MIERCOLES Ť 18 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Clima de acoso contra defensores de derechos humanos, advierte el comité regional

Grupos de sicarios aterrorizan y asesinan indígenas en la Costa Chica de Guerrero

Ť El asesinato de Donaciano González obedecería a motivos políticos pues había denunciado la militarización, impunidad y extrema pobreza de la región: Limeddh

ROSA ROJAS

A pesar de que la Costa Chica de Guerrero y especialmente el municipio de Ayutla de Los Libres, donde el ejército realizó la matanza de El Charco, están militarizados, se han formado ahí ''grupos de sicarios profesionales que tienen aterrorizada a la comunidad y que con armas largas siguen asesinando a compañeros indígenas'', denunció el coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de esa región, Andrés Rubio Saldívar.

Mencionó que el 2 de abril de 2000 fue asesinado Galdino Sierra Francisco, de los comités eclesiales de base, y el pasado 7 de enero, tres individuos mestizos llegaron a la comunidad de Ocote Amarillo, a la casa de Donaciano González Lorenzo, indígena mixteco de 30 años de edad, tocaron a la puerta, entraron y lo acribillaron.

En la denuncia que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) hizo del caso se indica que ''existen fuertes razones para pensar que el asesinato obedece a motivos políticos'', ya que Donaciano venía denunciando ''la grave situación de militarización, impunidad y extrema pobreza que vive la región''.

Rubio Saldívar, así como Adriana Meza Velarde, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), y Judith Rodríguez, del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos AC, manifestaron que además hay un clima de acoso contra los defensores de derechos humanos en Guerrero.

El Ejército revierte denuncias

Detallaron que ha habido amenazas contra Rubio Saldívar por parte del comandante de la Policía Judicial de la zona de la Costa Chica, y el Ejército, ''que supuestamente está para dar seguridad, en vez de investigar y detener a alguien en relación con las denuncias, nos las revierte y se ha dedicado a investigar a los defensores de derechos humanos y a periodistas que publican las denuncias'', indicaron.

Ante esta situación, Rubio Saldívar informó que, a sugerencia de integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, decidió salir temporalmente de Guerrero para salvaguardar su integridad física.

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Costa Chica -región habitada por indígenas mixtecos, tlapanecos, amuzgos y nahuatlacas que viven en pobreza extrema y cuya economía está controlada por intermediarios y caciques- se creó luego de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, cuando el Ejército dio muerte a 11 personas e hirió a otras cinco. Al citado comité pertenecen las comunidades eclesiales de base, el Comité de Viudas de El Charco, y dos organización no gubernamentales, una de ellas de mixtecos y tlapanecos.

''Este comité se ha abocado a la tarea de evitar que a la situación de El Charco se le dé carpetazo como ha ocurrido con la situación de Aguas Blancas de la Costa Grande, y ha impulsado talleres para presionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se manifieste en relación con el evento. En su recomendación 20/2000 la CNDH no se manifestó en los términos que se requerían con relación a la masacre; sin embargo, cuestionó el ocultamiento y manipulación de información por parte del ejército mexicano en relación con el evento de El Charco'', apuntó.

''Pero lo más peligroso, independientemente de estas denuncias de carácter institucional, es que nos siguen matando compañeros y entonces en principio nos enteramos de que grupos de sicarios de comunidades indígenas operan impunemente a pesar de los retenes del Ejército mexicano y la judicial. Esta información, que nos da la comunidad, nosotros la denunciamos ante un compañero periodista... de que la militarización no tiende a aflojar como se dice sino sentimos que en la región se refuncionaliza y se modifica de acuerdo con tácticas empleadas en otros países como en el caso de Guatemala o de Colombia, que se empiezan a formar los famosos grupos paramilitares que van a hacer un trabajo represivo alrededor de la comunidad y alrededor de posibles grupos insurrectos que nunca se ha demostrado plenamente su existencia en la región''.

Indicó que eso se publicó en diciembre de 1999 en el Sol de Chilpancingo y a nivel nacional e internacional vía Internet.

