JUEVES Ť 22 Ť MARZO Ť 2001

Ť Pide el Centro Pro Juárez la intervención de AI y de la Cruz Roja Internacional

Nula respuesta a los casos de Erika Zamora y Virginia Montes

ROSA ROJAS

Ante la nula respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia, a cargo de Alejandro Gertz Manero, sobre las denuncias de violación a los derechos humanos de Erika Zamora Pardo y Virginia Montes González, presas en el centro federal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, se solicitó la intervención de Amnistía Internacional en este caso y se valora pedir la de la Cruz Roja Internacional, informó el segundo visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Alfredo Castillo Romero.

Indicó que incluso se desconoce el estado de salud de Zamora y Montes luego de la huelga de hambre que sostuvieron tres semanas de febrero en demanda de su traslado a un reclusorio para mujeres y de la investigación de violaciones a sus derechos humanos sufridas al ser trasladadas del Cereso de Acapulco al Cefereso II de Puente Grande.

Explicó que el ayuno se suspendió el pasado 20 de febrero y aunque el centro Pro solicitó a Gertz Manero, en su calidad de responsable del sistema penitenciario, que autorizara el ingreso de ese organismo civil de derechos humanos para constatar estado de salud y condiciones carcelarias de las internas, no sólo no se ha obtenido respuesta, sino que "hemos tenido conocimiento de que el acceso de sus familiares ha sido totalmente restringido a Erika Zamora, quien no recibe visitas de estos ni de la gente de Pastoral Social".

Ante tal situación, los casos de Zamora y Montes le fueron expuestos al director de Amnistía Internacional, Pierre Sané, durante su reciente visita a nuestro país, solicitando su intervención. "Sané se comprometió a que Amnistía Internacional enviará comunicados al gobierno mexicano manifestando su preocupación por la salud y situación carcelaria de ambas", apuntó.

Se valora también solicitar la intervención de la Cruz Roja Internacional para poder ingresar con su intermediación al Cefereso de Puente Grande y conocer así la situación de las dos presas, agregó Castillo Romero.

Por separado, Pablo Torres, del grupo Izquierda Democrática Popular, informó que la madrugada de ayer se levantó un plantón iniciado el pasado día 15 de marzo frente al Palacio Legislativo de San Lázaro a través del Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos y Sociales en México, en el que participó medio centenar de personas en demanda de que la ley de amnistía, "congelada en comisiones desde la Legislatura antepasada, se retome, se apruebe y se otorgue la amnistía a los presos y perseguidos políticos del país", entre ellos Zamora y Montes.

Mencionó que durante el plantón, en el que participaron el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo, de Miahuatlán, Oaxaca, personas provenientes de Guerrero y familiares de presos comunes del Distrito Federal, se entrevistaron con varios diputados, entre ellos los perredistas Martí Batres y Daniel Esteban Martínez, quienes "se comprometieron a proponer que se retome esa iniciativa".

Castillo Romero añadió que también se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los casos de Zamora y Montes, "para que realice algún tipo de gestión para que entre al penal un visitador de la CNDH a constatar la situación de las presas", y el presidente de dicha institución "se comprometió a ello".

El segundo visitador del centro Pro recordó que en las peticiones enviadas a Gertz Manero se le informó que Zamora y Montes están recluidas "en condiciones inhumanas" en el Cefereso II de Puente Grande, Jalisco, donde el 6 de noviembre de 1999 fueron trasladadas por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva, quienes además las esposaron, ataron y vendaron de los ojos, según testimonio de las afectadas.

En la detención, posterior traslado y actual situación de Erika Zamora Pardo y Virginia Montes González en el mencionado Cefereso hay "graves irregularidades que en su conjunto constituyen violaciones a los derechos humanos", pues el Cefereso II fue diseñado y planeado para albergar población masculina, con lo cual se viola el artículo 18 constitucional, que establece: "las mujeres compurgarán penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto".

Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 2: "Los Estados tienen obligación de garantizar la protección jurídica de los derechos de la mujer (...) y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación". Más aún: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, de la ONU señalan: "mujeres y hombres deben ser recluidos en establecimientos diferentes".

Por tal motivo, se solicitó a Gertz Manero asegurar servicios, infraestructura y recursos médicos para solucionar el deterioro de la salud de Erika Zamora Pardo, Virginia Montes González y demás presos que realizaron huelga de hambre; que mientras obtienen su libertad, Zamora Pardo y Montes González sean trasladadas a la brevedad a instalaciones apropiadas a su condición de mujeres y se garantice su integridad física y sicológica; se autorice el ingreso de este organismo de derechos humanos para constatar su estado de salud y condiciones carcelarias y se investiguen las denuncias de ambas sobre las torturas que sufrieron durante su detención, traslado y reclusión tanto en el Cereso de Acapulco como en el Cefereso II, de Puente Grande, Jalisco, y que, de confirmarse dichos actos, se sancione a los responsables.