Ť En la mira de la PGR, las obras de los últimos 12 años

Irregularidades hasta por $42 mil millones en la CFE

Ť A las nueve demandas iniciales por presunto fraude, se suman ocho más presentadas por un diputado federal

EMILIO LOMAS M.

El lunes y por segunda ocasión comparecerá ante la Procuraduría General de la República (PGR) el titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el sexenio de Ernesto Zedillo, Arsenio Farell Cubillas, por su responsabilidad en un presunto fraude millonario cometido por servidores públicos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto asciende, en sus primeras nueve demandas, a 27 mil millones de pesos y podría superar los 42 mil millones.

Esta cantidad equivale a 30 por ciento de lo que el gobierno federal pretende recaudar por concepto de IVA, 140 mil millones, o una cifra similar a las deudas públicas de los gobiernos del estado de México y el Distrito Federal.

Según la fiscalía especial que se creó para investigar el caso, será inaplazable iniciar la auditoría de todas las obras ejecutadas por la CFE durante, al menos, los últimos 12 años.

Una segunda denuncia, con fecha 26 de marzo de 2001, presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador del grupo parlamentario Convergencia por la Democracia, a Francisco Barrio Terrazas, secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y cuya copia obra en poder de este diario, consta de ocho casos más sobre licitaciones públicas adjudicadas de manera irregular, de las cuales sólo una, la de Petacalco, registra un quebranto patrimonial de mil 100 millones de dólares.

La solicitud del diputado es para que esas ocho denuncias se integren al primer oficio con número CVO/001-SEC-00, de fecha 14 de diciembre de 2000, en el que originalmente constan los primeros nueve casos, que junto a los ocho nuevos, suman 42 mil millones de pesos por licitaciones irregulares.

El expediente del legislador Velasco Oliva precisa: ''las nuevas irregularidades tienen el perfil de actuación de diversos servidores públicos de la CFE, que es similar a la que se ha determinado por medio de las auditorías, lo que hace evidente que el patrón de comportamiento que conlleva al origen de los ilícitos detectados supone la existencia de un grupo de intereses ajenos a la misión principal que le ha conferido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la CFE".

Las irregularidades

Las denunciadas formuladas ante Barrio Terrazas, que fueron turnadas a Presidencia de la República, PGR y Secretaría de Energía, entre otras dependencias, son las correspondientes a la Central Termoeléctrica Petacalco; el proyecto Sistema Integral de Control de Estación (Sicles); los contratos números 97-1-00405-DDS y 97-1-00616-DDS, asignados indebidamente a la empresa Sensa Control Digital, SA de CV; la compra de watthorimetros a la empresa IUSA, en forma directa, impidiendo a la CFE adquirir equipos de mayor tecnología; renta de helicópteros; adjudicación del contrato de ampliación de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, Chicoasen, al consorcio Alstompower-Chicoasen; adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinhouse, mediante aprobación del Comité Central de Adquisiciones, para la excepción de licitación número CPT-004/00.

En el primero, que corresponde a Petacalco, se precisa en la relación de hechos que el 6 de mayo de 1999 autoridades de Secodam y CFE tenían completamente corroboradas las irregularidades cometidas en el proyecto de la terminal de recibo y manejo de carbón de Petacalco, por lo que procedía ordenar la suspensión de la construcción y solicitar una investigación a fondo por parte de la PGR para deslindar responsabilidades penales, pero de manera inexplicable, sin afrontar su obligación, el entonces secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farrel Cubillas, y el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, permitieron que siguiera participando en las licitaciones que emite ésta, asignándosele más obras.

Otra irregularidad más que se menciona en la información referida, es que la PGR de Madrazo Cuéllar determinó que no existía quebranto patrimonial contra la CFE para seguir adelante con el proyecto de Petacalco, "cuando a todas luces resultaba inoperable, técnica y financieramente"; sin embargo, se le da luz verde, con el supuesto de que ofrecerá un beneficio de 300 mil dólares diarios por sustitución de combustible, "ocasionando un quebranto patrimonial de 490 millones de dólares, más los pagos efectuados, contratos firmados en contravención a las bases de licitación y normatividad aplicable".

El actual procurador, Rafael Macedo de la Concha, quien solicitó formalmente la presentación del ex contralor, recibió el 14 de diciembre de 2000 los anexos probatorios sobre las nueve denuncias, y el 22 de diciembre de 2000 emitió el oficio DGC-PPA-auxiliar 3706/00, que a la letra dice: "Devolución con instrucciones de la consulta planteada, dar intervención a los peritos", y agrega: "solicitar la comparecencia de todos y cada uno de los inculpados". Añade: "hacer un estudio con respecto a los tipos penales de ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos, toda vez que existen indicios que probabilizan la actuación de los mismos".

