SABADO Ť 17 Ť MARZO Ť 2001
Ť El juicio que se sigue a su agresor es por violación, no sobre paternidad: Marta Lamas
Pide GIRE al gobierno de Baja California aclare por qué se realizó la prueba de ADN a Paulina
Ť Critica la falta de castigo a funcionarios que impidieron aborto legal a la menor
ANGELES CRUZ
La autoridad judicial de Baja California tendrá que explicar por qué y con qué recursos se realizó la prueba de ADN a Paulina, la menor violada, y a su hijo Isaac, pues el juicio se sigue por el delito de violación y no para determinar la paternidad del menor. En cualquier caso, afirmó Marta Lamas, presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) este hecho es irrelevante ante la violación de los derechos humanos y sexuales de que fue víctima la niña.
En conferencia de prensa, GIRE reiteró su apoyo a Paulina. Está plenamente acreditado el delito de violación, así como el incumplimiento doloso por parte de diversos funcionarios de su responsabilidad pública. Para la organización civil es claro que la negativa del gobierno bajacaliforniano de investigar y sancionar a esos servidores públicos tiene como único fin el no sentar precedente para otros casos similares.
Señaló que mientras esto no ocurra, será insuficiente ofrecer a Paulina una indemnización económica, la que además tendría que incluir recursos que garanticen la manutención de su hijo Isaac hasta su mayoría de edad. Además, recordó que existen sendas recomendaciones en este sentido de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Paulina se ha convertido en un caso paradigmático de la carencia de un mecanismo que garantice a las mujeres su derecho a decidir sobre la interrupción de un embarazo con base en las causales legales permitidas por el Código Penal en cada uno de los estados de la República: cuando sea producto de violación, por peligro para la salud o la vida de la madre, por malformación comprobada del feto o por razones socioeconómicas.
Nuevo llamado a debatir sobre el aborto
Por otra parte, Lamas rechazó las acusaciones de los grupos conservadores e integrantes de la Iglesia católica que han utilizado los resultados de la prueba de ADN para descalificar al movimiento feminista que apoya el aborto y nuevamente convocó a que se realice un debate a nivel nacional y reglamentado, tal como ha ocurrido en todos los países que han legalizado la interrupción del embarazo.
El abogado Pedro Morales, asesor de GIRE, destacó que la autoridad judicial de Baja California cuenta con los elementos suficientes para investigar el caso, principalmente porque apenas dos horas después de la violación, Paulina ya estaba ante el Ministerio Público para presentar su denuncia. Ahí le practicaron una serie de estudios clínicos ginecológicos, con base en los cuales se emitió el certificado 5614, en el cual la Procuraduría General de Justicia de BC concluyó que sí estaba desflorada; la desfloración era reciente; presentaba huellas de violencia; no estaba clínicamente embarazada; no presentaba signos de contagio venéreo; la fecha de su última regla fue el 18 de julio de 1999. Se sugería realizar prueba de embarazo.
Con base en lo anterior, Morales aseguró que se violaron los derechos humanos de Paulina al negársele la práctica de un aborto legal y con los resultados de la prueba de ADN dados a conocer en un periódico local, se quebrantó el derecho a la confidencialidad que tiene cualquier proceso penal. Incluso, hasta ayer, los estudios clínicos todavía no formaban parte del expediente.
Morales también destacó que en ningún país le corresponde a la víctima ser el investigador. El Estado tiene la obligación de buscar y sancionar al culpable del delito, de tal suerte que si el presunto violador Julio César Cedeño Alvarez no es el padre de Isaac, el hecho de que esté preso da cuenta de la deficiente investigación judicial.
Niegan alteración del examen
En tanto, en Mexicali, Francisco Acuña Campa, director del Servicio Médico Forense, dependiente del Poder Judicial de Baja California, aseguró que la prueba de ADN no fue alterada. Como responsable de la realización del estudio, el funcionario aseguró que la toma de muestras sanguíneas y el procedimiento efectuado en Estados Unidos se realizó con apego a la normatividad jurídica y en presencia de testigos que avalan el proceso.
Explicó que los resultados sólo descartan que Cedeño Alvarez sea el padre biológico de Isaac, no su responsabilidad en el ataque sexual.
Sobre la investigación en contra de los funcionarios que impidieron a Paulina su derecho al aborto legal, Pedro Morales comentó que se inició una segunda denuncia penal, la cual está entrampada.
Por otra parte, Susana Vidales, vocera de GIRE, destacó que en general en nuestro país, existe una total impunidad de los violadores. Unicamente 43 por ciento de las denuncias se resuelven. Tan sólo en el estado de México se iniciaron mil 600 averiguaciones penales en el año 2000, de las que apenas se concluyeron 52.
La falta de justicia en los delitos cometidos en contra de las mujeres es una constante en México, sin embargo, el gobierno del presidente Vicente Fox nada ha dicho al respecto, al contrario, apenas han pasado 100 días de su gestión y ya ha habido manifestaciones de algunos funcionarios, como las del secretario del Trabajo Carlos Abascal, quien recientemente señaló que las mujeres trabajadoras no deberían "masculinizarse" y más bien regresar al ámbito del hogar.
En realidad, dijo Marta Lamas, el secretario tendría que estar trabajando para garantizar a la población femenina las condiciones mínimas de seguridad laboral, erradicar la desigualdad salarial e impedir los despidos por causa de embarazo, por ejemplo, que en cualquier país democrático es lo básico en esta materia. (Con información del corresponsal Jorge Alberto Cornejo)