sabado Ť 17 Ť marzo Ť 2001

Miguel Concha

Narcotráfico, periodismo y derechos humanos

Con el propósito de evaluar el estado que guarda en la actualidad el narcotráfico y los retos que ello conlleva para la libertad de expresión y los derechos humanos, un grupo de periodistas, investigadores, académicos, representantes de medios, ONG e instituciones públicas de protección a derechos humanos se reunieron en uno de los puntos más álgidos de la frontera y bastión del cártel de los Arellano Félix: la ciudad de Tijuana, Baja California, para llevar a cabo una crítica independiente y propositiva de las políticas y acciones antidrogas emprendidas durante la última década por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Preliminarmente, con base en los datos disponibles, el seminario consideró que si bien hay éxitos parciales, en su conjunto la lucha contra las drogas se está perdiendo: las tendencias apuntan hacia una mayor producción, diversificación y consumo. En virtud de que esas políticas antidrogas han sido manejadas con criterios básicamente políticos y policiales, dejando de lado aspectos preventivos, educativos y de salud, así como necesarios equilibrios en el combate a la oferta y la demanda, puede afirmarse que no ha habido universalidad ni integralidad sino, antes bien, una marcada unilateralidad y preponderancia de principios y mecanismos impuestos por el gobierno de Estados Unidos al resto de la comunidad internacional.

Para modificar esta situación es necesario que los gobiernos de México y Estados Unidos, dando el ejemplo con una autocrítica drástica y objetiva, reconozcan el fracaso evidente e indiscutible de las políticas y estrategias orientadas preponderante o exclusivamente a la contención, erradicación, interdicción y represión que por décadas han practicado, con muy escasos o nulos resultados positivos finales. Es tiempo ya de que los primeros afectados por el flagelo de las drogas, es decir las sociedades mismas -particularmente en las zonas fronterizas- participemos de manera generalizada, transparente y solidaria en la elaboración de criterios y en la definición y reorientación de metas para la lucha antinarcóticos.

Las sociedades civiles y sus organizaciones -se afirma en el documento final-, con el apoyo decidido de los medios masivos genuinamente comprometidos con los valores democráticos, debemos involucrarnos de lleno y sin más dilación en el diseño y aplicación de encuestas y la promoción de consultas, referéndum y plebiscitos para aportar elementos de análisis y debate público de temas que han sido tabú para muchos gobiernos. Concretamente -agregan los participantes en el seminario convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos- nos proponemos consultar, de la manera más abierta, profesional y objetiva, qué piensan y qué deciden nuestras sociedades sobre la desregulación y despenalización progresiva -técnicamente sustentada- en la producción, el comercio y el consumo de ciertos tipos de estupefacientes.

Nos parece de la mayor importancia volver a traer al análisis crítico, desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, los pro y los contras de las políticas que se orienten a la desarticulación económica, comercial y financiera de la poderosa red de intereses, corrupción e impunidad con que opera el crimen organizado en materia de narcotráfico a nivel nacional e internacional. En la era de la globalidad se hace necesario generalizar y transparentar la lucha antidrogas de sociedades, medios y gobiernos, favoreciendo una efectiva cooperación internacional en un marco de respeto a las soberanías y a los derechos humanos.

Con la participación de reconocidos expertos y especialistas como Guadalupe González, Peter Smith y Luis Astorga, así como experimentados periodistas, entre ellos José Reveles, Miguel Badillo, Rogaciano Méndez, Omar Raúl Martínez y Pedro Enrique Armendares, en los debates que también promovieron la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, el Centro de Periodistas de Investigación y la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, se hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia federales y estatales, así como a las comisiones públicas de protección a derechos humanos, para que agilicen y concluyan las investigaciones de agresiones a periodistas, particularmente las que han resultado en asesinatos imputados a narcotraficantes.