Como consecuencia de ello, por una parte se inicia un proceso de desestabilización del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, cuyo presidente municipal, de extracción perredista, Fortino Caballero Villalobos, un odontólogo de origen cristiano, se ha caracterizado por colaborar con la cuestión de los derechos humanos, ''él ha denunciado la situación de la militarización junto con gente del PRD, con gente del Frente Cívico Ayutlense que es una organización de la sociedad civil''. La situación se tensó más cuando un grupo de priístas y perredistas tomaron, el pasado 15 de enero, el palacio municipal, que aún sigue en su poder, exigiendo la destitución del presidente municipal, señaló Rubio Saldívar.

Añadió que además, el pasado 12 de febrero le llegó un citatorio, que dejaron por debajo de su puerta, el número 100, del agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 27/a zona militar, del Ticui, teniente J.M. Rafael Saldaña Julián para que se presentara ''para la práctica de diligencias ministeriales en las instalaciones del 48/o batallón de Infantería'', en Cruz Grande, Guerrero, el 20 de febrero.

El citatorio fundamenta esta requisitoria en ''los artículos 13 y 21 constitucionales, 36, 37, 38, 78, 83, 84, 522, 560 y 562 del Código de Justicia Militar y en relación con acuerdo dictado dentro de la Averiguación Previa número 27ZM/01/2001, que se instruye en esta Representación Social Militar''.

Rubio Saldívar indicó que consultados al respecto, ''abogados democráticos me dijeron que yo no era militar y que no estaba dentro de la jurisdicción militar y que no me podían convocar para empezar y que esto es como consecuencia de los artículos que ellos mismos citan, el 30 y el 21, que establecen que los civiles sean convocados por la autoridad civil para empezar. Esta es una inconsistencia de la averiguación del ejército que está incurriendo en actitudes ilegales por decirlo de alguna forma''.

Se elaboró entonces un documento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que por sus oficios, porque no es su jurisdicción, porque es militar, solicitara a la CNDH que el Ejército nos haga por escrito su demanda y en un lugar neutral nosotros respondamos por escrito.

''Y en vez de que nos responda la CNDH, nos visita al local del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos el agente del Ministerio Público Militar y me empieza a interrogar y él me argumenta que denunciamos públicamente que yo había sido amenazado de muerte por parte del Ejército y por parte de la judicial. Esto no es cierto, yo nunca he denunciado eso, lo que a nosotros nos preocupa y por eso recurrimos a los medios, es que en una región militarizada siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y en vez de que los responsables de la seguridad, que han tenido en el caso de la masacre del El Charco un comportamiento terrorista, en vez de investigar a los que señala la sociedad civil, tratan de demostrar inconsistencia por parte de ésta en sus denuncias... desarrollan actividades intimidatorias''.

Meza Velarde y Rodríguez indicaron que la visita del MP militar, teniente Rafael Saldaña Julián, se dio la semana pasada. Este, dijeron, ''irrumpió en las oficinas del instituto vestido de civil, sin identificarse, sin presentar ninguna autorización oficial, se apoderó de la llave de la puerta, que estaba pegada en la cerradura'', y procedió a interrogar a Silvia Castillo, que se encontraba en ese momento en la oficina con su bebé de dos meses de nacido. Ella le contestó al militar que él no tenía nada que hacer ahí, que ya se había establecido que cualquier tipo de averiguación se iba a realizar a través de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos''.

Entonces llegó al local Rubio Saldívar y el militar ''me empezó a interrogar en forma acosante'', señalando además que ''ellos (el ejército) tienen información de que yo no estaba en México''. Meza Velarde mencionó que ya antes la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Vianey Castorena, había ''soltado informaciones un poco extrañas diciendo que por parte no sé si del Ejército, habían vertido la información que sabían que Andrés... lo tratan de ligar a Sendero Luminoso''.

Los entrevistados insistieron en que ''es preocupante lo que está ocurriendo, siguen las matanzas, no se resuelven las cosas, en vez de investigar lo que se denuncia vienen a investigar a los denunciantes''.