martes Ť 10 Ť abril Ť 2001

José Blanco

Santa Alianza

La respuesta predominante en los medios sobre la propuesta de reforma fiscal del gobierno foxista ha resultado lamentable. Pocas veces hemos visto una muestra tan acabada del subdesarrollo político que el "debate" en turno en el que aún navegamos.

Brevísima evidencia: "traición a la patria", dijo en uno de sus alegres dislates el diputado Narro (PT). Con la fluidez y precisión a las que nos tiene habituados, López Obrador dijo contundente: "lo que se quiere es aumentar los impuestos, y desde luego que esto no es aceptado; nosotros no estamos de acuerdo con eso", tesis que ha repetido sin descanso recomendando al mismo tiempo un programa de austeridad; además, en breve nos asestará una propuesta de reforma propia; esto mientras su partido propone la suya en la que recomienda aumentar los impuestos aún más que la propuesta foxista; la reforma no pasará, ha sido otra posición perredista desde mucho antes de conocer la propuesta, como resultado de su oportuno cálculo electoral, que también opera el PRI con su colecta de firmas: quién va a estar de acuerdo en pagar más impuestos. El señor Carlos Montemayor cree saber cuánto pagan en impuestos los ricos con sólo mirar el límite alto de la tarifa vigente del ISR, y cuántos "miles de millones" les va a "regalar" el gobierno, con sólo divisar la propuesta de nuevo tope. El y algunos otros escritores creen que se puede debatir acerca de la fiscalidad sin acudir a argumentos fiscales. Más aún, alguno de ellos cree que estos argumentos pueden ser libremente sustituidos por invectivas vulgares. La Iglesia católica ha pedido a sus feligreses encomendar a Dios que ilumine a los legisladores a la hora de decidir sobre la reforma. La señora Sauri cree inferir, mediante cálculo de regla de tres simple, que no pueden existir en el país pobres tan pobres como para pagar 36 pesos mensuales de IVA. Misteriosamente un sector de fuertes empresarios está en desacuerdo con eliminar la tasa cero del IVA "porque afecta a los pobres" (mientras se benefician más que nadie de esa tasa). Esta Santa Alianza incluye, por supuesto, un vistoso certamen sobre la prosopopeya más luminosa y efectista.

Por su parte, el gobierno apenas ha hecho algún esfuerzo por explicar. La explicación ha sido sustituida por la declaración o por la propaganda política. Entre tanto, el "debate" se ha centrado en la eliminación de la tasa cero del IVA, ciertamente una parte reducida de las reformas propuestas (casi mil páginas abarca el reformón). Me referiré nuevamente a ese impuesto y en artículo posterior lo haré respecto a una apreciación más global.

Impuestos directos o indirectos --como el IVA-- tienen el mismo efecto: reducen el ingreso neto de las personas. El IVA no grava el consumo, como se ha dicho, sino la producción: el valor agregado. Una de las diferencias entre unos y otros impuestos es que los directos --como el ISR-- son de mucho más fácil evasión, más aún en una sociedad con un sistema fiscal tan extremadamente inmaduro. Otra diferencia es que los impuestos indirectos, apoyados en una tarifa única, son mucho más fácil y mucho menos costoso de administrar --lo cual deja más recursos para el gasto público--, pero son regresivos (una diferencia más).

El IVA de tarifa única, al ser aplicado a todas las cadenas productivas y distributivas de productos de consumo básico generalizado, grava proporcionalmente más a quienes perciben menores ingresos. Diversos analistas han "desmentido categóricamente" al gobierno con este argumento. Por su parte, el gobierno ha mostrado que, con mucho, la mayor parte del subsidio de la tasa cero lo reciben los grupos de mayores ingresos.

Un debate serio simplemente reconoce que las dos cosas son ciertas y que es necesario resolver ambos problemas. Una forma de hacerlo es eliminar la tasa cero y devolver a los grupos de bajos ingresos el cobro del IVA. En ese caso la discusión sólo puede consistir en examinar si el mecanismo específico de devolución propuesto es viable o no lo es y, en todo caso, diseñar el mecanismo más seguro; se trata de un problema administrativo y todos los problemas administrativos encuentran una solución óptima.

Pero hay otras alternativas. En este espacio he propuesto una: eximir del IVA a una canasta básica de alimentos y medicamentos, a la que pueden agregarse elementos del proceso educativo. Esta excepción, por supuesto, redundaría en un subsidio mayor a los grupos de altos ingresos. Ese subsidio, sin embargo, podría ser eliminado (compensado) mediante otro impuesto, esta vez al consumo de los grupos de altos ingresos. Una vía disponible más de compensación de un subsidio como el referido consiste en establecer tarifas muy progresivas para los servicios públicos (como el suministro de agua o de fluido eléctrico), de acuerdo con el consumo.