SABADO Ť 7 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Exigen al gobierno aplicar el convenio 169 de la OIT

Apoya Soberanes plan de cambios a la ley orgánica de la CNDH

Ť Pretenden construir campo de golf en tierras indígenas de Puebla

VICTOR BALLINAS ENVIADO

Durango, Dgo., 6 de abril. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, manifestó hoy aquí que la iniciativa de reformas que presentaron los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en el Senado de la República -para adecuar la ley orgánica de esa instancia- posibilitará que el Congreso ejerza una fuerza coercitiva sobre los responsables de que las recomendaciones no sean acatadas o se les dé un cumplimiento insatisfactorio.

Al participar en la cuarta reunión regional zona oeste de los encuentros organizados por el Congreso de la Unión y congresos de los estados y organismos públicos de protección a los derechos humanos, Soberanes dijo que con la PGR han tenido diferencias, pero espera que se puedan resolver pronto.

A su vez, el senador Sadot Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, hizo referencia a la iniciativa que se presentó el jueves pasado en esa cámara y con la que, dijo, "estamos comprometidos a construir el marco jurídico para mejorar el respeto a las garantías básicas".

En la reunión se establecieron 8 mesas de trabajo en las que se analizaron los derechos humanos y la migración, derechos de los pueblos indígenas, política criminal, responsabilidad de los servidores públicos, instrumentos legales en la materia, en los diferentes niveles de gobierno, y la creación de instrumentos de comunicación.

En la mesa de derechos humanos, que contó con la participación de decenas de organizaciones sociales, se resaltó la necesidad de que el gobierno aplique de inmediato el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que en el Congreso se apruebe la ley de derechos indígenas.

Demandaron terminar con segregación, racismo y marginación; que se dé reconocimiento al dominio histórico de los pueblos indígenas sobre la propiedad de la tierra; que se les entregue el control de fiscalización de las aguas superficiales y subterráneas; que se promueva su actividad e identidad cultural.

En esta mesa de trabajo participaron indígenas tepehuanos y huicholes, quienes expusieron sus ponencias en su lengua original, con traducción al español. Ahí, demandaron que el gobierno construya la carretera de Nayarit a Durango y de Durango a Jalisco; también señalaron que en la mayoría de las escuelas indígenas sólo se tiene un maestro para los seis grados de primaria y también denunciaron que muchas veces no cuentan con el material didáctico necesario.

Condicionan ayuda del Progresa

María Antonieta Luque Hernández, presidenta de la Asociación Pro Indígena Tepehuano Soicam, señaló en la mesa que a las indígenas del Mezquital se les condiciona el ingreso al Progresa con la utilización de métodos anticonceptivos. En esas comunidades tienen muy mal servicio de salud y se violan los derechos de la mujer al obligar a las indígenas a usar el dispositivo, o a tomar pastillas para el control natal, de otra forma no se les entrega la ayuda de becas, alimentación y salud.

Luque dijo "malamente no llevé cámara de video ni grabadora, pero platicando con las mujeres les dije: Ƒy tú por qué no tienes Progresa? Y la indígena me respondió: no tengo, porque no quiero anticonceptivos". Fueron decenas de testimonios que ya se han conocido en la entidad, pero que los gobiernos federal y estatal, y las dependencias como Sedeso y la Secretaría de Salud no hacen caso.

Entrevistado al respecto, el titular de la CNDH dijo que ese es un asunto que debe ser investigado tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la estatal, y aseguró que en caso de comprobarse las violaciones a los derechos de las indígenas debe sancionarse a los responsables.

También el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado de Puebla, el diputado Teodoro Lozano, denunció que los indígenas van a ser expulsados de siete municipios y 14 comunidades poblanas para poder construir una autopista, un club de golf, un club hípico, zonas residenciales y dos parques industriales que integran el denominado Proyecto Milenium.

Ante las presiones gubernamentales que viven esas comunidades para que vendan sus tierras a bajo precio, llamó a las organizaciones sociales a que estén pendientes de un eventual conflicto, porque los habitantes no quieren abandonar sus casas.

En este foro participaron los congresos estatales, senadores y diputados del Congreso de la Unión, los presidentes de las comisiones de derechos humanos de los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y Durango, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, de la PGR, de Sedeso, de la Secretaría de Salud e incluso hubo militares como invitados.