LUNES Ť 9 Ť ABRIL Ť 2001

León Bendesky

23 mil pesos

La propuesta de reforma fiscal que en materia tributaria presentó el gobierno tiene en esencia tres ejes. Uno, la aplicación de una tasa general de 15 por ciento al impuesto al valor agregado; dos, la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas a 32 por ciento; y tres, la aplicación de una tasa máxima al impuesto a los ingresos de las personas, también de 32 por ciento.

El IVA es un impuesto regresivo que va a afectar directamente la capacidad de consumo de la población más pobre del país. Para compensar este efecto negativo se quiere instrumentar un complejo mecanismo de devolución de recursos que, tal y como está planteado, va a ser muy ineficiente en términos administrativos y, sobre todo, en un sentido social, por la dificultad para llegar a quienes son sus destinatarios.

La menor tasa del impuesto a las empresas se apoya en la mayor capacidad que tendrían para aumentar el gasto en inversión. Aunque se sabe bien que ello depende de muchas otras cosas, como el crédito bancario, la política monetaria, el régimen cambiario y algo que sigue ausente y que es la política industrial. En cuanto al impuesto a los ingresos personales, la reducción de la tasa máxima pretende recaudar más de quienes pagan efectivamente y contribuyen más a la tributación.

Esta propuesta de reforma tributaria se justifica en la perspectiva que ofrece Hacienda en una serie de argumentos explícitos. La tasa cero y las exenciones del IVA acaban subsidiando a los sectores más ricos de la población, no cumple con su función de control sobre el universo de los causantes potenciales y es muy ineficiente en cuanto a su administración. La tasa del ISR empresarial inhibe la inversión interna y pone a la economía mexicana en una posición menos competitiva con respecto a la atracción de las inversiones extranjeras. Los impuestos a los ingresos personales son muy altos y hacen que el grupo de la población más rico, es decir, el que tiene capacidad de pagar impuestos los eluda o de plano los evada. Según se sugiere, bajar la tasa hará más cumplidos a esos contribuyentes y podrá aumentar el volumen de la recaudación. Los funcionarios de Hacienda estudiaron a conciencia el clásico libro de texto de Musgrave, pero ya se les agotó el material y con él la imaginación.

En esta nota concentro la atención en la propuesta de bajar la tasa máxima del ISR de las personas físicas. La reducción de la tasa máxima de 40 por ciento a 32 por ciento repercutirá sobre quienes tengan un ingreso mayor a 41 mil 600 pesos al mes. Conviene, por ello, tratar de identificar cuál es este grupo. En primer lugar debe recordarse lo que ya se sabe, y es que el ingreso en la economía está muy mal distribuido. El 10 por ciento más rico de la población, el decil X, concentra 38 por ciento del ingreso total y se necesita sumar casi 80 por ciento de la población (deciles I al VIII) para alcanzar ese mismo nivel de ingreso. Pero este mismo patrón de enorme desigualdad se repite en el propio decil X, o sea, en el de la población más rica. Esto puede advertirse en el hecho que el ingreso promedio mensual en ese grupo es de 23 mil pesos. No se necesita mucha noción de la teoría económica o un gran dominio de la estadística para apreciar que, dado ese nivel promedio mensual de ingreso, existe una brutal concentración en los estratos ubicados en la cumbre de la pirámide de la distribución. Dicho de otro modo, puede intuirse de manera no muy compleja que 2 o 3 por ciento de la población de mayores ingresos del país concentra alrededor de cuatro quintas partes del ingreso total.

Es evidente que el decil X es el que más participa en la recaudación del impuesto sobre la renta, evidente porque ahí está concentrado el dinero. Según las estimaciones de Hacienda, ese grupo participa con 139 por ciento, ya que el resto lo hace de manera negativa debido a los distintos subsidios que recibe. Lo que no es evidente es que esa participación sea en proporción a los ingresos totales que reciben las familias que lo componen. Esta falta de proporcionalidad se da, sobre todo, al interior del propio grupo, pues es precisamente el 2 o 3 por ciento que concentra la mayor parte del ingreso el que tiene mayores posibilidades de no acumular todas las fuentes de su ingreso. Por ejemplo, el decil X representa: casi 40 por ciento de los ingresos recibidos por salarios, 60 por ciento por honorarios, 50 por ciento por actividad empresarial y 90 por ciento por intereses. Una forma de saber la proporción respectiva que se paga de ISR de personas físicas por distintos tipos de ingresos requiere conocer el desglose de la recaudación de ese impuesto, pero este dato, por supuesto, no está disponible. Una buena parte de los ingresos de las familias en el extremo más alto de la distribución proviene de las operaciones financieras (inversiones, acciones y préstamos), que no se suman para efecto del cálculo de los impuestos. Hay otras fuentes de ingreso, como las herencias, las donaciones y hasta los divorcios, que no causan tributación.

No queda muy claro por qué hay que bajar los impuestos a las familias más ricas; el problema de la recaudación está ahí precisamente entre quienes concentran el dinero y no en los estratos más pobres que tendrán que pagar el IVA.

Otro asunto es el de la muy castigada clase media, recuérdese la cantidad de 23 mil pesos de ingresos promedio mensual del decil más rico (y para ponerlo en perspectiva, nótese que en el caso del decil IX es de apenas 9 mil 280 pesos al mes). Este grupo es siempre sobre el que se recarga el pago de los impuestos. No hay argumento válido en la propuesta hecha por Hacienda para bajar la tasa máxima del ISR de los individuos. No lo hay en términos de equidad y de justicia ni en términos administrativos, ya que las autoridades deben ser capaces de cobrar mejor los impuestos. Lo hay menos aún si se considera la situación de penuria de las finanzas públicas, tal y como sostiene el propio gobierno. Esta reforma no es siquiera conservadora, es francamente reaccionaria.