sabado Ť 7 Ť abril Ť 2001

Magdalena Gómez

La iniciativa Cocopa en el laberinto

Este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión tendrá que dictaminar la iniciativa de la Cocopa. No hay argumento que valga para un nuevo aplazamiento. Viene, por tanto, la hora de las definiciones. Esta iniciativa obtuvo la ratificación de su legitimidad con todo el proceso reciente de la caravana zapatista y su culminación el 28 de marzo en el recinto oficial de San Lázaro. Queda claro que no está dirigida sólo a los indígenas de Chiapas y que el tercer Congreso Nacional Indígena conjuntó en su apoyo a la casi totalidad de los pueblos indios organizados en el país. También resulta evidente que el EZLN lo ha hecho todo por respaldarla y que no está dispuesto a sentarse a la mesa del diálogo sin su aprobación.

La pelota está enteramente en la cancha del Congreso y el tiempo es corto. Urgen por tanto definiciones básicas de las comisiones que habrán de dictaminar. En primer lugar, habría que decidir si están dispuestos a aprobar la iniciativa en lo general y de ahí pasar al análisis particular. Si deciden esto estarán colocando en orden las cosas, porque hasta ahora lo que hemos escuchado de su parte son ambigüedades, o dudas genuinas si se quiere, a partir de las expresiones particulares que contiene la iniciativa. De este enfoque ha resultado que se emiten juicios culturales ya no sólo respecto de la iniciativa sino contra los pueblos indígenas en general. Colocándonos en el escenario optimista de que a los legisladores les resulte un buen camino aprobar la iniciativa en lo general, estarán con ello asumiendo una posición frente a las otras iniciativas que se han presentado previamente a la de Cocopa. Sería una suerte de dictamen negativo implícito, en lo general, a las otras, y un buen posicionamiento de entrada para abordar el contenido particular. Esto serviría no sólo en términos de procedimientos, sino que también permitiría considerar que la iniciativa completa, toda ella, constituye una propuesta integral de derechos que permitan la reconstrucción o fortalecimiento de los pueblos indígenas.

Al respecto, hay que recordar que la columna vertebral de la iniciativa radica en la propuesta de reconocimiento a los pueblos indígenas como titulares de derecho, distintos a los titulares individuales. La Constitución reconocería el derecho de estos pueblos a la libre determinación interna, para cuyo ejercicio o como su expresión concreta estaría el de autonomía como derecho derivado de la libre determinación. Lo demás de la iniciativa, toda ella, tanto los incisos en que se despliega la autonomía en el artículo 4 como las referencias en los otros artículos, en especial el 115, constituyen el contenido acotado de tal derecho fundamental. Ahora bien, para adentrarse en el análisis particular hay que realizar una labor de despedida a los fantasmas que han rondado el debate. Que quede atrás la idea de que esta iniciativa balcanizará al país, que se abandone la valoración de que los llamados "usos y costumbres" son una suerte de personificación del mal, del atraso, de la violación de derechos humanos y cuanta aberración se ha planteado, que se ubique en sus justos términos la problemática de la mujer indígena, como lo hiciera brillantemente la comandanta Esther en el Congreso y de la cual no podemos declararnos eximidos el resto de la sociedad. También deberían dejar de insistir en que se deben proteger los tipos de propiedad regulados actualmente, porque la iniciativa no habla de propiedad sobre los recursos naturales sino que plantea el derecho al uso y disfrute de las tierras y territorios que usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la nación. En suma, habría que considerar que no hay un cuarto nivel de gobierno por más que se introduzcan modalidades al municipio para buscar su compatibilidad con la realidad indígena. Tal y como existen ya reguladas modalidades de asociación en el ámbito urbano.

Ya sabemos que la iniciativa de la Cocopa tiene su corazón en la parte dogmática de la Constitución y que explícitamente respeta los niveles actuales del pacto federal.

Ahora bien, para transitar por el análisis particular de la iniciativa se debe recordar que se trata de normas generales, como toda norma constitucional, y que su aplicación estará sujeta a las realidades y decisiones de cada pueblo. Por lo tanto, realizar el debate a partir de casos particulares no es un buen método, menos cuando se extraen generalizaciones a partir de ellos.

El Congreso debe abandonar la óptica que en los hechos pretende sustituir al Poder Judicial. No se les puede jurar que no habrá conflictos en la aplicación del derecho indígena frente a los derechos previamente regulados. Todavía se tiene el espacio reglamentario donde en la revisión del conjunto de leyes se vaya introduciendo la armonización necesaria para facilitar su interpretación ya en el terreno del ejercicio de derechos. Habría que ver cuál es el informe que realizan las comisiones sobre sus avances en las llamadas consultas. También habría que esperar una mayor sensibilización de quienes quisieron escuchar los mensajes indígenas emitidos el 28 de marzo. Ahí está la verdadera exposición de motivos, la más profunda, de la iniciativa de la Cocopa de reforma constitucional; ojalá que estos ejercicios les hayan resuelto algunas dudas y los legisladores y las legisladoras ya se encuentren en mejores condiciones para elaborar el dictamen y avanzar con ello en este laberinto al que se ha llevado el proceso de reconocimiento constitucional del derecho indígena.