SABADO Ť 7 Ť ABRIL Ť 2001
Ť El programa demostró ser bueno: Barrio Terrazas
Usuarios simulados indagarán anomalías en todo el gobierno
Ť La cobertura, antes de que concluya el año Ť "Nunca ha habido una estrategia integral de combate a la corrupción", afirma
JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
Una vez que se cuenta con un diagnóstico "bastante bueno de localización de las áreas de corrupción en el gobierno", el programa de "usuario simulado" será extendido a todas las dependencias del sector público federal antes de que concluya este año, informó Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
El funcionario, quien presentó su proyecto de transparencia ante los integrantes de la Cámara de Comercio Canadá-México, afirmó que en el país "nunca ha habido un programa integral de combate a la corrupción" y señaló que los esfuerzos realizados por la Secodam en sus 18 años de existencia han sido insuficientes para abatir este fenómeno, el cual resulta más gravoso a la sociedad mexicana "que el IVA y el impuesto sobre la renta juntos".
Por ello, subrayó, el combate a la corrupción constituye una política prioritaria de la actual administración gubernamental, para lo cual se ha puesto en marcha un programa nacional que abarca a todas las dependencias gubernamentales, para cerrarle espacios a esta práctica que, de acuerdo con mediciones internacionales, coloca a México en el numeral 59 entre los 90 países de mayor corrupción en el mundo.
Con la coordinación de la Secodam, explicó, se han conformado grupos de trabajo en todas las secretarías de Estado para la aplicación de planes propios en cada una de ellas, con resultados que serán dados a conocer el 30 de enero del 2002 en reportes de trabajo elaborados por cada una de las instituciones para su evaluación pública.
De tal manera, precisó, en la lucha contra la corrupción está implicado ahora todo el gobierno, y no sólo la Secodam, como sucedía anteriormente, con programas de muy limitado y poco efectivo alcance. Sin embargo, aclaró que abatir este fenómeno "lamentablemente se tardará un buen tiempo y su eliminación llevará años".
Reveló que en la dependencia a su cargo se ha integrado un "grupo de inteligencia" encargado de planear los operativos que permitan, como sucedió recientemente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actuar con todos los elementos de prueba para sancionar a los servidores públicos que incurran en prácticas de corrupción.
Anunció que se destinarán recursos suficientes para la contratación de despachos de consultoría, los cuales estarán encargados de diseñar y aplicar sistemas de control en las áreas detectadas como críticas. "Los mecanismos de control son caros, pero cuesta más no tenerlos", expresó antes de ejemplificar con el caso de la aduana de Nuevo Laredo, en la que diariamente pasan 100 millones de dólares en mercancías.
Luego realizó una analogía entre los sistemas de control que se siguen en la administración de los casinos y los que se requiere aplicar en las áreas críticas de corrupción de la administración pública federal.
El titular de la Secodam informó también que se han contratado los servicios del Instituto Tecnológico de Monterrey, así como los del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, para elaborar esquemas de medición sobre el comportamiento de la corrupción entre los gobiernos estatales y municipales, cuyos resultados serán dados a conocer cuatro veces al año.
Entre los programas preventivos, ya en instrumentación, mencionó dos. Uno dedicado a la agilización de trámites en las oficinas gubernamentales, porque entre más tarda la realización de una gestión hay más espacio para que, por cansancio o fastidio, se incurra en prácticas ilícitas para abreviar. Y el segundo, para que una parte importante de los trámites se puedan llevar a cabo mediante la Internet.
En lo relativo a la legislación, Francisco Barrio anunció que se propondrán cambios a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual "no es muy buena", y estimó que hacia fines de agosto se tendrá el proyecto de ley para la transparencia de la información pública que será presentado al Congreso, el cual se encuentra actualmente en la fase de consultas con la Secretaría de Gobernación.