El municipio Lerma niega a la comunidad pago por servicios ambientales

En Atlapulco luchan contra el despojo de tierras y agua

ROSA ROJAS ENVIADA

San Pedro Atlapulco, Mex., 6 de abril. En pleno proceso de reconstitución como pueblo indígena que es, esta comunidad libra batallas en varios frentes en defensa de su territorio y sus recursos naturales. San Pedro Atlapulco lucha para evitar el despojo de sus aguas y tierra, preservar sus bosques, diversificar su producción y rescatar su cultura como pueblo ñahñú (otomí).

Aunque el poblado está ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de México, el bosque comunal se adentra 270 hectáreas en el Distrito Federal. La comunidad reivindica además las 498 hectáreas del parque nacional Miguel Hidalgo, "que están en nuestros títulos primordiales".

En defensa de sus aguas, San Pedro Atlapulco pasó a la ofensiva legal, con la interposición de un amparo, porque considera "concesiones ilegales" las otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) para el usufructo de manantiales al municipio de Lerma, estado de México.

Simultáneamente, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales anunciaron a este diario que los 889 comuneros, por acuerdo de asamblea, decidieron tomar en los próximos días las "medidas de presión necesarias, incluyendo la interrupción del servicio de agua potable" a ese municipio, ante la negativa de la autoridad municipal ?de extracción panista? a pagar, como lo habían venido haciendo los últimos 30 años, una contribución por la aportación de "servicios ambientales" que realiza la comunidad para la conservación de los bosques de donde brota el agua que se están llevando.

De los manantiales de la comunidad sale el vital líquido, lo mismo hacia el Distrito Federal que a los municipios mexiquenses de Lerma, Huixquilucan y Capulhuac, sin que haya un estudio técnico que ellos conozcan y permita mantener el equilibrio entre recarga de los acuíferos y extracción del líquido. "No sabemos cuántos litros por segundo se están llevando".

Con Capulhuac hubo en 1998 un problema similar al que ahora tienen con Lerma. La CNA concesionó agua al municipio de Capulhuac y autorizó, "ilegalmente", la realización de obras de captación y conducción, como tanques de almacenamiento y tubería. Hubo una disputa entre la comunidad y el municipio, y se dio el encarcelamiento de un miembro de aquélla acusado de daños en propiedad ajena. "Se llegó a un acuerdo, que la asamblea de comuneros no reconoce, para permitirles el uso del agua a cambio del retiro de la acusación. Es un convenio en términos desiguales".

El resultado de esa situación es que en la Sierra de las Cruces el bosque centenario, que en forma colectiva ha preservado y defendido el pueblo, empieza a padecer sed, "y cuando se acabe el bosque no vamos a tener agua, ni ellos ni nosotros", advierten los indígenas.

Recuperación de la cabaña del Chinaco, ''casita de campo'' de Ernesto Zedillo

Los comuneros recuperaron, el 3 de febrero, la cabaña del Chinaco, ubicada en tierras que han sido propiedad de la comunidad desde tiempo inmemorial, pero que quedaron en el parque nacional Miguel Hidalgo, declarado en 1936, y de la cual se había posesionado el Estado Mayor Presidencial hace 6 años, "porque al presidente Ernesto Zedillo le gustaba ir a correr ahí.

"Nosotros hemos tenido la posesión de las tierras y decidimos rescatar el parque del abandono en que lo han tenido las autoridades ?federales y del Distrito Federal?, porque hay mucho saqueo de tierra negra y de madera por parte de los vecinos de Acazulco, San Lorenzo Acopilco y La Marquesa.

"Estamos haciendo los trabajos que corresponden a las autoridades, porque no se ha hecho limpieza, no se ha reforestado, hay mucha maleza y madera muerta, y por eso no hay renuevo natural del bosque; hay necesidad de vigilancia permanente, porque ya hay cinco asentamientos irregulares en terrenos del parque".

