Ť Estamos obligados a tomar precauciones, justifica el ministro español de Asuntos Exteriores

"Lamentable", que intelectuales colombianos no vuelvan a España

Ť El PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de inmigración

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 19 de marzo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, lamentó hoy la decisión de un grupo de intelectuales colombianos, encabezados por el premio Nobel de Literatura Grabriel García Márquez, de no volver a España mientras se les exija visado a sus compatriotas, y aseguró que espera que en el futuro "se revise" esa exigencia, al tiempo que el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la principal fuerza opositora, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la justicia contra la nueva ley de inmigración.

Con esta decisión, los socialistas españoles se unen al rechazo unánime que ha provocado la denominada Ley de Extranjería, una iniciativa del gobierno conservador encabezado por José María Aznar, en diversas organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otros partidos políticos, como la coalición Izquierda Unida, la tercera fuerza del país.

El gobierno se limitó a señalar que no se modificará la citada ley, que entró en vigor en enero y que permite la expulsión de los inmigrantes indocumentados dentro de las 72 horas siguientes a su detención y establece nuevas regulaciones para la admisión de extranjeros.

A esta ley migratoria impulsada por el derechista Partido Popular, en el poder, se sumó la decisión española de exigir visado a los colombianos, medida que ya existe en otros países europeos.

Esta postura de "puertas cerradas" ya tuvo repercusiones destacables: ayer mismo, un grupo de intelectuales colombianos encabezados por el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez advirtió a José María Aznar que mientras persista la "humillación" y el "despropósito" de cerrar las fronteras a los miles de migrantes latinoamericanos que huyen de conflictos armados, de la pobreza extrema y de la persecusión, no pisarán de nuevo la "Madre Patria".

Al respecto, el ministro Josep Piqué declaró este lunes desde Bruselas que espera que se "revise en el futuro" la exigencia de visado a los colombianos que quieran entrar a la Unión Europea, y recordó que España defendió "la no necesidad del visado" hasta el último momento, y se abstuvo en la última votación en el seno de la Comisión Europea.

Dijo además que la decisión de los intelectuales es "legítima y respetable", pero no toma en cuenta el hecho de que "Colombia está pasando por una situación muy concreta que obliga a la comunidad internacional a adoptar una serie de precauciones", en alusión al narcotráfico.

En la misiva de la víspera, García Márquez y otros intelectuales como Alvaro Mutis, Fernando Vallejo y el pintor y escultor Fernando Botero dijeron que "con la diginidad que aprendimos de España, no volveremos a ella mientras se nos someta a la humillación de presentar un permiso para poder visitar lo que nunca hemos considerado ajeno".

Por su lado, el PSOE fundamentó su decisión de llevar la Ley de Extranjería ante los tribunales por "la naturaleza inconstitucional de algunos artículos", ya que esa legislación mutila derechos civiles básicos a los migrantes sin papeles al eliminar sus derechos de crear sindicatos, realizar huelgas, manifestarse o recibir asistencia jurídica pública.

Al anunciar la decisión, el líder socialista, José Luis Rodríuguez Zapatero, lamentó que el Tribunal Constitucional recién resolverá la controversia "hasta dentro de seis u ocho años", por lo que la situación actual de los migrantes sólo podrá variar si el propio gobierno de Aznar rectifica y escucha a la sociedad civil.

Sin embargo, esta posibilidad es más bien remota tras lo dicho hoy mismo por el ministro del Interior y vicepresidente primero del gobierno, Mariano Rajoy, quien reiteró que el gobierno no cambiará la normativa, y acusó al PSOE de tener un discurso "contradictorio" en este tema.

Rajoy apeló a dos informes pedidos por el gobierno al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para defender la supuesta constitucionalidad de la nueva política migratoria del Estado español.

Manuel Pimentel, ex ministro del Trabajo del primer gobierno de Aznar y que dimitió precisamente por diferencias con el gobierno en esta materia, afirmó hoy que "desgraciadamente" sus compañeros de partido han "alentado sin duda ninguna el racismo", al promover una ley que "sí tiene puntos inconstitucionales".

"Frases como que la inmigración será el problema de la España del siglo XXI, que hicieron para justificar un cambio en la ley, lo que han alentado han sido sentimientos de prevención contra este fenómeno en la población. En sólo un año hemos creado un problema donde no lo había y eso me parece una irresponsabilidad", dijo Pimentel, quien fuera durante cuatro años el máximo responsable de migración del gobierno español.

Urge solución a la marginalidad

Por su parte, el vocero de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustapha El Merbet, explicó a La Jornada que presentar un recurso de inconstitucionalidad es una medida necesaria, pero lo que apremia en estos momentos es resolver la situación de "marginalidad y ausencia de derechos" en la que se encuentran decenas de miles de personas.

"El problema no ha desaparecido: los inmigrantes marroquíes, subsaharianos y latinoamericanos siguen viviendo en condiciones infrahumanas en Murcia, Almeria, Andalucía, Barcelona, Madrid, etc.; y el rechazo social que se convierte en la vida cotidiana en racismo y xenofobia sigue extendiéndose, muchas veces propiciado por las propias autoridades locales y nacionales", añadió.

Las estimaciones más conservadoras del propio gobierno sitúan en más de130 mil a los migrantes sin regularizar ?una cifra que asciende a 400 mil según las organizaciones de defensa de los migrantes?, la mitad de ellos procedentes de Ecuador, Colombia, Perú, Republica Dominicana y Bolivia.