LUNES Ť 2 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Lagunas jurídicas propiciaron los abusos de poder, consideran especialistas

La seguridad nacional, sinónimo de guerra sucia y espionaje durante los gobiernos priístas

Ť Adolfo Aguilar Zinser se enfrenta a la falta de poder real de su cargo, plantean expertos

ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

De negro historial, asociada a los episodios más oscuros de la vida política del país, la represión, las desapariciones, la persecución de disidentes, la seguridad nacional ha sido en México sinónimo de guerra sucia y espionaje. Durante años, su función -dicen especialistas- fue el control social como defensa del viejo régimen.

Un marco jurídico incierto, la poca transparencia en la operación de los servicios de inteligencia y la escasez de estudios sobre el tema han favorecido la manipulación de instrumentos y los abusos de poder.

En septiembre de 2000, el entonces director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional, Alejandro Alegre, resumía: los servicios de inteligencia están lejos de la imagen terrible de antes. Eran esos días donde la polémica sobre el espionaje a la campaña del presidente electo, Vicente Fox, y a consejeros electorales dominaba el escenario.

Paralelamente, en otros ámbitos de utilización donde se desarrollan labores de inteligencia, señaladamente el combate al narcotráfico, las políticas han tenido poco éxito. La creación del Instituto Nacional de Combate a las Drogas como un organismo para la aplicación de sofisticadas formas de enfrentar al poder del narco, culminó en un sonado fracaso.

Insuficiencias legales

Aunque la seguridad nacional se entiende como un asunto prioritario para el país, no existe en la Constitución ninguna referencia expresa sobre el tema, sólo menciones genéricas, de tal modo que pende de un marco jurídico incierto y carece de una legislación que regule las actividades de inteligencia. Más allá de los enunciados en algunas leyes secundarias, en la práctica, un decreto presidencial expedido el 5 de junio de 1992 - en los tiempos en que Carlos Salinas de Gortari era presidente- propició la creación del denominado gabinete de seguridad nacional, que involucraba a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la cancillería.

Otro decreto presidencial, expedido el 8 de enero del 2001, abrogó el citado gabinete y en su lugar creó el Consejo de Seguridad Nacional, designándose la figura de consejero de Seguridad Nacional. A la ausencia de una ley de seguridad nacional se suma la inexistencia práctica del tema en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es sólo en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación donde se encuentra una primera referencia al tema, como parte de las funciones de la dependencia: establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, como parte de las funciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Las pocas referencias legales provocan falta de transparencia en la operación de los servicios de inteligencia y de seguridad nacional, de los que sólo se sabe por los escándalos suscitados por el descubrimiento de espionaje telefónico.

En un análisis sobre la situación de la seguridad nacional en México, José Luis Calderón Arozqueta, coordinador del diplomado sobre el tema del INAP, sostiene que la falta de precisión y claridad sobre este concepto en México y lo que necesita ser considerado como un riesgo para la nación "pueden servir como útiles excusas para justificar abusos de poder, violación de derechos humanos y nulificación de libertades ciudadanas. Entre más vago y vacío sea el concepto de seguridad nacional, habrá más margen de maniobra para manipularlo a su antojo".

Augusto Sánchez Sandoval, autor del libro Derechos humanos, seguridad pública y seguridad nacional, sostiene que entre aquellos tiempos de la guerra sucia de los setenta y la actualidad la función de defensa del sistema político y económico como esencia de la seguridad nacional no ha cambiado. La función central que históricamente se le ha dado a la seguridad nacional no es más que el control de partidos, sindicatos y organizaciones sociales que puedan amenazar al sistema.

La perspectiva de Sandoval coincide con el diagnóstico que tiene el PRD. Desde los tiempos de la guerra sucia hasta la persecución salinista al perredismo, el denominador común es la discrecionalidad, sostiene el diputado federal del sol azteca Rafael Hernández, que trabaja con el grupo parlamentario en un proyecto para la restructuración de la seguridad nacional.

"Ha habido una evolución en cuanto al abuso del esquema represivo, pero no una erradicación completa porque en los últimos años del régimen priísta se mantuvieron actividades ilícitas de espionaje que incluyeron al ahora presidente Vicente Fox", dice Hernández.

El problema central de lo que ha sido la seguridad nacional, añade, es que se había confundido la seguridad del Estado con la del sistema político priísta. Las acciones fueron encaminadas más hacia la defensa de los intereses del partido en el poder que a los de una nación.

