MIERCOLES Ť 18 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Se presentó una investigación en proceso como un acto de corrupción comprobado, dijo
Reprueba Luján el uso parcial de información contra Rosario Robles
Ť Acusa el panista Widmer López a la funcionaria de fungir como "tapadera" de irregularidades
Ť Debe conformarse un órgano de fiscalización independiente del gobierno: Democracia Social
LAURA GOMEZ Y GABRIELA ROMERO
La contralora general del DF, Bertha Luján, criticó el uso "parcial" de información, a partir de su informe, para descalificar el desempeño de la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles, y presentar, de manera "indebida", los 5 mil 984 millones de pesos "pendientes de aclarar, como actos de corrupción o delitos comprobados". Dijo que la cifra antes descrita representa la suma total de los resultados de la revisión de todas las dependencias y de la gestión pública de administraciones anteriores.
Dijo: "Quiero aclarar que dicho monto no implica necesariamente desvíos o incumplimientos".
La contralora consideró "moralmente reprobable esta actitud", pues inhibe la eficacia de los procesos de investigación, cuando aún continúan. Dijo: "No debemos confundir el desarrollo de una investigación con su resultado y tampoco considerar como desvíos o irregularidades los montos pendientes de comprobar", dado que se encuentran en su etapa de sustentación y aclaración por parte de los servidores públicos responsables de cada una de las áreas.
En su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa, Luján aseguró que "no acusaré a nadie sin argumentos ni responderá a presiones en aras de crear escándalo o fortalecer intereses ajenos al beneficio de los ciudadanos".
Al contrario, dijo, se respetará la confidencialidad que la ley impone y se informará a la sociedad cada vez que se concluya una investigación relevante, pues tan importante es promover y practicar una cultura de transparencia y legalidad, como manejar responsablemente la información.
Con hora y media de retraso y ante el grito de apoyo de uno de sus colaboradores, quien desde uno de los balcones le gritó: "šDuro! šDuro!", la funcionaria ingresó al salón de plenos para escuchar primero los posicionamientos de los partidos.
Luego, en su turno, afirmó que la corrupción en el servicio público se da históricamente, en un contexto complejo en el que intervienen normas y procesos administrativos. Y muchos de los esquemas tienen décadas operando como hoy se padecen.
Ante la indiferencia de muchos de los legisladores, Luján anunció que en los próximos dos años se impulsarán 10 programas especiales para avanzar en el combate a la impunidad, alcanzar la meta de cero corrupción, aumentar la eficiencia y promover la rendición de cuentas.
Para ello, agregó, se contará con un programa emergente anticorrupción, que se llevará a cabo mediante operativos especiales de auditorías.
También habrá un plan integral de reorientación y reorganización de las contralorías internas, una campaña para una cultura de prevención basada en la capacitación de los servidores públicos, una contraloría ciudadana, y un plan piloto de simplificación administrativa que dará respuesta expedita a las necesidades ciudadanas en la materia.
Además, se pondrá en marcha un plan de transparencia, una transformación normativa, una supervisión del plan de austeridad, un programa de auditoría 2001, y la agilización de las acciones de la contraloría.
Así lo dijo la funcionaria y destacó que información que antes era considerada como secreto de Estado, y que sirvió para ocultar el problema de corrupción pública, hoy está a disposición de todos los interesados.
El informe presentado por la contralora no respondió a las expectativas de los diputados de oposición, que de inmediato lanzaron sus cuestionamientos. En su oportunidad, el panista Walter Widmer López lamentó que la funcionaria continúe con la misma línea impuesta desde hace tres años, de fungir como "tapadera" de las irregularidades administrativas que afectan a la hacienda pública.
El legislador recordó que de los 61 casos remitidos por la Contaduría Mayor, 55 ya preconcluyeron sin sanción de por medio, y sólo cuatro no han prescrito.
Raúl Antonio Nava, de Convergencia por la Democracia, le pidió que diera a conocer las acciones que tomará para acabar con los actos de corrupción en materia de Transporte y Vialidad, pues no existe precedente de que se fincaran responsabilidades y actuara en consecuencia, pues los ex funcionarios siguen en sus distintas responsabilidades y uno de ellos incluso es jefe delegacional en Gustavo A. Madero, refiriéndose a Joel Ortega, quien fungió como titular de la Setravi.
Ante esta situación, el Partido Democracia Social, en voz del diputado Jaime Guerrero, se pronunció por que la dependencia se conforme en un órgano de fiscalización independiente, que represente los intereses de los ciudadanos y no mantenga relación con quienes debe cuidar.
Eugenia Flores, del PT, externó su preocupación por los mecanismos de incorporación de ciudadanos a los subcomités de adquisiciones gubernamentales y obra pública, pues no todos cuentan con facultades técnicas.
Acusación "a la ligera"
Las posiciones asumidas, principalmente por PRI y PAN, provocaron que la perredista Clara Brugada los acusara en tribuna de calumniar y desprestigiar a Rosario Robles. "Es increíble que utilicen de manera tan ligera la información entregada por la Contraloría General (...) sólo son calumnias basadas en la ignorancia y la mala fe, que tratan de desprestigiar una labor que hoy tiene continuidad".
La contralora, por su parte, se concretó a responder que la existencia de observaciones no quiere decir que haya una irregularidad, mientras no se comunique oficialmente a las áreas auditadas, para ser atendidas formalmente y presentando la comprobación necesaria para resolverlas antes de fincar responsabilidades, y se comprometió a responder las dudas pendientes en fecha posterior.
Así, luego de una comparecencia de casi tres horas, en la que pocas fueron las preguntas contestadas, la funcionaria salió del recinto acompañada por ocho colaboradores, quienes fungieron como personal de seguridad al empujar a los reporteros que trataron de cuestionarla. Bertha Luján sólo se limitó a contestar que hoy respondería a todas las dudas.
Lo ideal sería que la ex jefa de Gobierno otorgue el perdón a Reforma: Bernardo Bátiz
El procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, se manifestó ayer a favor de que la denuncia penal interpuesta por la ex jefa de Gobierno Rosario Robles, en contra del periódico Reforma, pudiera terminar "en una amigable composición". De no ser así, dijo, el caso seguirá adelante, y garantizó total imparcialidad durante el proceso.
Entrevistado al término de la reunión del gabinete de seguridad y gobierno, expresó: "yo espero que se presente alguna aclaración por parte del periódico y que la licenciada Robles pudiera otorgar el perdón; sería lo ideal, pero de lo contrario seguiremos adelante hasta que se resuelva el no ejercicio o el ejercicio de la acción penal".
Comentó que la averiguación previa 50/433/01-04, por los delitos de difamación y calumnias, se turnó a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Seguridad de las Personas e Instituciones, dirigida por Jesús Jiménez Granados, y que es la que atiende cuestiones relacionadas con el honor de las personas y por ende será la encargada de determinar si hubo dolo o intencionalidad en el acto reclamado.
Robles Berlanga presentó como elementos de prueba una carta que dirigió a Alejandro Junco de la Vega, director del mencionado matutino, el pasado 16 de abril, y la nota periodística de la reportera Carolina Pavón respecto al tema.
La Procuraduría de Justicia capitalina, a su vez, solicitará a la contralora Bertha Luján el Informe Ejecutivo de Actividades 2000 de esa dependencia, que es a lo que alude la referida nota informativa.
Ante la representación social comparecerían la contralora, Junco de la Vega y la reportera. RAUL LLANOS Y ANGEL BOLAÑOS