MIERCOLES Ť 18 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Presunta tortura a Norberto Suárez, ex delegado de la dependencia en Chihuahua
Acepta la procuraduría recomendación de la CNDH
GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y JOSE ANTONIO ROMAN
El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, firmó ayer el oficio por el que acepta la recomendación de la CNDH en el caso de la presunta tortura a Norberto Suárez Gómez, ex delegado de la PGR en Chihuahua. La procuraduría, según sus cuentas, tenía de plazo hasta este miércoles para notificar a la CNDH de su decisión.
La recomendación se acepta en todos sus términos; de hecho, desde el pasado 28 de febrero, el Ministerio Público Federal inició las averiguaciones previas correspondientes y los peritajes. El procurador Macedo dijo que el MP actuará conforme a derecho y se actuará en cumplimiento de la ley en caso de que resulten responsabilidades de funcionarios públicos; lo mismo en lo que se refiere a las sanciones administrativas a las que haya lugar, ya que la contraloría interna inició sus procedimientos internos.
Fuentes de la PGR confirmaron también que dicha aceptación se hará bajo la premisa de que el acto de tortura es una presunción. Al respecto, la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo Interinstitucional, María de la Luz Lima Malvido, aseguró hace unos días que la CNDH no tiene científicamente la razón para aseverar que el ex delegado fue torturado.
Incluso, señaló que la PGR defendería los resultados de sus peritajes, de donde se desprende que las lesiones fueron autoinflingidas por Suárez Gómez con un encendedor, y no provocadas por un tercero, utilizando un instrumento incandescente -cuchara sopera- como lo señala la CNDH.
Por la mañana de ayer, luego de inaugurar el Seminario Internacional sobre Tolerancia, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señaló que hasta ese momento el organismo que preside no había recibido respuesta alguna por parte de la PGR, pese a que había transcurrido ya el plazo reglamentario de 15 días después de la entrega de la recomendación, ocurrida a finales de marzo.
"No hemos recibido aún la respuesta del procurador, y espero que la acepte; varios de los funcionarios de la PGR han externado su rechazo a la recomendación, pero quien se tiene que manifestar es el procurador Macedo, quien todavía no lo ha hecho", dijo.
Sin embargo, expresó que esta dilación se debía a lo "complicado" de la recomendación, haciéndose necesario su estudio completo por parte de la PGR para dar una respuesta.
La PGR empezó desde el 27 de febrero sus indagatorias, es decir, en la misma fecha cuando se denunció la supuesta tortura. En el expediente del caso se encuentran asentados los estudios en criminalística que practicó la Dirección General de Servicios Periciales, y la CNDH, por su parte, hizo los propios.
Para el organismo defensor de los derechos humanos es un caso de tortura, mientras que para la dependencia del gobierno federal se trata de un caso de autoflagelo.
Más allá de este hecho de tortura o autoflagelo, la CNDH había solicitado a la PGR que aplicara medidas cautelares para Norberto Suárez, a fin de proteger su integridad física, ya sea de extraños y de él mismo, recomendación que la misma procuraduría aceptó por escrito. Y, días después de esta aceptación, ocurren los hechos de la presunta tortura.
Norberto Suárez Gómez se desempeñó hasta el pasado 31 de diciembre como delegado de la PGR en Chihuahua, día en que fue detenido por su presunto involucramiento en actos de supuesta compraventa de plazas, junto con el ex subdelegado de la institución en esa entidad José Manuel Díaz Pérez (prófugo desde el 15 de febrero, cuando se evadió de la casa en que lo tenían arraigado).
El ex funcionario fue sometido a un arraigo judicial en la casa número 87 de la calle de Santa Ursula Xitla, en la delegación de Tlalpan, ahí permaneció hasta el 28 de febrero, cuando fue consignado al juzgado segundo de distrito en materia de procesos penales, con sede en Toluca, acusado de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.
Suárez Gómez habría sido torturado el 27 de febrero por cuatro agentes federales, los cuales estaban a cargo de su custodia, y presuntamente le habrían exigido que ante una grabadora formulara declaraciones contra Alfonso Navarrete Prida, ex subprocurador de Coordinación General y Desarrollo, de la PGR.