En el estudio realizado por Martín Hernández Bastar denominado El contexto actual de la seguridad nacional en México, se advierte que durante años la doctrina en la materia se ha asociado automáticamente con una concepción represiva.

Para el investigador, la agenda de seguridad nacional en México durante los últimos años ha evolucionado de conformidad con los nuevos esquemas internacionales. Sin embargo, subraya: "México depende mucho de la forma como Estados Unidos maneja su concepto operativo de seguridad nacional y el peso que se le da a problemas como la relación con las grandes potencias, el narcotráfico, la migración de los trabajadores indocumentados, la deuda externa, la transición mexicana a la democracia.".

En este contexto, el narcotráfico es el tema en el que se refleja claramente que las prioridades estadunidenses inciden en las redefiniciones de la agenda de seguridad nacional de México. El investigador cita que es en 1987, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid -que se caracterizó por sus confrontaciones con Estados Unidos en materia de narcotráfico, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena- definió por primera vez al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional.

Su análisis cita información estadunidense en la que se afirmaba la importancia que tiene para ese país el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, desarrollando una capacidad de autonomía ante las corporaciones policiacas mexicanas.

Paulatinamente, el peso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico es creciente, como la preponderancia que ha tomado en la agenda nacional.

La prioridad otorgada por México al combate al narcotráfico como asunto de seguridad nacional alentó la evolución de los esquemas de combate al narcotráfico si bien con sonados fracasos.

Así, con el gobierno salinista se inició un ambicioso proyecto de combate a las drogas con nuevos esquemas de inteligencia: el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Ya bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se colocó a un militar al frente de la lucha contra el narcotráfico: Jesús Gutiérrez Rebollo.

Apenas unos días después de haber sido elogiado por su desempeño al frente del INCD por el entonces zar antidrogas, Barry McCaffrey, salió a la luz pública el escándalo por sus vínculos con el cártel de Juárez. Dos meses después de que Gutiérrez Rebollo fuera recluido en el penal de Almoloya de Juárez, el INCD fue desaparecido.

Hernández Bastar señala que en tanto es un asunto prioritario en la seguridad nacional estadunidense, la guerra contra las drogas es un factor de presión constante para nuestro país, a pesar de que México también ha elevado el combate al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional. Para algunos especialistas, el centro de la distorsión de los esquemas de seguridad nacional es el anteponer la seguridad del gobierno y del sistema político a la del Estado.

En este sentido, Hernández Bastar indica que "las políticas de seguridad nacional en México deben responder y a la vez estar enmarcadas dentro del proceso global de desarrollo socieconómico general que instrumenta el Estado. Sus acciones, por tanto, tienen que ver con la problemática social de todas las fracciones y grupos de la sociedad mexicana y no sólo atender a grupos de interés económico y político".

Su reorientación, concluye el especialista, depende de una normatividad clara que especifique, por un lado, la problemática de la seguridad del Estado, lo que es y no es una amenaza para sus instituciones y para la sociedad en general. "La seguridad nacional debe ser el proceso político que implementa el Estado y su gobierno con legitimidad y representación nacional para proteger a las instituciones".

En esta misma línea, para el PRD es fundamental que el nuevo régimen redefina el papel de los aparatos de seguridad nacional a partir de una nueva legislación que transparente su operación. En tal sentido, para Rafael Hernández es fundamental que la propuesta de reformas en la materia no partan sólo de una iniciativa del Ejecutivo elaborada desde las oficinas del consejero en Seguridad Nacional, sino de un debate amplio de las fuerzas políticas enmarcado en la reforma del Estado.

"La seguridad nacional -dice- debe ser un concepto que abarque al conjunto de las fuerzas políticas y expresiones de los mexicanos y no un arma de represión a disidentes. Debe responder a la defensa de la nueva etapa democrática que vive el país".

Para tal efecto es inevitable que la definición de las políticas en la materia y sus acciones pasen necesariamente por el conocimiento del Congreso. La clave de una nueva era en seguridad nacional, concluye, es la transparencia en los sistemas de inteligencia.

Las áreas de inteligencia

Aunque su gestión terminó bajo la polémica generada por el espionaje al actual Presidente de la República, el último director del Cisen bajo el régimen priísta, Alejandro Alegre Rabiela, sostuvo, en los últimos meses de su periodo, la necesidad de readecuar el marco jurídico que rige los servicios de inteligencia para, entre otras cosas, "asegurar la eficiencia y el apego a la ley de sus actividades" a partir de la neutralidad política de las instituciones y con el concurso de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Lo cierto es que de lo único que se tiene información, aunque sea escasa, es de la existencia del Cisen, toda vez que las secciones de inteligencia con que cuentan el Ejército, la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República sólo le rinden cuentas a sus jefes.