A pesar de conocer la gravedad del punto, el comité Central de Obras Públicas de la CFE le adjudicó, "mediante simulación", a una filial de la empresa Techint, de nombre Compañía Constructora Mexicana, Electromecánica y de Instrumentación SA de CV, el contrato de la ejecución de los trabajos que quedaron pendientes por parte de Techint.

De acuerdo con las actas de dicho comité, referidas por el diputado, "la instrucción de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y de las autoridades es que aceleremos al máximo y que este año empiece a operar el sistema de carbón; es por eso que el tiempo es el que nos obliga a solicitar una opinión favorable de este comité para hacer la adjudicación directa de este contrato, porque si hacemos concurso obviamente se invertirían 45 días de los 50 que tenemos disponibles para trabajar en este año. Este es el planteamiento y la preocupación no solamente es de nosotros, sino también del secretario de Hacienda y de nuestro director general".

Del caso Sicles se destaca que Néstor Félix Moreno Díaz, actualmente subdirector de Transmisión, Transformación y Control, ''tiene en su haber varias denuncias penales en su contra, como la 2983 del 26 de mayo de 2000, interpuesta por la propia CFE ante la PGR, por supuesto quebranto patrimonial por más de 16 millones de pesos, denuncia de la cual usted (Barrio) ya tiene conocimiento''. Néstor Félix es acusado por el diputado de haber hecho la indebida liberación del proveedor SEPAC a los compromisos contraídos con CFE, el 31 de agosto de 2000.

"Estos equipos Sicle servirían para detectar, prevenir y, en su caso, reducir el tiempo de apagones en el suministro de energía eléctrica en cualquier región del país. Entre otras funciones, estos equipos deberían medir la cantidad de fluido eléctrico que recibe la red eléctrica nacional, lo que provocaría que al no funcionar al cien por cien de lo contratado, la compra de energía a productores independientes el importe exacto a pagar no se pueda contabilizar correctamente, lo que seguramente provocará serias corruptelas".

Hasta en contratación de helicópteros

Otro caso ilustrativo es la aprobación del contrato para la licitación pública nacional LN-504/99, para el alquiler de 12 helicópteros de tipo mediano y los servicios relacionados con el mismo, por un importe total estimado de 720 millones de pesos. El documento destaca que este tipo de servicios no se justificaba al momento de su propuesta, ya que existen en un hangar del aeropuerto de Toluca, estado de México, precisamente 12 helicópteros propiedad de la CFE, sin uso alguno. El diputado sugiere revisar en qué condiciones se dio la adjudicación de dicha licitación.

Más adelante refiere que en la denuncia de la adjudicación del contrato de ampliación de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, Chicoasen, al consorcio Alstompower-Chicoasen, se estipula que esta empresa no cumplió con las bases concursales para que se le adjudicara el fallo técnico y económico, derivado de la licitación pública internacional 18164083-009-00, para el proyecto 26 CH Ingeniero Manuel Moreno Torres (segunda etapa).

Velasco Oliva dice al contralor de la administración foxista que los responsables de las evaluaciones técnicas en su momento objetaron este importante punto, pero por instrucciones de Néstor Moreno Díaz se tuvo que acatar la instrucción de aceptar la propuesta del consorcio referido. Moreno Díaz está demandado penalmente por la propia CFE ante la PGR, según la relación de hechos.

Para la adquisición de dos unidades turbogeneradoras, con una capacidad neta mínima de 150 MW (ISO), incluyendo suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio, por un importe total "estimado" de mil 348 millones 850 mil pesos, se asevera que el procedimiento se encuentra plagado de irregularidades; la adjudicación se hizo sin contar con todos los elementos y las justificaciones legales y técnicas. "No debo dejar de mencionar que la empresa Westinhouse no debía participar en licitaciones públicas internacionales por encontrarse al momento de la celebración de una de éstas referida con pagos pendientes por conceptos de multas derivadas de incumplimientos de contratos con la CFE por más de 25 millones de pesos, situación que omitió observar el comité central, disfrazando su participación al integrarse en Consorcios Temporales''.

"Además, las empresas Westinhouse y Siemens tienen denuncias e incumplimientos de obligaciones, por lo cual no pueden participar en las referidas licitaciones: Estas denuncias fueron presentadas ante la Secodam y son, para el caso de Siemens, el 28 de septiembre de 1999, y para Westinghouse, el 12 de octubre de 1999".

La documentación hasta ahora presentada ante la Secodam prevé la presentación a declarar como indiciados al actual director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, así como a los ex directores de la paraestatal Rogelio Gasca Neri y Guillermo Guerrero Villalobos, para que "abunden" sobre cada uno de los proyectos que arrancaron durante su gestión, pero sobre todo para que detallen el porqué "todos y cada uno de los cuales aumentaron sus costos desproporcionadamente", con la total y absoluta anuencia de Arsenio Farell Cubillas, entonces contralor general de la nación, ''quien autorizó todos los ajustes''.