Esto último se denunció en la Semarnat, en la Comisión de Recursos Naturales (Corena) del Gobierno del DF y en la delegación Cuajimalpa, pero los invasores siguen ahí, informó el presidente del comisariado, Mario Flores Juárez.

Detalló que entre el 3 y el 5 de febrero la comunidad ensanchó la brecha que iba a la cabaña del Chinaco debido a que de otra forma no se podían realizar las rondas de vigilancia ni las tareas de limpieza y reforestación que son urgentes. También se interpuso un amparo "contra actos de desposesión por parte de autoridades agrarias, forestales y de Semarnat".

Ahora Corena y Semarnat han propuesto a la comunidad convenios de coordinación. "La comunidad va a proponer un administrador y una comisión que revise y dé seguimiento a los proyectos de manejo que quiere emprender Corena. Todo esto se ha platicado con ellos y queremos ir afinando compromisos, porque el Gobierno del DF quiere aportar una brigada con cinco personas, pagando 80 pesos diarios. Una brigada requiere de 12 personas como mínimo y en la comunidad se pagan 120 pesos diarios", explicó.

Flores Juárez, comisario; Antonio Saldaña Peña, secretario; Héctor Juárez Victoria, primer secretario del Consejo de Vigilancia del comisariado, y Carlos González, asesor de la Alianza de Pueblos y Comunidades Indígenas del Valle de Anáhuac, mostraron el centenario plano de cuero que conserva la comunidad, en el que están demarcados los límites de su  territorio, copias del Códice Techaloyan ?su título primordial?, y testimonios de pleitos litigados en diferentes épocas para defenderlo: la ruta de papel que da cuenta del largo camino recorrido por el pueblo en su esfuerzo por ser y seguir siendo.

Acerca del diferendo con el municipio de Lerma, explicaron que el presidente municipal, Miguel de Jesús Hernández, se negó a refrendar el convenio que tenían para el pago de los servicios ambientales. El último pago, por tres años y ocho meses de extracción de agua, fue de 230 mil pesos.

En cambio, el municipio de Huixquilucan sí refrendó su convenio. Por dos años cuatro meses pagó 700 mil pesos con el compromiso, además, de otorgar algunos apoyos de maquinaria o técnicos para realizar obras comunales.

Informaron que el presidente municipal de Lerma "dice que él no tiene nada que ver en lo del agua y que el que tiene que arreglar las cosas es el concesionario", Eleazar Colín, al que la CNA otorgó una concesión de agua en Los Llanitos, paraje que la comunidad conoce como Cerrito del Angel y Pantano Grande.

A su vez, Colín, quien es representante del agua potable de las comunidades de Cañada de Alférez, Santa María Atarasquillo, San Mateo Atarasquillo, San Francisco Xochicuautla y Santiago Analco, contestó por escrito a la comunidad que "dichos aprovechamientos fueron entregados por el Departamento del Distrito Federal a las poblaciones que represento como compensación a las afectaciones que se realizaron por las obras del Alto Lerma, debido a que las aguas que teníamos en uso se secaron por el paso del túnel".

Argumentó además: "las aguas de todos los manantiales forman parte de un inmueble federal", administradas por la CNA, que "nos dio la posesión legal con un título de concesión; aclaramos nuevamente que no está dentro de sus facultades lo que ustedes nos solicitan". Recordó asimismo que ya hubo antes "una demanda de carácter federal en la cual quedó bien claro quién es el administrador legal de este recurso, así como los derechos que se deben respetar", y apuntó que está en disposición de aclarar de nueva cuenta esta situación ante las autoridades federales.

Las autoridades comunales de San Pedro Atlapulco indicaron en la entrevista: "no se trata de dañarlos (al municipio de Lerma), sino de que contribuyan, ya que los términos del convenio son favorables al medio ambiente. No se les puede privar del derecho al agua, pero que una de las partes cargue sola con la responsabilidad es injusto. Allá el ayuntamiento cobra por las tomas de agua y por el líquido.

