SABADO Ť 31 Ť MARZO Ť 2001
Ť Siempre que no existan contratiempos, asegura juez
Cavallo comparecerá en España a más tardar en mes y medio
Ť Luna Altamirano llama al Senado a ratificar tratados
CLAUDIO BAÑUELOS CORRESPONSAL
Aguascalientes, Ags., 30 de marzo. El juez sexto de distrito del fuero federal, José Guadalupe Luna Altamirano, quien lleva el caso de extradición de Ricardo Miguel Cavallo -ex director del Renave-, señaló que, de no haber contratiempos, a más tardar en 45 días éste podría comparecer ante la justicia española.
Entrevistado antes de su participación en la Semana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), donde expuso la conferencia La justicia universal en el derecho internacional: Miguel Cavallo, Luna Altamirano manifestó que si la resolución que se dará en la audiencia es adversa a los intereses de Cavallo, éste tendrá diez días para interponer un recurso de revisión, que deberá dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El magistrado Luna Altamirano explicó que este tipo de procedimientos son un poco lentos, porque no depende únicamente de la decisión que dicte el juez del caso, sino por la resolución que dictaminen las cancillerías y por eso llegan a tardar los procesos de extradición. Ante ello, sugirió que el Senado de la República debe reformar esta legislación, al igual que los tratados, para agilizar los mismos.
Más adelante recordó que esta resolución ha sido inédita en la historia del mundo, puesto que no encontró obstáculos ni en la ley federal de extradición ni en convenios celebrados por México, España y Argentina ante la Organización de Naciones Unidas, "que tuve que desentrañar. Creo que al menos vamos avanzando para que se juzgue a todas aquellas personas que atentaron gravemente contra los derechos humanos".
En este sentido manifestó que el Senado de la República debe ratificar los tratados, como el del Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Deshumanidad, que desde 1968 no lo ha hecho. "Es por ello que su servidor consideró que el delito de tortura en el caso que llevo ya estaba prescrito, y si el Congreso de la Unión lo hubiera ratificado antes de la dictadura militar de Argentina de 1976 a 1983, otra cosa hubiera sucedido", expresó.
José Guadalupe Luna Altamirano aclaró que no ha recibido amenazas de ningún tipo, "ni políticas ni de otro tipo, y no las voy a aceptar y nunca las aceptaré", insistió.