DOMINGOŤ 18 Ť MARZO Ť 2001

José Antonio Rojas Nieto

Pemex a debate

Repetidamente el presidente Fox habla de Pemex: no..no..no..no..no..no..no..se privatizará. En términos de sus responsabilidades constitucionales, decir esto es insuficiente. Incluso, puede llegar a ser demagógico. Cierto, ninguna empresa como Pemex -acaso CFE también- encarna y simboliza el ánimo de la nación por lograr que la explotación de los recursos naturales beneficien a todos los mexicanos. Por eso cuando se discute el destino de la nación, se discute Pemex. Y se siente que cualquier decisión sobre Pemex, afecta a la nación. Y esto es profundamente cierto. Si la existencia del Estado es esencial para preservar la soberanía nacional, la propiedad nacional de petróleo y gas - como reiteradamente señala el 27 constitucional-, le otorga un poder que debe utilizar para preservar esa soberanía y garantizar el mejoramiento económico, social y cultural de la nación.

Por ello, el Estado tiene el deber esencial de salvaguardar esos recursos y usarlos en beneficio de todos los mexicanos. Es la misión de Pemex. No sólo maximizar el valor económico de largo plazo de crudo y gas, ser moderna y eficiente, y ser competitiva a nivel nacional e internacional - como correctamente se reitera hoy-, sino garantizar que la explotación de crudo y gas natural se realice en el marco de la Constitución.

Esto obliga al gobierno a identificar y proponer a la nación estrategias, formas y mecanismos a seguir para cumplir esa responsabilidad, una responsabilidad del Ejecutivo que debe ser evaluada permanentemente. Esto lo obliga a más que informar a la nación sobre los trabajos de Pemex; sobre los esfuerzos para adoptar tecnologías de punta en todas las fases industriales; sobre su reorganización corporativa; sobre la evolución de su inversión; los niveles de ampliación de sus plataformas de producción y exportación; las nuevas formas de cuantificación y la situación de las reservas; los niveles de comercialización interna; la evolución de sus ingresos y de su riquísima contribución a las finanzas públicas; dar cuenta de sus acciones para proteger la ecología y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad; explicar los cambios que se deben hacer para fortalecer la infraestructura de gas natural; y, finalmente para sólo señalar otro de los aspectos sobre los que continuamente debe informarse, la política de precios y sus resultados financieros.

Pero informar no basta. Debe mostrarse que todo lo que se hace, la forma como se hace; lo que se piensa seguir haciendo y la forma como se hará, resultan pertinentes y congruentes con el mandato constitucional. Esto no se ha hecho nunca. Sí, nunca. Se ha tenido miedo de hacerlo. Nunca se ha buscado un mecanismo para que el Congreso, la sociedad y la nación validen o invaliden el cumplimiento del mandato constitucional que corresponde a Pemex. No se conoce ninguna evaluación de Pemex en la que se señale que cumple ese objetivo constitucional. Ninguna. Ni siquiera los informes de la Cuenta Pública ofrecen una evaluación de tal envergadura. Se trata de que el gobierno someta a discusión la concepción estratégica que orienta los grandes cambios que experimenta Pemex en particular y el entorno y la política petrolera en general, mostrando que satisfacen las aspiraciones constitucionales.

El asunto no es ni sencillo ni trivial. No es claro que esa orientación estratégica que busca la creación y consolidación de mercados de energía y de ambientes de plena competitividad, sea aplicable a México en todos sus aspectos, sin llegar a contradicciones con el texto y la intencionalidad constitucionales, hasta hoy no analizados y discutidos frontalmente. Por eso, en el marco de la propuesta de construcción de una renovada política que supere el manejo corporativo y patrimonialista que se ha dado a la paraestatal prácticamente desde la nacionalización, la discusión sobre Pemex y el artículo 27 de la Constitución resultan obligados.

Se trata de una problemática cuyo debate se ha pospuesto y eludido repetidamente, y atrás de la cual, efectivamente, no sólo hay ideas pragmáticas vinculadas a estrategias y políticas, sino concepciones de fondo sobre el papel del Estado, la marcha de la economía, la autodeterminación de la sociedad, el juego democrático nacional y, sin duda, el proyecto de nación.

Creer que en el ámbito de nuestra riqueza natural de hidrocarburos ya están claras las decisiones que transformarán no sólo a Pemex, sino todo nuestro entorno y nuestra cotidianidad es un gravísimo error. La omisión de un debate de fondo sobre esos principios constitucionales no es sólo explicable por la inegable complejidad del asunto; también, y por desgracia, expresa el miedo terrible a que la sociedad decida una orientación y un sentido estratégicos distintos, radicalmente distintos, a los que con las pocas acciones ha emprendido este gobierno en materia petrolera, incluida la de los cuatro consejeros privados en Pemex, parecen sugerirse. Se trata de un gravísimo error, que debe ser corregido cuanto antes. De otra forma la celebración de hoy puede resultar hueca y falsa.