LUNES Ť 9 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Con esta instancia se buscar regularizar la tenencia de la tierra
Instan hoy el Consejo Agrario del DF
Ť Verificar la situación jurídica de 270 decretos expropiatorios, otro de los objetivos
LAURA GOMEZ FLORES
El gobierno capitalino instalará hoy el Consejo Agrario del Distrito Federal, que se encargará de verificar la situación jurídica de 270 decretos expropiatorios, promover la regularización de la tenencia de la tierra; impulsar esquema de asociación y constituir un sistema de información sobre figuras asociativas, así como realizar acciones para el crecimiento ordenado, a fin de alcanzar la certeza jurídica de la propiedad rural.
Ante el grave rezago de los expedientes, algunos con más de 100 años en los tribunales, la Comisión de Asuntos Agrarios del DF, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y las delegaciones colaborarán conjuntamente con las secretarías de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y el INEGI para agilizar los trámites.
La directora de la Comisión de Asuntos Agrarios, Ruth Carter Bravo, explicó que entre los asuntos agrarios de alto riesgo está el de San Miguel Ajusto, en Tlalpan, donde mil 162 solicitudes de exclusión radicadas en los tribunales se resolvieron en general en contra, quedando cinco pendientes de resolución; además de que existe la pretensión de realizar una "aportación" de tierras a un fraccionamiento y delimitar área de uso común.
Mientras, en San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, se tiene una ejecución de expropiación por mil 529 hectáreas sobre el Desierto de los Leones, a favor del DF, que se realizó virtualmente; en Magdalena Contreras, una impugnación de ejecución de 1981 por 2 mil 392 hectáreas se encuentra en procedimiento de conflicto por límites en una superficie; en San Francisco Culhuacán hay inconformidad por el decreto expropiatorio.
La funcionaria explicó que en esta problemática se encuentra asimismo la zona Peñón de los Baños, donde hay una polarización de grupos internos por la representación ejidal y sus implicaciones; y en Santa Ursula Coapa, donde se reclama una superficie de 43 hectáreas que supuestamente corresponde a la diferencia entre el área entregada al poblado y la ejecutada.
De esta manera, la ocupación irregular y proliferación de asentamientos humanos; la excesiva demanda del suelo para vivienda; la especulación inmobiliaria de la tierra; la existencia de pocos ejidos y comunidades que conserven su ruralidad y su localización en la mancha urbana ha frenado que se beneficie a los 92 núcleos agrarios existentes.
En la ciudad de México, detalló, existen 83 ejidos y nueve comunidades en una superficie de 61 mil hectáreas, donde habitan 525 mil 30 personas, que no han sido beneficiadas por el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos (Procede), como sucede en el resto de los estados de la República.
Mencionó que entre los principales problemas agrarios que limitan la viabilidad de la medida en el DF son la existencia de 59 núcleos agrarios sin tierra o con menos de 50 hectáreas con polígonos irregulares o dispersos; dos núcleos sin ejidatarios; y ocho con problemas derivados de expropiaciones ejecutadas indebidamente, sin ejecutar, con amparo y/o sin documentación.
Así como tres comunidades con rezago jurídico por amparos interpuestos contra su resolución; dos comunidades no ejecutadas; dos ejidos extinguidos por resoluciones; y 84 núcleos agrarios inviables; señaló, al precisar que para enero de 1999 se reportaba un número de 118 juicios constitucionales en trámite y en la actualidad el número se ha reducido a 64, que están en juicio de amparo, ejecutorias en cumplimiento o juicios de incidente de inejecución de sentencia.
Por ello, explicó Carter Bravo, entre las primeras acciones a desarrollar está la formulación de programas de regularización y ordenamiento de la propiedad rural; fomentar en forma conjunta el depósito de listas de designación de sucesores y acciones de actualización de derechos agrarios individuales en ejidos y comunidades; y formulación de propuestas de creación de reservas territoriales, a través de inmobiliarias ejidales y comunales.
Además de que se apoyará el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, responsabilidad de la SRA, resueltas sobre juicio de amparo y cumplimiento de ejecutorias a través del Consejo Agrario, donde la regularización de la tenencia de la tierra será uno de los ejes rectores de esta administración capitalina, que ha sido olvidada, cuando son miles los que habitan la zona rural y están dispuestos a no ceder al crecimiento de la mancha urbana, puntualizó.