sabado Ť 14 Ť abril Ť 2001

Marcos Roitman Rosenmann

La distancia entre Cuba y Estados Unidos

Los cambios estratégicos en el mundo parecen no afectar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La isla sigue siendo para Estados Unidos un problema de seguridad nacional, cuya política forma parte de su estrategia militar. Es cierto, son países fronterizos y no falta verdad a este argumento militar de seguridad nacional. Igualmente lo sería para Cuba. Lo que no es legítimo es fundamentar en el hecho fronterizo una política de agresión continua y de acoso internacional por motivos de discrepancias ideológicas. Es esta peculiar circunstancia lo que hace que los cambios a nivel internacional no alteren esencialmente las relaciones de poder de Estados Unidos frente a Cuba.

Sólo un cambio de régimen, una ruptura interna y un control estratégico de la isla pueden alterar la actual política que dura casi 40 años. El bloqueo decretado en los años sesenta aún sigue vigente. Las leyes que penalizan las exportaciones de origen estadunidense (o de patentes), de terceros países con destino a Cuba, son una arma de presión usada según conveniencia y gobiernos en el poder. Por consiguiente, la prohibición de exportar o importar por parte de Cuba productos considerados estratégicos y de doble uso, civil y militar, constituye un delito severamente castigado. Cuba tiene problemas para conseguir aprobar patentes en el campo de la innovación médica, cuyo reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud es ya un síntoma de calidad. Sin embargo, aún hay niños que mueren de enfermedades tropicales por no poder hacer uso médico de las vacunas desarrolladas en Cuba, al no estar homologada o simplemente reconocida su patente industrial-médica. Múltiples han sido los senderos que se han seguido para sortear este "bloqueo invisible". En definitiva, cuando más se habla del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos mantiene una política abiertamente hostil hacia quien considera un enemigo potencial: Cuba.

Si, como señalamos, es la política interna de Estados Unidos lo que constituye el eje en el proceso de toma de decisiones hacia Cuba, los cambios que ocurren en las elecciones presidenciales cobran un nivel estratégico decisorio. Aspectos irrelevantes para administraciones demócratas no lo son para las republicanas, y viceversa. El origen cubano de funcionarios y miembros del Departamento de Estado es también un grado en el proceso cotidiano de toma de decisiones hacia Cuba. Así, según sea el encono, indiferencia, neutralidad hacia el gobierno de Cuba, una decisión se puede retardar, acelerar, bloquear o simplemente darle curso normal. Todo lo mencionado permite comprender mejor lo que la administración republicana de George Bush Jr. está intentando con su política de conseguir un apoyo de terceros países para forzar una condena por violación de los derechos humanos en la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Nadie puede quitar o negar el legítimo derecho a ningún gobierno soberano de cualquier país, acreditado en la ONU, de proponer en nombre propio una petición de tales características. Si el actual gobierno de Estados Unidos considera una obligación realizar la denuncia, para él es muy justo que así lo haga. Lo que ya no es legítimo es que para ello viole él mismo la carta fundamental de los Derechos Humanos y el Tratado contra la Tortura. Es decir, busque con medios espurios y corruptos provocar una decisión cuyo sentido invalida la decisión. La validez y legitimidad de una votación a favor de su propuesta se ve afectada por transgredir los principios que dizque defiende, pues para lograrlo ha tenido que forzar, manipular y corromper a terceros gobiernos de países subordinados, aliados o proestadunidenses.

La coacción sobre algunos países del antiguo bloque del este, República Checa, Polonia y Rumania, hoy dependientes de créditos por librar de parte de Estados Unidos, es una realidad. La tortura psicológica que supone saberse amenazado con la pérdida de préstamos y el estrangulamiento económico constituye, entre otros, motivo mismo de violación de derechos internacionales públicos, cuando no del derecho de libre expresión y del de soberanía. Igualmente, mantener una política de acoso y derribo a cualquier tipo de manifestación de independencia por parte de países de América Latina con relación a Cuba tiene resultados nefastos. Doblegar voluntades por medios tan infames no es sino descalificarse a sí mismo como país defensor de los derechos humanos.

Cualquier intento de conseguir una decisión condenatoria a cualquier país por métodos no democráticos constituye una violación a la carta fundamental de los derechos humanos. Por ello creo necesario aclarar este problema de principios sobre los cuales se pretende establecer un conjunto de medidas donde el metro mide 90 centímetros para unos y 230 para otros.

Aquí no se discute sobre si hay o no violación de los derechos humanos. Ello debe probarse, no sólo enunciarlo o denunciarlo. Los hechos son parte constitutiva de los delitos y sobre los mismos se debe actuar. No caben interpretaciones o disquisiciones político-ideológicas. Los principios son causa primera de explicación de los hechos. Y si se trata de condenar por violación de derechos humanos a un gobierno deben darse las pruebas. El derecho debe respetarse hasta el fin; de lo contrario, es un caso político donde se altera y vulnera la integridad, soberanía de un país, en este caso Cuba, en un organismo internacional.

Si el caso Pinochet algo demostró al mundo fue su limpieza, claridad y transparencia judicial, donde se bloqueó fue en la esfera política, desde la cual se manipuló y obró con plena impunidad, propia de la razón de Estado. Misma razón que Estados Unidos aplica continuamente para condenar a Cuba, por ello destinada a fracasar. Sin embargo, no deja de causar grandes males y daños muchas veces "invisibles" a los ojos de quienes sólo pretenden venganza y no justicia. Aquí está la distancia entre Estados Unidos y Cuba.