En el caso del Ejército, la sección de inteligencia forma parte de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras en la Secretaría de Marina esta área forma parte también de la sección segunda del Estado Mayor de la Armada.

A unos días de que tomó posesión de su cargo, el propio consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, reconoció en entrevista con este diario que no contemplaba aún la posibilidad de que las secciones de inteligencia del Ejército y la Armada le rindieran a él informes.

Si bien esto fue visto como lógico por algunos especialistas consultados, hay quienes señalaron que esa postura no habla más que de la falta real de poder del consejero presidencial, lo que debilita su propia posición, además de que queda a discreción de los altos mandos militares la entrega o no de la información que llegue a sus manos.

De acuerdo con fuentes militares, para ellos está muy claro que ese tipo de información "delicada" sólo puede ser suministrada directamente al Presidente de la República; aunque de esta manera queda en evidencia el papel que jugará el consejero presidencial en materia de seguridad nacional.

LUNES Ť 2 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Pretende que el tema deje de ser "asunto de los militares" y lo asuma la sociedad

Fox presentará la primera iniciativa de ley de seguridad nacional en la historia del país

Ť Proponen expertos renovar el aparato de inteligencia para garantizar la soberanía

Ť Consideran que sólo 15% de la información en la materia debe tener un uso restringido

JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA

A cuatros meses de que Vicente Fox llegara al poder y con la promesa de impulsar un cambio de mentalidad y de objetivos políticos, se presentará en los próximos días la primera iniciativa de ley de seguridad nacional en la historia del país, con la que se pretende superar la etapa en la que este tema era "asunto de los militares", para convertirse en un asunto que competa a la sociedad en su conjunto.

Según expertos, la seguridad nacional representa una condición permanente de libertad, paz, justicia social y desarrollo económico, que mediante acciones políticas, económicas, sociales y militares equilibra las aspiraciones e intereses de la población y garantiza la soberanía e integridad de la nación.

Pero la soberanía nacional en las nuevas condiciones necesita también de un novedoso esquema de "inteligencia" que sea eficaz y responda a las actuales y futuras necesidades del país, y en el que al menos 85 por ciento de la información sea pública y 15 por ciento de uso restringido por su confidencialidad, señalan expertos en seguridad nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, advierte que "en un Estado no todo es seguridad nacional, pues se estaría llevando esto a una tendencia peligrosa, consistente en ver a un país bajo un concepto totalizador de seguridad, lo cual es inaceptable. La seguridad nacional nunca debe estar por encima de la política", debe ceñirse al marco legal e institucional.

Especialista en el tema, Vega García precisa en su reciente libro Seguridad nacional. Concepto, organización, método que para que un sistema de seguridad nacional "tenga fuerza y legalidad" deben ser conocidos ampliamente sus propósitos, organización y funciones, tanto por el Presidente de la República como por la sociedad. Además de que se hace necesario promulgar la legislación correspondiente en donde "todas las instancias del Estado tomen parte y conciencia de lo que es y de lo que representa la seguridad nacional".

A unos días de que se dé a conocer la propuesta del gobierno de Vicente Fox en esta materia, académicos y militares precisan que la iniciativa de ley deberá contar con una ideología clara de pensamiento, capacidad de respuesta, así como una política de prevención, planeación y ejecución que permita evitar en lo posible conflictos o solucionar problemas que afecten a la nación en su conjunto.

Para lograr ese objetivo, el constitucionalista Clemente Valdés propone que la sociedad participe en la discusión de la ley de seguridad nacional, a fin de definir los límites de la acción gubernamental en materia de seguridad nacional, así como evitar que los órganos de inteligencia del Estado incurran en "atrocidades y violaciones a las libertades" ocurridas en el pasado.

En este sentido, José Luis Piñeiro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en asuntos de seguridad nacional, plantea la creación de un consejo de seguridad nacional -que estaría encabezado por el consejero presidencial en la materia, en este caso Adolfo Aguilar Zinser- en el que participen representantes de todas las secretarías de Estado; del Poder Judicial Federal y del Poder Legislativo, además de académicos y profesionistas especializados en diversos temas, aunque aclara que con una condición: "que efectivamente se les tome en cuenta".