"Nosotros estamos exigiendo el pago, porque a lo mejor existen autoridades correspondientes que pueden conservar el bosque, pero el 31 de enero hicimos un recorrido con Semarnat, Probosque, Parque y Fauna del estado de México y Corena, porque tenemos superficie en ambas entidades. La idea es involucrar a las dependencias, porque no hemos recibido beneficios del sector forestal, pocas veces ayudan a resolver la problemática. No somos una comunidad atendida al paternalismo; ellos no apoyan y entonces nosotros tenemos que sufragar todo.

"La comunidad conserva esos recursos naturales, porque son su patrimonio y para la explotación de servicios ecoturísticos.

Nosotros pagamos unidades y gente para que ande en el bosque vigilando que no haya tala ni incendios, haciendo trabajos de conservación, brechas cortafuego. Se pide la cooperación para que coadyuven en este esfuerzo".

Añadieron que en el caso de Lerma, además han hecho obras en el bosque ?sin permiso de la comunidad y sin notificárselo siquiera? para captar escurrideros, lo que está ocasionando falta de humedad en el bosque, sequía de abrevaderos de fauna silvestre y escasez en los centros ecoturísticos de la comunidad, pues esa agua se usa para los restaurantes.

El proceso de reconstitución

Aunque el nombre original de la comunidad era Donhuani (La Loma Grande o el Gran Mirador, en ñahñú), se llama Atlapulco, en náhuatl, desde que Axayácatl conquistó la región en 1467 y la puso bajo el dominio militar azteca. El San Pedro se le antepuso en 1560, cuando fue designada congregación bajo el dominio español. Una inscripción en la fachada del edificio del Comisariado de Bienes Comunales rememora: "Axayácatl, sexto rey mexica (1469-1481)''. Enfrente, en la iglesia blanqueada, con vivos rojos, una placa da cuenta de que se edificó en 1633. Desde el atrio, la vista se extiende por todo el Valle de Toluca y explica por sí misma el significado de la toponimia ñahñú.

Desde el siglo XVI el gobierno virreinal de la Nueva España le otorgó a la comunidad dos mercedes de tierra y aguas, y el Estado mexicano les reconoció, en 1946, 7 mil 110 hectáreas, pero dejó fuera de la resolución presidencial respectiva las 498 hectáreas del parque nacional Miguel Hidalgo, que sin embargo la comunidad reivindica como parte de su territorio.

Aunque el uso del idioma ñahñú se ha ido perdiendo, San Pedro Atlapulco ?que cuenta actualmente con 6 mil habitantes? es de las pocas comunidades de la región que conservan su sistema de cargos religiosos tradicionales o "mayordomías", las encargadas de organizar y costear las fiestas: patronal, el 25 de junio; carnaval, que acaba de pasar, y la escenificación de la pasión de Cristo, en Semana Santa. Justamente en el atrio de la iglesia se están instalando las estructuras para el acto de la semana próxima.

Los comuneros realizan faenas ?trabajo voluntario que si no se efectúa puede ocasionar la pérdida de derechos comunitarios? para cultivar las 20 hectáreas de la parcela comunal, cuyo producto se utiliza para solventar los gastos de las fiestas. Participan también en las faenas para vigilar el bosque, en las brigadas contra incendios y en las tareas a las que convoquen las autoridades. 

En 1970 hubo comuneros que empezaron a vender tierras a forasteros que construyeron varias cabañas. La comunidad reaccionó. "Nos dimos cuenta de que podíamos perderlo todo". Se dio una lucha de recuperación que, pasando por un enfrentamiento entre comuneros, llegó a un juicio de restitución. La comunidad recuperó las tierras, y las cabañas pasaron a la propiedad comunal en 1973.

La cabaña del suizo, una señorial construcción de madera y concreto, de dos plantas, se rentaba antes por mes. El suizo que la edificó introdujo en la región el cultivo de la trucha en estanquería, que se diseminó y ahora está extendido en toda la zona, como parte de los servicios ecoturísticos que presta la población y de los cuales vive 70 por ciento de sus habitantes. Decenas de restaurantes ofrecen a los visitantes el atractivo de pescar la trucha que se van a comer empapelada, al ajo, almendrada, frita...

