JUEVES Ť 12 Ť ABRIL Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Marketing en torno al nuevo aeropuerto
La polémica entre los partidarios de la ubicación del nuevo aeropuerto metropolitano en Texcoco o en Tizayuca arreció en los últimos días tomando la forma de marketing mediático. La discusión se centra en los aspectos aeronáuticos, ambientales, hidráulicos, de resistencia del suelo y clima; pero se nota la ausencia de una discusión seria en torno al impacto de las dos opciones sobre el crecimiento urbano metropolitano y el desarrollo económico y territorial de la región centro en su conjunto.
Lo que se ha evidenciado es la limitación temática y el poco desarrollo de los estudios que soportan las propuestas, y esto hace dudar de la validez de tomar una decisión tan importante para la nación y la metrópolis en torno a una base analítica y técnica insuficiente hasta el momento.
En el debate tampoco se han dado respuestas convincentes a los serios cuestionamientos de diversos sectores en cuanto a los riesgos ambientales, geológicos, climáticos y de vulnerabilidad en la alternativa Texcoco.
La discusión ha sido encabezada por los gobernadores de los estados de México e Hidalgo, que actúan como promotores de los intereses locales respectivos, lo cual es comprensible, pero sin tener en cuenta una visión más amplia y regional de las dos opciones. Llama la atención la postura del gobierno del estado de México que defiende la opción Texcoco porque está ubicada en su territorio, sin considerar que Tizayuca sería más favorable al desarrollo metropolitano y al de otras áreas de su estado, incluyendo Toluca y al norponiente del estado, con más perspectiva económica a futuro. Su postura, además, no se norma por los criterios del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, acordado en 1998 con el Distrito Federal.
La inclinación del gobierno federal por Texcoco, hecha pública por su secretario de Comunicaciones y Transportes en forma apresurada y ligera, presiona a los actores involucrados y parece mostrar que la decisión ya está tomada; sólo una exigencia pública muy activa abriría espacios a un más riguroso razonamiento técnico, territorial y social como soporte de la decisión final, la cual tendrá importantes implicaciones.
Desde el punto de vista del desarrollo metropolitano integral parece que la ubicación más favorable sería Tizayuca; pero cualquiera de las dos opciones implicaría el cumplimiento de ciertos requisitos que deberían estar garantizados en el proyecto definitivo y entre los que destacan: establecer en torno al aeropuerto un área amplia de protección ambiental no urbanizable; regular cuidadosamente las actividades permitidas o impulsadas en el proyecto, sin caer en esquemas de saturación urbana; recuperar para el sector público parte de las rentas del suelo y otros beneficios derivados del aeropuerto; e introducir medidas efectivas de mitigación del impacto ambiental sobre la zona.
No es convincente el argumento de que el aeropuerto impediría la urbanización irregular de la zona, pues no se frena la urbanización con urbanización, y la ocupación planeada y comercial tiene similares o más graves impactos ambientales y de crecimiento urbano que la popular.
Cualquiera de los emplazamientos, sobre todo el de Texcoco, que podría ser elegido si persiste la inclinación del gobierno federal, tendría implicaciones importantes sobre las políticas de desarrollo y de crecimiento urbano del Distrito Federal, por lo que insistimos en la conveniencia de la participación activa del gobierno capitalino en la discusión, la búsqueda de acuerdos y la decisión final sobre el nuevo aeropuerto.
Un tema crucial es el de garantizar los recursos financieros para la realización de las obras de infraestructura hidráulica, de vialidad y transporte complementarias para el adecuado funcionamiento del aeropuerto en cualquiera de las opciones que habrá que realizar en territorio defeño y del estado de México. Estos costos deben formar parte integral del proyecto y cubrirse con los recursos aportados por el gobierno federal para la obra.
Uno de los aspectos que podría inclinar al gobierno federal por Texcoco es que esta opción liberará al actual aeropuerto de la ciudad de México, con sus 770 hectáreas de terreno y sus instalaciones de propiedad federal, estratégicamente ubicadas en la Zona Metropolitana y con alto valor monetario actual y futuro. La tentación puede ser la desincorporación y privatización de inmuebles y terrenos para obtener financiamiento para las obras en Texcoco o en otro objetivo. Esto implicaría un impacto muy negativo sobre el ordenamiento territorial del DF y las políticas del gobierno local, por lo cual crece la necesidad de que el gobierno de la ciudad de México participe en cualquier decisión relacionada con el futuro del área del actual aeropuerto; esta participación no debe limitarse a la obligatoria aplicación de la normatividad urbana.