Cualquier gabinete de seguridad nacional debe recurrir a la inteligencia del país, dice, y son aquellos cuerpos de especialistas en ciencias sociales y ciencias exactas los que pueden opinar sobre problemas nacionales. "Pero que se recurra en serio, de forma pública, abierta" para ver qué hacer con problemas como el narcotráfico, crimen organizado, tráfico ilegal de armas y de indocumentados, así como en asuntos como las crisis económicas sexenales, la escasez de agua potable, problemas ecológicos, la creciente dependencia alimentaria, la soberanía energética, el desarrollo tecnológico y científico, etcétera.

También pone énfasis en que los problemas nacionales como la desigualdad económica y la pobreza son asuntos de seguridad nacional, ya que "también pueden poner en riesgo la estabilidad política". Explica que la creciente pobreza generalizada genera "tendencialmente" focos de violencia y de oposición armada y no armada "pero radical", porque la historia reciente nos dice que grupos como el EPR o el ERPI y otros comandos guerrilleros menores tienen presencia en buena parte de algunas comunidades precisamente por la pobreza en que viven, además está el problema de que en ese tipo de lugares hay presencia de narcotráfico y crimen organizado.

Se requiere, añade, de un gabinete de seguridad nacional que se mueva dentro de niveles de institucionalidad, legalidad y legitimidad capaces de proyectar al país hacia el año 2020 o 2030 con políticas públicas concretas.

Pero también, comenta, deben establecerse mecanismos legales que superen la "concepción de seguridad nacional salinista", cuya óptica restringida se limitaba a un cuerpo intersecretarial con atribuciones y obligaciones no definidas.

Debe intervenir el Poder Legislativo con una reglamentación precisa que evite cualquier abuso de los órganos gubernamentales de información e inteligencia. Se requiere una política clara y concreta.

Por otra parte, un ex jefe de la sección de inteligencia del Ejército plantea que deben dejarse atrás "teorías tradicionalistas" que ubicaban a la seguridad nacional únicamente en el campo militar.

Se debe ampliar, indica, a "campos de poder", pero siempre en un marco de derecho, y en los que participen de manera activa los poderes Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil.

Para el militar son cuatro los campos de poder: ecológico, tecnológico, informativo y de inteligencia.

Señala que se debe crear un gabinete de seguridad nacional, pero también "fuerzas de tarea", como son los gabinetes económico, de seguridad pública y agropecuario, que ya funcionan actualmente, pero de manera independiente y sin tener funciones legalmente definidas.

"Debemos ser muy cuidadosos en que la ley no permita excesos con el pretexto de que se trata de asuntos de seguridad nacional, porque se cometieron crímenes, guerra sucia y otras acciones que únicamente provocaron el desprestigio del mismo concepto", indica.

Coincide con Piñeiro en que se puede crear una coordinación o consejo de seguridad nacional en el que participen todos los secretarios de Estado, junto con representantes de los otros poderes y la sociedad civil. Pero aclara: "se requieren especialistas en cada materia, no todólogos".

La función principal de este consejo, explica, es la de planear, prevenir y ejecutar acciones ante situaciones o problemas de carácter nacional.

Aquí, pone de ejemplo el caso de la fiebre aftosa, la cual, de llegar a nuestro país, implicaría daños incalculables y serios problemas a la economía del país.

Ley orgánica de seguridad nacional

Por su parte, Vega García precisa en su libro -publicado apenas tres meses antes de que fuera designado titular de la Defensa Nacional- que la ley orgánica de seguridad nacional debe tener como finalidad no solamente su publicación o informar a la sociedad sobre el particular, sino que debe plasmar al sistema de seguridad nacional en su totalidad, especificar la misión y su filosofía en cuanto a sus fines, así como indicar normas y preceptos legales a los cuales tanto el poder político como la sociedad están comprometidos y obligados a cumplir en un marco jurídico.

La ley debe incluir también qué responsabilidades en las tareas de seguridad nacional asumirán entidades, organizaciones o instancias del Estado.

En ese contexto define conceptos que debe incluir la legislación: misión y definición amplia de seguridad nacional; bases constitucionales que soportan las normas legales de seguridad nacional; conceptualización filosófica de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales del Estado; definiciones claras y concretas de los aspectos que involucra la seguridad nacional; estructura orgánica de seguridad nacional por niveles de dirección, asesoría, planeación y ejecución; distribución de las atribuciones de las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y privadas, y medidas de coordinación, concertación y consulta.

Esta nueva etapa en materia de seguridad nacional requiere también de una inteligencia adecuada, la cual es la base.

