Ť Enfrentará el proceso en libertad, ya que los delitos que le imputan no son graves

Dictan formal prisión a Francisco Stanley Jr.

Ť Reiteró que tanto él como su padre jamás tuvieron vínculos con el narcotráfico

CAROLINA GOMEZ MENA

El juez octavo de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Sur, Oscar Mauricio Maycott, dictó ayer auto de formal prisión a Francisco Stanley Pedroza --hijo del asesinado conductor de televisión Paco Stanley--, por los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de credenciales de servidor público, previstos en el artículo 250 del Código Penal Federal.

Sin embargo, Stanley Pedroza continuará en libertad bajo fianza --concedida el jueves pasado-- en razón de que los delitos que se le imputan no son considerados graves. El juicio será "sumario" y el juez de la causa tendrá que resolver en un plazo máximo de tres meses.

Francisco Stanley fue detenido y trasladado el jueves pasado al Reclusorio Sur, al concluir la averiguación previa iniciada en su contra hace un año y nueve meses por la Procuraduría General de la República, dependencia que lo acusó de portar de manera ilegal credenciales que lo identificaban como funcionario de la Secretaría de Gobernación.

El impartidor de justicia mencionado también dicto auto de formal prisión en contra de Fernando Bazán Borges, director del aérea de trasplantes del hospital Mocel, por encontrarlo responsable de los delitos de falsificación de documentos, uso de documentación falsa y tráfico de órganos, tipificado en el artículo 462 y relacionado con el 326 de la Ley General de Salud.

El galeno intervino quirúrgicamente hace poco más de un año a la menor de edad Marisol Rojas, a quien le extrajo un riñón para luego trasplantarlo a María del Rocío García. La operación presuntamente se llevó a cabo de manera irregular, pues se habría inducido a la menor, y para lograr la autorización se había presentado documentación en la que se alteraba la edad de la joven, así como el nombre de sus padres.

Ambos presuntos responsables enfrentarán en libertad el proceso penal que desde ahora se inicia en su contra, ya que por haber incurrido en delitos considerados no graves por la legislación tuvieron derecho a fianza.

A Francisco Stanley junior el juez de la causa le impuso una multa de 16 mil pesos, que ya fue depositada el viernes pasado, mientras que al doctor Bazán Borges le fijó una caución de 55 mil 334 pesos, más dos sanciones pecuniarias o multas, una de siete mil 580 pesos y otra de 758.

Al acudir al Reclusorio Sur junto a su abogado, Rubén Vivas, para recibir la notificación del juez octavo, Francisco Stanley comentó que tanto él como su fallecido padre jamás tuvieron relación con el narcotráfico, y luego se declaró inocente del ilícito imputado.

Según informó su defensa, el inculpado apelará la resolución del juez octavo, diligencia para la cual disponen de tres días. Asimismo, se prevé que en tres meses el impartidor de justicia dicte la sentencia correspondiente.

"Cubriendo lo que marca la ley"

También Bazán Borges se trasladó al Reclusorio Sur para enterarse de su situación jurídica, y al conocerla reconoció que efectuó el trasplante de riñón, pero  dijo que lo hizo "cubriendo todo lo que marca la Ley General de Salud".

Especificó que recibió a un paciente enfermo del riñón (María del Rocío García), así como a Marisol Rojas, que habría manifestado ser mayor de edad, situación que se corroboró con la supuesta exhibición de documentos notariales.

Los abogados de Bazán Borges tienen hasta el miércoles 11 de abril para apelar de la resolución del juez o recurrir a un amparo.

En cuanto a las otras cuatro personas implicadas en el hecho, también el juez les dictó auto de formal prisión. No obstante, la joven que recibió el trasplante, María del Rocío García Arce, así como sus padres, Miguelina Arce Enciso y Crispín Rogelio García, quienes sólo están procesados por uso de documentos falsos, recuperaron su libertad el viernes pasado por la noche, tras haber depositado una fianza de 27 mil 666 pesos y una multa de 7 mil 580 cada uno.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2000, cuando la menor de 16 años en esa época trabajaba como empleada en una de las tortillerías de la familia Arce-García, cuando fue convencida de que donara un riñón. A la fecha la menor asegura que experimenta secuelas provocadas por la extirpación de su órgano, por lo cual el abogado de la familia solicitó la creación de un fideicomiso para el pago de sus estudios, así como atención médica de por vida.