Ť Con plantones, marchas y bloqueos protestarán por el veto a la ley rural

Preparan campesinos "insurrección" contra Fox

Ť Piden al EZLN agregar a sus tres demandas la aprobación de la iniciativa agraria

Ť Las protestas iniciarán este domingo con una movilización de trabajadores en Puebla

CAROLINA GOMEZ MENA Y ALONSO URRUTIA

Tras plantear que los gobiernos neoliberales sólo escuchan las demandas sociales "cuando se toman las armas", dirigentes campesinos anunciaron que como respuesta al veto presidencial a la Ley de Desarrollo Rural realizarán numerosas marchas, plantones, tomas y bloqueos en diversas entidades y en el Distrito Federal, los cuales iniciarán este domingo en el estado de Puebla, por parte de la Central Campesina Cardenista (CCC).

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Juan Molinar Horcasitas ?enlace con el Poder Legislativo? sostuvo que la mencionada ley que fue devuelta al Congreso de la Unión tuvo numerosas observaciones presidenciales, "prácticamente en todos los artículos de la iniciativa aprobada".

En conferencia de prensa Alberto Gómez Flores, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP), calificó el rechazo del Ejecutivo como "un atentado y una agresión" hacia las aspiraciones de desarrollo del campesinado nacional y consideró que las observaciones hechas por el presidente Vicente Fox al texto además de ser "incongruentes", confirman que "en el modelo neoliberal que impondrá al agro los campesinos sobramos" y que además el Ejecutivo pretende "erigirse también como Legislativo".

Al respecto, Molinar Horcasitas dijo que no es la primera vez que se utiliza el veto presidencial, ya que si bien desde hace 40 años no se había acudido a él, antes se había aplicado por lo menos en 200 ocasiones, como un "instrumento normal de legislación".

No obstante, para las organizaciones campesinas esto fue casi una declaración de guerra, por lo que para demostrarle a Fox que no están de más y que responderán la "afrenta", advirtieron que comenzará una "gran insurrección" que acabará por convencer "a quien en campaña prometió mejorías económicas para los indígenas y campesinos y que hoy regresa a la Cámara de Diputados la única esperanza para lograrlo": la Ley de Desarrollo Rural.

Por separado, José Durán Vera, coordinador de la Unión Campesina Democrática (UCD), consideró que la actitud de Fox  es un "gravísimo error". Anunció que el 10 de abril ?aniversario luctuoso de Emiliano Zapata? la UCD efectuará su primera manifestación de protesta con una movilización a nivel nacional, que se detallará posteriormente.

Para Durán Vera, haber repudiado una ley que "nació del consenso" --puesto que por más de dos años campesinos, organizaciones agrarias, académicos y legisladores participaron en su elaboración--, para luego plantear la elaboración de otra nueva "totalmente contraria" a la original, pone en evidencia que el gobierno federal pretende "eludir su responsabilidad constitucional hacia el campo".

Sin especificar cuándo, cómo ni cuántos afiliados al CAP participarán en las protestas, pues aunque la decisión de movilizarse ya está tomada, resta definir ese punto, Gómez Flores precisó que "hoy", los campesinos "exigimos un nuevo trato gubernamental y ser prioridad en el presupuesto" y ante la poca receptividad del gobierno federal, solicitó a la comandancia del EZLN "solidarizarse" con los habitantes del campo, los que en su mayoría son indígenas.

Detalló que así como el CAP desde un principio ha apoyado la causa zapatista y muchas de sus organizaciones acompañaron al EZLN durante su caravana a la capital, es turno ahora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de respaldar esta demanda campesina e incluirla dentro de sus actuales peticiones.

Max Correa, líder de la CCC y secretario técnico del CAP, tras comentar que el "artífice del veto fue Javier Usabiaga", titular de la Sagarpa, puntualizó que las observaciones presidenciales a la Ley de Desarrollo Rural reflejan que la prosperidad prometida sólo se hará realidad para "un pequeño grupo de agroindustriales y transnacionales", pues se promueve "la privatización del campo".

Derivado de esto, consideraron que la intención del gobierno es que los pequeños y medianos campesinos "fracasen en su intento por asegurar su sustento y la soberanía alimentaria nacional", hechos que lejos de perturbar los lineamientos comerciales internacionales, los refuerzan.

Para Molinar Horcasitas, la mayoría de los artículos tenían algún comentario, "algunos de forma y otros de fondo", por lo que dejó entrever que el Presidente "más que observaciones, en uso de sus atribuciones constitucionales, puso el remedio y el trapito".

A su vez, los líderes agrarios consideraron que "más que un análisis, los asesores del Presidente tomaron una decisión política en contra de los campesinos" y agregaron que el argumento de inconstitucionalidad es errado, pues el hecho que los estados y municipios designen 10 por ciento de las aportaciones federales al desarrollo rural, "no está reñido con la ley de coordinación fiscal, puesto que se refiere a recursos federales que son convenidos, no a los recursos estatales, con lo que no se afecta la autonomía municipal".

Así, aunque para los campesinos la Ley de Desarrollo Rural ya aprobada por el Senado en diciembre pasado debe publicarse tal y como está, para el gobierno debe haber una nueva propuesta, por lo que según Molinar Horcasitas es muy probable que éste envíe la iniciativa de Usabiaga al Congreso. Antes de ello --dijo-- "necesitamos coordinarlo con las fracciones parlamentarias, empezando con la del gobierno para encontrar alguna alternativa viable y sólida".