Vega García precisa al respecto que "no es suficiente el informe, ni basta con saturar archivos y memorias de computadora con un número infinito de datos, fechas, nombres o acontecimientos; como tampoco evaluar la información para sólo determinar su valor o importancia, porque hacerlo así solo sería traspasar el dato para que otro diga si sirve o no".

Así las cosas, en seguridad nacional la información debe ser analizada y comprobada hasta agotar todas las instancias, con el propósito de producir inteligencia que dé lugar a la toma de decisiones adecuadas.

La inteligencia debe hacerse con métodos científicos de investigación, con analistas especializados, para que proyecten tendencias y pronostiquen eventos que permitan construir escenarios a futuro.

Aquí la clave es la detección de "antagonismos" que afecten los objetivos nacionales, para que entonces el consejo de seguridad nacional en su conjunto adopte las medidas pertinentes.

Sin embargo, para las fuentes militares consultadas, el problema que plantea la recolección de información y "producción" de inteligencia radica en la imposibilidad práctica de que los órganos de inteligencia del Ejército y la Armada le hagan llegar toda la información al consejo de seguridad nacional, que estaría encabezado por el Presidente de la República, pero que tendría como "operativo" a su consejero en la materia, es decir, a Aguilar Zinzer.

Hay ocasiones en que los propios órganos de inteligencia militares y civiles (particularmente del Cisen o de la PGR) compiten por la información, en lugar de cooperar.

Los especialistas en el tema señalan que la nueva legislación debe establecer candados que eviten: abusos de poder, utilización de la información como arma política y su uso contra adversarios internos, mal empleo de agentes encubiertos, divulgación de información sensible.

Pero también el eficientar recursos para "no hacer énfasis" en "blancos" equivocados, duplicación de esfuerzos, atención táctica no adecuada, uso excesivo de la tecnología "olvidando" el factor humano y, sobre todo, el que exista una supervisión presupuestaria para controlar el uso de los recursos públicos.

El reto en materia de información es que jefe del consejo de seguridad nacional cuente con el apoyo del Presidente de la República para que tenga acceso a toda la información generada en las diversas instancias. Y una vez clasificada de acuerdo con su importancia, entonces se haga pública. Según expertos, 85 por ciento de los datos recabados puede ser difundida libremente, sin que ello implique menoscabo alguno para las instituciones del país.

Recuento de un siglo

1918: El Presidente Venustiano Carranza creó la sección primera de la Secretaría de Gobernación.

1929: El Departamento Confidencial sustituye a la sección primera. Con la participación de agentes de información política y policiaca, su función era realizar investigaciones para otras dependencias.

1938: Se crea la Oficina de Información Política. Realizaba investigaciones sobre la situación política y prestaba servicios confidenciales que le encomendaba Gobernación.

1942: Surge el Departamento de Investigación Política y Social. Atendía asuntos de orden político interno. Ante el contexto mundial, se amplían sus funciones para crear un servicio de inteligencia.

1947: Con la creación de la Dirección Federal de Seguridad se trasladan las funciones de análisis e información de asuntos relativos a la seguridad de la nación a la Presidencia de la República.

1967: Se integra la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su función era el estudio de los problemas de orden político-social, así como la vigilancia, análisis e información de hechos relacionados con la seguridad nacional.

1985: Se crea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional. Se habla ya de mejorar las diversas fases de inteligencia en el país para evitar duplicaciones y dispersiones.

1989: Se adopta la estructura actual con la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Propuestas de Aguilar Zinser

Ť Pasar de consejero presidencial a secretario técnico del gabinete de seguridad nacional.

Ť La seguridad nacional dejará de ser "discrecional" y no se usará para "espiar" a los enemigos políticos.

Ť Que el Congreso "controle" al Ejecutivo y evalúe la labor del Cisen.

Ť No se trata de la seguridad del régimen, sino de la seguridad de la nación en su conjunto.

Ť La consejería de seguridad nacional no tendrá funciones operativas.

Ť Ubicar "focos rojos" en materia de seguridad nacional y darle seguimiento a las directrices que adopte el gabinete de seguridad nacional, del cual sería secretario técnico.

Ť Hacer transparente la información, pero regularla para determinar quién tendrá acceso a material "sensible", quién declarará y bajo qué circunstancias, velar por la confidencialidad.

Ť La información provendrá de los órganos de inteligencia del Estado, de organismos como el INEGI, Cenapred, medios de comunicación y de la propia sociedad.