jueves Ť 12 Ť abril Ť 2001
Angel Guerra
Soberanía o infamia
El tema de los derechos humanos es utilizado sistemáticamente por el gobierno de Estados Unidos para castigar a los países que no acatan la voluntad imperial. La gran potencia se arroga el papel de árbitro mundial sobre la materia, llamado por el destino a decidir a cuáles gobiernos se les extiende el certificado de buena conducta y a cuáles se sataniza. Esta arbitraria actitud toma ribetes de obsesión enfermiza cuando se trata de Cuba, contra quien Washington intenta todos los años lograr, a como dé lugar, una condena en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
El argumento predilecto para sentar a Cuba en el banquillo de los acusados del Palacio de las Naciones --sede ginebrina de la ONU-- es la supuesta represión que se ejerce en la isla contra la oposición.
ƑA quién llaman oposición? Se trata de pequeños grupos (no pasan de unos cientos de personas) que actúan en la ilegalidad, aunque disfrutan de un amplio grado de tolerancia por parte de las autoridades. Sus cabecillas, que reciben importantes sumas de dinero desde Estados Unidos (véanse reportajes de Carlos Fazio en La Jornada, 28 febrero de 2001, en tres partes), mantienen además estrechísimos, asiduos y muy amistosos vínculos con funcionarios de la Sección de Intereses de ese país en La Habana, hechos que por sí solos explicarían su desprestigio ante los cubanos de la isla.
La novedad a partir de 1999 es que la República Checa y Polonia asumieron el papel de prestanombres de Estados Unidos al poner la cara en la presentación de la moción anticubana. Brindaban así un importante servicio al coloso del norte al evitarle una rotunda humillación en caso de ser derrotado su proyecto, como había ocurrido en 1998. También le retribuían a aquél el importante apoyo brindado a los dos gobiernos para conseguir el anhelado ingreso a la OTAN. Apelando a la complicidad o la sumisión de los miembros de la Alianza Atlántica y al soborno o la intimidación de países del Tercer Mundo, la diplomacia estadunidense se aplica febrilmente desde meses antes del momento de la votación en Ginebra, y hasta última hora, a recolectar sufragios entre los países miembros de la comisión para conseguir la condena contra Cuba.
No es casual su obstinación. Se trata del único Estado en América Latina que se niega tozudamente a aceptar las recetas neoliberales y, para colmo, mantiene su apego a los ideales socialistas.
Para condicionar sicológicamente a la opinión pública internacional, la Unión Americana difunde por el mundo, a través de los pulpos informativos, mensajes calumniosos y distorsionados sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, donde, según esos medios, existiría un régimen dictatorial e ilegítimo. Es la coartada para justificar la política de abierta subversión contra la isla y la permanencia del bloqueo. Se obvia mencionar dolosamente por los heraldos de la libertad de prensa que en Cuba existe un orden constitucional emanado de un ejercicio democrático, que hay elecciones periódicas a las distintas instancias de los órganos de Poder Popular, que ese orden basado en el partido único fue aprobado en un plebiscito por una mayoría abrumadora de la población. Hay un solo modelo político y económico válido para Washington, que éste recomienda hasta el cansancio como el ideal que todos debemos imitar al pie de la letra: democracia representativa, libre mercado y pluripartidismo. Fórmula absolutamente hipócrita negada por la propia realidad de la sociedad estadunidense, donde lo que funciona es una democracia de, para y por los millonarios; donde el libre mercado es un auténtico embudo con la parte ancha reservada a las grandes corporaciones, y donde demócratas y republicanos constituyen en verdad un solo partido gobernante de los muy ricos, con apenas distinto ropaje.
En esta ocasión el gobierno del Potomac aprieta a fondo las tuercas a sus homólogos latinoamericanos miembros de la Comisión de Derechos Humanos --México entre ellos--, de cuya genuflexión dependería la aprobación de la moción contra Cuba. Utiliza para ello distintos instrumentos de presión, entre otros, el clásico de los préstamos. Es el caso de Argentina, donde ha quedado claro que el gobierno de De la Rúa ofreció el voto anticubano a cambio del blindaje financiero solicitado al Banco Mudial y al Fondo Monetario Internacional.
Nadie se llame a engaño. No es de derechos humanos en Cuba de lo que realmente se discute en Ginebra en estos días. Sin embargo, sí quedará en evidencia a la hora de votar la cuota de decisión soberana que conservan algunos gobiernos latinoamericanos.