Ahora en el terreno de la cabaña está la estanquería del proyecto trutícola comunal. El biólogo Juan Peñaloza, comunero también, explicó que se cuenta con capacidad para producir de 18 a 20 toneladas de trucha ?los peces tardan de 8 a 9 meses en alcanzar la talla adecuada?, aunque ahora están trabajando a 40 por ciento de su capacidad, pues el trabajo se reinició hace un año, con el nuevo comisariado. En el basamento de la cabaña está instalada la sala de incubación y el proyecto de lombricultura con el que están experimentando para mejorar la alimentación de los peces.

Además se obtuvieron 9 mil pesos para desarrollar, también en las instalaciones de la cabaña, un proyecto de recuperación de la medicina tradicional para evitar que se pierda la sabiduría ancestral en la materia. La primera parte consiste en la clasificación de las plantas medicinales, con la participación de las mujeres. Después se pasará a la elaboración de pomadas, extractos, jarabes...

Respecto de las otras cabañas, la de Cristo y la del Tepeguaje, se rentan. La primera, de dos plantas, con chimenea y cinco recámaras, en 7 mil pesos al mes; la segunda, que cuenta con un terreno de siete hectáreas, en mil pesos por día para fines de semana. Los ingresos los administra la autoridad comunal.

Flores Juárez informó que la comunidad cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal para extraer 15 mil metros cúbicos por año para 10 anualidades; ya fueron explotadas tres anualidades, pero con ganancias insuficientes para la comunidad. "Estamos organizando una propuesta de proyecto para ver cómo se utiliza, porque la actividad básica de la comunidad no es la de la madera; es el bosque por el ecoturismo".

Los servicios de ecoturismo, informó Juárez Vitoria, consisten, los fines de semana, en el alquiler de caballos y de motos, y en los restaurantes. La comunidad tiene siete centros ecoturísticos con esos servicios. El más importante es el del Potrero, con 180 usufructuarios; todos son comuneros originarios. Hay también áreas donde los visitantes, tanto de Toluca como del DF, pueden hacer día de campo. El promedio de ingresos por comunero es de unos mil 500 pesos a la semana, indicó.

Flores Juárez mencionó que para el ingreso a los centros y al bosque se cobran cinco pesos por automóvil, pero se está considerando aumentar la tarifa, "porque la gente deja mucha basura y tenemos que pagar brigadas de limpieza y salimos perdiendo".

El amparo

El amparo directo que interpuso la comunidad contra la concesión de las aguas de sus manantiales, otorgada por la CNA en beneficio de personas ajenas a la comunidad, reclama "la privación de nuestras tierras, montes y aguas mediante la ilegal intervención que hayan tenido, tengan o pudieran tener en el simulado acto de otorgamiento del título de concesión" por las autoridades referidas; la afectación a los comuneros y a la comunidad en sus actividades agrícolas, ganaderas, turísticas y forestales y en sus derechos de uso y usufructo agrarios", a causa de dicha concesión, así como de la autorización de realizar obras en las tierras de la comunidad.

Reclama también "la omisión" por medio de dichos actos, de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, en los términos que señala el artículo 27 constitucional, y argumenta que en los términos del citado artículo, las aguas de los manantiales comunales no son propiedad de la nación.

Señala que se violó, entre otros, el artículo cuarto constitucional, porque con los actos reclamados desprotegen y permiten se afecten "recursos y formas específicas de organización social de nuestro pueblo"; el 27, "al ordenar y ejecutar actos que afectan la posesión y la propiedad de nuestra comunidad indígena"; los artículos 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT, porque se desconoce en los hechos la propiedad y posesión que como poblado indígena tienen de las aguas y tierras que tradicionalmente han ocupado, y se le impide la utilización de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus tierras y territorios.