jueves Ť 12 Ť abril Ť 2001
Soledad Loaeza
Los pobres como coartada
La propuesta de reforma fiscal del presidente Fox ha provocado reacciones muy negativas de parte de corrientes de opinión que normalmente sustentan posturas antagónicas. No deja de ser una ironía que el consenso que tanto ha buscado el Presidente se forme ahora, pero bajo un signo negativo y en torno a un tema que es vital para el éxito de sus políticas. Al frente amplio de rechazo que se anuncia se están integrando desde grandes empresarios hasta escritores y universitarios que han ostentado ideas y una sensibilidad de izquierda, aunque en momentos como éste revelen una susceptibilidad de derecha.
Podemos enorgullecernos de que en el último cuarto de siglo se haya desarrollado en México una cultura democrática que se ha manifestado, sobre todo, en el ánimo participativo y en la determinación ciudadana de involucrarnos en los asuntos públicos. Sin embargo, esta nueva cultura sigue siendo parcial porque no hemos asumido el principio básico de la democracia liberal contemporánea, de que el ejercicio de nuestros derechos entraña también responsabilidad: en este caso, la de contribuir al gasto público. La ausencia de una cultura de pago de impuestos en la sociedad mexicana es un poderoso obstáculo para la reforma propuesta.
En el último medio siglo hubo por lo menos cuatro intentos importantes de introducir reformas fiscales que resolvieran uno de los problemas estructurales de la economía mexicana: la incapacidad recaudatoria del Estado. Todos fracasaron ante la resuelta oposición de empresarios y clases medias que, escudados como ahora en la defensa de los pobres, protegieron sus privilegios, sus regímenes de excepción, su capacidad para evadir impuestos, su posición "especialísima" en la sociedad. Una mirada desapasionada a la historia de las fallidas reformas fiscales y a las condiciones de vida de grandes empresarios y clases medias, en comparación con aquéllas en las que vive 40 por ciento de la población, nos obliga a admitir la hipótesis de que la desigualdad en México no haya sido sólo resultado de políticas de gobierno equivocadas, sino que también se explica por las estrategias de grupos que con el poder del dinero o de la palabra han bloqueado en forma sistemática medidas que afectaban sus intereses, aun cuando hubieran podido beneficiar a grupos mucho más desfavorecidos, así no fuera sino de manera modesta. Al hacerlo, han contribuido a empobrecer al Estado y con él a la sociedad.
Las reacciones a la reforma fiscal también revelan la vitalidad de la mentalidad corporativa mexicana que, como también lo expresaron recientemente los indígenas zapatistas, no demanda igualdad, sino tratamientos diferenciados. A estas alturas de nuestra historia tendríamos que saber que igualdad y equidad no son lo mismo y que los regímenes de excepción son los enemigos de la sociedad equitativa. Peor aún, el maximalismo del PRD que propone reformas redistributivas inviables terminará perjudicando a los pobres de este país, porque en el juego del todo o nada, probablemente nos quedaremos con esto último, para contento de muchos peces bien gordos.
La movilización que han emprendido izquierda y derecha por igual en contra de la reforma fiscal tiene muchas posibilidades de triunfo. El pago de impuestos no es un tema popular; en cambio, la organización de la resistencia será un tanque de oxígeno para reanimar carreras políticas agónicas. El eco que encontrarán los opositores a la Secretaría de Hacienda será también producto de una falla grave en las estrategias de comunicación del gobierno, que no ha asumido con seriedad la obligación de educar a los ciudadanos en sus decisiones. Los gobiernos democráticos no son aquéllos que hacen "lo que la gente quiere", porque "la gente" no tiene información suficiente para calcular los verdaderos costos, por ejemplo, del cambio de horario. Los gobiernos democráticos educan a los ciudadanos en sus decisiones, los convencen mediante explicaciones y argumentos, y los persuaden de que los medios que proponen son los mejores para alcanzar los objetivos enunciados. Algo así tiene que hacer el gobierno con cada una de sus propuestas importantes, en lugar de organizar encuestas, plebiscitos y referendos para que supuestamente les digamos qué hacer en asuntos muchas veces triviales. El resultado obvio de esta estrategia ha sido la confusión y el descontento generalizado, entre otras razones porque ninguna decisión de gobierno puede ser personalizada. Si en los tres primeros meses del año las autoridades gubernamentales nos hubieran educado en su propuesta fiscal, entonces tal vez habrían podido desmontar algunos de los prejuicios que alimentan la ofensiva contra la reforma fiscal. La persistencia de estos prejuicios es probablemente uno de los costos políticos más elevados que ha tenido para el presidente Fox la visita de los zapatistas a la ciudad de México.