JUEVES Ť 12 Ť ABRIL Ť 2001
MEXICO S.A.
Carlos Fernández-Vega
EL REY DEL AJO, Javier Usabiaga Arroyo, mejor conocido como el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (más lo que se acumule), sostuvo públicamente que existen intereses representados por las grandes empresas agroindustriales del país que podrían obstaculizar la reforma fiscal que promueve el presidente Fox.
EN ENTREVISTA con La Jornada (Matilde Pérez U. y Roberto González Amador, 11 de abril), el funcionario expuso: "sí existe el riesgo de que estos grandes grupos busquen obstaculizar la instrumentación de esa reforma", pero en el clásico juego de "adivínelo Vargas", el titular de esa dependencia no proporcionó nombres de empresas ni de empresarios (porque habló en plural) que potencialmente serían candidatos a ser inscritos de inmediato en la lista foxista de mentirosos (que debe sumar ya varios cientos de miles de cuartillas) y, sobre todo, a ser tipificados como "boicoteadores" de la iniciativa presidencial.
EN ESTE PAIS concentrador del ingreso, la riqueza y la actividad productiva, cada vez resulta menos difícil ponerle el cascabel al gato. Con base en el reporte anual de Expansión sobre las 500 empresas más importantes de México, se puede hacer el ejercicio en un intento por proporcionar nombres y apellidos que ubiquen al secretario de Estado -al que no le gusta ser calificado como empresario ni como funcionario, sino como agricultor- y tenga más claridad, si es que -dudoso- no cuenta con la información respectiva.
ASI, el excelente trabajo que despliega año tras año Expansión permite conocer que en México existen alrededor de 40 grandes consorcios agroindustriales, cuyas ventas se aproximaron a los 120 mil millones de pesos y sus utilidades rebasaron los 5 mil 370 millones de pesos en 1999 (última información disponible).
MUCHOS DE ESOS EMPORIOS, que se cuentan entre los más fuertes del país, económicamente hablando, claro, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y tienen ramificaciones empresariales que trascienden con mucho el ámbito meramente agroindustrial, aunque, desde luego, ello no implica que necesariamente pretendan "boicotear" la iniciativa fiscal promovida desde Los Pinos.
UNO DE ELLOS es el del Grupo Savia, de Alfonso Romo Garza -miembro del consejo de administración de Pemex-, que reúne en este corporativo negocios que van desde la producción de semillas para la siembra de frutas y hortalizas, pasando por la biotecnología y la explotación de viveros, hasta la venta de inmuebles.
INDUSTRIAS BACHOCO se registra en la lista. El emporio, que preside Enrique Robinson Bours Almada, se dedica a la crianza, procesamiento y comercialización de pollo, huevo y cerdo. El grupo cuenta con varias empresas dedicadas a la prestación de servicios administrativos y tiene más de 400 instalaciones a lo largo del país. Enrique Robinson Bours Almada también comparte intereses con Alfonso Romo Garza en Seguros Comercial América y es miembro del consejo de administración de Corporación San Luis.
GRUPO INDUSTRIAL BIMBO -poseedor de grandes extensiones de tierra en el norte del país para autoabastecerse de los productos de la tierra que industrializa- también está en la relación de los grandes consorcios agroindustriales. Lo preside Roberto Servitje Sendra, y además de los intereses meramente panificadores, la familia mantiene posiciones accionarias en CBI Grupo Financiero, Coca-Cola Femsa y Grupo Financiero Banamex-Accival, entre otros.
EL GRUPO MINSA, que preside el empresario y senador de la República por el PRI, Omar Raymundo Gómez Flores, comprador de instituciones públicas, como Dina y Banca Cremi, es un emporio dedicado a la elaboración de harina de maíz -como su competidora Maseca, que dirige Roberto González Barrera-, con plantas productoras distribuidas por todo el país.
A LA LISTA hay que sumar a Nestlé México, Productos del Monte, Grupo Herdez, Maizoro y subsidiarias, Agroindustrial Exportadora y Empacadora Rojo Gómez, por citar sólo unos cuantos consorcios más.
PERO MAS ALLA del trabajo documental que tiene pendiente el secretario Usabiaga, lo que sí resulta preocupante es el reporte que la Secretaría de Hacienda hizo circular ayer sobre la producción del sector industrial en México, la cual reportó una caída de 3.7 por ciento en febrero pasado, aunque la dependencia hizo un poco atractivo matiz, pues consideró que "en este resultado está influyendo el hecho de que el segundo mes de 2001 tuvo un menor número de días laborables que el de 2000, que fue bisiesto". Es decir que por un día menos de actividad industrial, dicho indicador cayó en la proporción señalada. Suena lógico.
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA redujo su producción 4 por ciento en igual lapso. La baja estuvo determinada por las caídas en las industrias maquiladora (-1.9 por ciento), de la transformación (-4.2), minera (-1.4), minera no petrolera (-6.6) y de la construcción (-4.9). El que sí mostró avances fue el sector petrolero, con 2.9 por ciento.
LO ANTERIOR agrava el de por sí delicado y preocupante problema de la falta de empleo en el país, ya que de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en el último mes de 2000 y el primero de 2001 se perdieron más de 350 mil puestos de trabajo, situación nada alentadora para el gobierno foxista, el cual se comprometió a generar un millón 350 mil plazas por año a lo largo de su administración. Y faltaría sumarle el impacto interno de la peligrosa recesión de la economía estadunidense.
Las rebanadas del pastel:
LA ZANAHORIA foxista para "convencer" a los gobernadores (que a su vez tendrían que apalabrarse con sus diputados para amarrar el voto por el sí) de las bondades de la reforma fiscal tiene cuerpo de tentación: 40 mil millones de pesos para las entidades de la República, si los mandatarios estatales se portan bien. De ese monto -qué casualidad- 2 mil 600 millones terminarían en las arcas chilangas, 2 mil 700 en las mexiquenses, mil 400 en las veracruzanas y mil 200 en las tabasqueñas. La primera entidad del país, Guanajuato, sólo contaría con mil millones...En pleno debate por el IVA, vale recordar algunas cifras proporcionadas por la OCDE sobre este gravamen: en Francia existen tasas diferenciales del impuesto al valor agregado que van de 2.1 a 20.6 por ciento, dependiendo el producto; en Irlanda fluctúan de 0 a 21 por ciento como máximo, en Inglaterra de 0 a 17.5 por ciento, en Bélgica de 0 a 21, en Suecia de 0 a 25, en Italia de 4 a 20 y en Canadá de 0 a 15.
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