sabado Ť 14 Ť abril Ť 2001
José Luis Manzo
Alerta roja: Foximori a la vista
El presidente Vicente Fox terminó por enseñar completamente el cobre dictatorial, aunque pocos se han percatado de ello. Pretende dar un golpe de Estado técnico y además convertirlo en norma constitucional. La propuesta impositiva que envió al Congreso para aplicar el IVA a medicinas, alimentos y otros rubros va acompañada de una serie de modificaciones constitucionales en materia presupuestal que resultan alarmantes, y cuya aprobación sería de consecuencias mucho más nefastas que el incremento al IVA.
Tales propuestas de cambios a la Constitución contienen muchas barbaridades, entre las que destacan las siguientes. a) Pretende prohibir al Congreso decretar incrementos en el gasto público financiados con mayor endeudamiento. b) Dispone que si los impuestos que pagamos superan el importe originalmente previsto, esos impuestos adicionales se destinen al pago de la deuda o a engordar el cochinito gubernamental, en vez de canalizarlos a los raquíticos presupuestos programados para educación, salud y combate a la pobreza. c) Pretende arrebatar al Congreso su función de legislar en materia de ingresos y gasto públicos. En este artículo analizaré el último punto, pues me parece que es el más peligroso.
En lo que se refiere a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Constitución tiene una laguna. No dice qué hacer si el 1o. de enero del año respectivo el Congreso no ha aprobado esos documentos. Fox propone una medida sensata para solucionar esa laguna, que ya se aplica en otros países: que mientras se aprueba la nueva Ley de Ingresos y el nuevo Presupuesto de Egresos, se sigan cobrando impuestos y ejerciendo el gasto público sobre las bases utilizadas el año anterior. Hasta allí todo está bien. El problema radica en que Fox pretende ir más allá: aprovechando el viaje, quiere convertirse en el legislador de última instancia, y arrebatarle al Congreso la función de emitir esas disposiciones legales.
"Conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, el procedimiento general de formación de leyes es el siguiente. Haciendo uso de su facultad para iniciar leyes, el Ejecutivo federal puede enviar una determinada iniciativa de ley al Congreso. Este la revisa, la ajusta y la aprueba, si lo considera conveniente. Después, el Presidente de la República recibe la ley que le envía el Congreso y, si no tiene observaciones que hacerle, procede a promulgarla, mediante su publicación en el Diario Oficial. Pero si tiene observaciones a dicha ley, la regresa al Congreso señalando esas objeciones. A su vez, el Congreso analiza las observaciones que hace el Ejecutivo a la ley en cuestión, y si considera que no son procedentes y reúne el número de votos necesarios para desecharlas (dos terceras partes de los votos), con ello ratifica que esa ley debe quedar tal como la aprobó ese órgano legislativo. En seguida, el Congreso procede a enviar por segunda vez y en forma definitiva dicha ley al Presidente, quien se ve obligado a promulgarla de inmediato, aunque no esté de acuerdo totalmente con los términos de dicha ley. Pero si en el Congreso no se alcanzan los votos suficientes para desechar las observaciones del Ejecutivo, se considera que el Congreso no ratifica esa ley, por lo que no puede ser promulgada. Su aprobación podrá intentarse nuevamente en un periodo de sesiones posterior".
En conclusión, sólo el Congreso puede emitir leyes. Las facultades del Ejecutivo federal se limitan a proponer leyes al Congreso y a formular objeciones a las leyes que éste emita; pero no tiene facultades para aprobar y promulgar leyes por su lado e independientemente de lo que opine el Congreso. En esta materia, el Presidente de la República funciona como contrapeso del Congreso; pero el texto actual de la Constitución garantiza que el punto de vista del Congreso predomine sobre la opinión del Presidente de la República. Durante los gobiernos priístas esta norma constitucional fue letra muerta, al estar el Congreso bajo el completo control del Ejecutivo. Hoy, con la existencia de un Congreso plural, cobra plena vigencia el texto constitucional. Y esto desespera al presidente Fox. Teniendo como marco el texto actual de la Constitución, Fox no puede controlar el Congreso; por eso busca anularlo. Y para ello requiere otro marco constitucional que en los hechos le permita arrebatar al Congreso sus atribuciones para legislar en materia de ingresos y gastos públicos.
La propuesta de Fox pretende que, en el último tramo del proceso de aprobación, si el Congreso no es capaz de reunir los votos necesarios para desechar las objeciones del Ejecutivo y ratificar que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se quedan tal como las emitió ese órgano legislativo, entonces será la versión del Ejecutivo la que predomine. Es decir, el Presidente podrá aprobar, por sí y ante sí, su propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y publicarlos sin considerar los cambios introducidos por el Congreso. En los hechos, será el Presidente de la República quien legisle en este campo; el Congreso quedará a un lado. Esta es la propuesta de Fox. Usted, querido lector, Ƒqué opina?