fox y a la nación a merced del viejo PAN y del PRI.
Ahora bien, la falta de trato de Fox al PAN se refleja en el hecho de que no le ha consultado la reforma fiscal, no pactó con sus dirigentes la agenda legislativa y no ha establecido una ruta crítica compartida para la reforma del Estado. Fox se ha limitado a lanzar ideas y proyectos sin ton ni son, sin priorizar y sin negociar su anclaje legislativo y presupuestal.
El veto a la Ley de Desarrollo Rural ha venido a complicar más el panorama. De un lado, el PAN queda en ridículo, pues había aprobado la ley en abril del año pasado. Sin duda la decisión se tomó porque se estaba en medio de una campaña electoral. Pero esto indica que el oportunismo no es privativo de los otros partidos. De otra parte, Fox demuestra que su dictum "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone", es meramente simbólico.
Por si esto fuera poco, la "reforma fiscal" que el gobierno propone no merece ese nombre. Es una mera adecuación de impuestos, centrada en la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Para que se pudiera hablar de reforma fiscal se necesitaba un proyecto de gasto en el que quedara claramente establecido el destino de los recursos a obtenerse. Si por ejemplo se hubiera ofrecido la etiquetación del 30% de la nueva recaudación a gasto en hospitales y servicios médicos públicos a través de programas coherentes que demostraran que los pobres recibirán más y mejor atención médica, y otro 30% a la promoción del desarrollo sustentable en zonas indígenas, incluyendo el financiamiento de la creación de nuevos municipios y de la aplicación de los derechos contemplados en la ley de la materia, estaríamos ante un panorama muy diferente. O bien, se podría haber negociado que la Ley de Desarrollo Rural se publicaría si se aprobaba la reforma fiscal, con la cual se conseguirían los recursos que implicaría su ejecución. De esta manera los partidos de oposición tendrían un incentivo para apoyar una medida antipopular que, sin embargo, podría traducirse en una verdadera política social de Estado que a la larga le daría legitimidad a todos los partidos.
La falta de oficio, de imaginación y de decisión del nuevo gobierno ha tensado el ambiente político y casi cerrado la posibilidad de que a través del Congreso se construya el pacto de transición del que se carece. El libre juego del mercado político es tan impredecible y dañino como el del mercado económico. Tendremos que acostumbrarnos a vivir en el conflicto y el riesgo permanentes.