MARTES Ť 20 Ť MARZO Ť 2001
Ť "Precisan y profundizan" la iniciativa de Ley de Amparo que enviarán al Congreso
Ratifican magistrados de la Suprema Corte la necesidad de reformar la llamada Fórmula Otero
JESUS ARANDA
Los ministros de la Suprema Corte aceptaron el reconocimiento de la protección a los derechos y otras garantías individuales reconocidas por tratados internacionales firmados por nuestro país, y ratificaron la necesidad de reformar la llamada Fórmula Otero, a efecto de que la invalidez de leyes declaradas inconstitucionales tenga efectos generales.
Luego de una serie de sesiones privadas para "afinar" la iniciativa de Ley de Amparo que recibieron hace unas semanas de la comisión encargada de elaborar dicho proyecto de ley, los ministros prácticamente terminaron de "precisar y profundizar" aspectos de la iniciativa que será enviada en los próximos días al Congreso de la Unión --y posiblemente también al presidente Vicente Fox.
Sin embargo, una vez que concluya esta fase con la nueva Ley de Amparo, los ministros discutirán en privado las reformas constitucionales que habrán de acompañar la propuesta en materia de amparo, para que la nueva legislación pueda ser aplicada cabalmente. De tal manera, los ministros consideran que en los próximos días podrán entregar al Congreso de la Unión y/o al presidente Vicente Fox el proyecto de ley para que estos poderes, que sí tienen facultad de iniciativa, "hagan suya" la propuesta.
Luego de más de dos semanas de discusiones privadas, los ministros consideraron que los cambios propuestos permitirán eficientar, transparentar y agilizar la impartición de justicia en el país.
Entre los aspectos novedosos de la nueva legislación --además de los cambios a la Fórmula Otero y el reconocimiento de derechos humanos firmados por México en convenios internacionales--, está también la propuesta para que la ciudadanía interponga los llamados "amparos colectivos".
Estos amparos --actualmente no reconocidos-- tienen el propósito de que los ciudadanos que se consideren afectados por cuestiones ambientales o de salud en que estén involucradas determinadas autoridades, puedan inconformarse legalmente. Para ello deberán demostrar lo que se conoce como "interés jurídico", demostrar en el juicio que su intención de ampararse es porque sufren directamente las consecuencias de la acción gubernamental, de tipo ambiental o sanitario.
Trascendió que los ministros también pusieron particular interés en el controvertido asunto de los "giros negros", a fin de terminar con el abuso del amparo para proteger establecimientos que violan la ley, pero que con argucias jurídicas logran permanecer abiertos.
En este contexto, llama la atención que los jueces de distrito tendrán mayores facultades para requerir información adicional a quienes solicitan la suspensión de un acto -como sería una clausura temporal o definitiva-, para verificar si hay documentación adulterada o determinar si el interesado trata de "engañarlo" alegando a favor de un tipo de establecimiento, cuando en realidad su giro es otro.
Los ministros también pretenden reducir a su mínima expresión el llamado "amparo para efectos", del cual abusaron en los últimos años los magistrados de circuito, quienes en lugar de resolver en definitiva un asunto que tenía claros vicios de inconstitucionalidad, simplemente enviaban el asunto de nuevo al juez de primera instancia "para efecto" de relaborar su sentencia, con la consecuente tardanza en la resolución definitiva de los asuntos.
Pese a la importancia que dan los ministros a esta reforma legal, saben que el proceso será largo y complicado, confiaron fuentes judiciales.
Por otro lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, se manifestó por la necesidad de elaborar un nuevo Código de Procedimientos Civiles tipo que permita agilizar los procedimientos para que los tribunales emitan sus resoluciones en forma pronta y se garantice la igualdad a todos los ciudadanos en la impartición de justicia.
Dijo que se busca crear un mecanismo para reducir el tiempo de tramitación de los juicios y plantee más claramente los derechos de las partes. Añadió que la sociedad reclama que el Estado se modernice, que responda a los problemas de seguridad jurídica e imprima solidez, eficiencia y mayor igualdad social .
Al participar en un foro académico, dijo que México cuenta con una sociedad que ha evolucionado, y ante ello se debe responder a sus exigencias mediante la constante adecuación del marco jurídico", dijo.
En este sentido, advirtió que es urgente atender la agilización de procedimientos de los juicios, resolver los conflictos de intereses en corto tiempo y diseñar códigos que garanticen a los procesados una eficaz administración de la justicia.