Ť Métodos acordados con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Con una norma oficial y un modelo de examen psicofísico se pretende erradicar la tortura

Ť PGR y otras instancias idearon mecanismos que serán supervisados por Mary Robinson

Ť La práctica persiste pero ha ido decreciendo, asegura funcionario de la procuraduría

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) desarrolló un sistema de valoración y seguimiento médico, físico y psicológico para prevenir que personas detenidas por agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) sean torturadas.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Na-cional, la Armada de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones federales elaboran lo que será la norma oficial mexicana para abatir la tortura, la cual será supervisada y aprobada por la titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Robinson.

Hasta el momento se ha concluido el denominado modelo guía estandarizado para examen de integridad psicofísica, el cual servirá de base al convenio de cooperación técnica que la PGR estableció con la alta comisionada. El sistema ha sido propuesto a todas las procuradurías estatales y se espera que durante la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia, que se efectuará del 25 al 27 de este mes en Cancún, Quintana Roo, se apruebe como modelo de procedimiento único para los exámenes psicofísicos de los detenidos en todo el país.

Tanto este modelo como la instauración de una norma oficial mexicana para abatir la tortura forman parte de la primera fase del programa de cooperación técnica para México firmado por el presidente Vicente Fox Quesada y Mary Robinson, así como de los compromisos asumidos por la PGR dentro del programa 25 Acciones para el combate a la tortura.

El modelo guía

La exposición de motivos que da sustento al modelo guía estandarizado para examen de integridad psicofísica --desarrollado por la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos de la PGR, a cargo de Mario Alvarez Ledesma-- asevera que "la dignidad humana es una característica fundamental inviolable del ser humano, de la que se deriva el respeto absoluto a la integridad corporal y psíquica de todas las personas y, en especial, de aquellas que por algún motivo se encuentran involucradas en una investigación ministerial; por lo que se requiere adoptar medidas necesarias para asegurar que los hechos que pudieran constituir alguna violación a los derechos humanos sean identificados y erradicados de las instituciones de procuración de justicia, las cuales son un pilar fundamental para la vigencia del estado de derecho".

El documento, del cual La Jornada tie-ne copia, añade que "es necesario que las actuaciones ministeriales se apeguen estrictamente al respeto de los derechos humanos, y el presente modelo responde al reconocimiento nacional e internacional del papel que cumple la ciencia legal o forense como instrumento idóneo para detectar lesiones, pruebas de torturas o malos tratos, y toda forma de violencia, así como el estado clínico integral del estado de salud de las personas".

Con la puesta en marcha de este sistema de valoración, la PGR pretende que "ninguna acción ilícita que atenta a la integridad física o psíquica pueda quedar impune, y también evidenciará acusaciones falsas de esta naturaleza, por las que servidores públicos honorables pudieran verse afectados".

El documento reconoce que "la autoridad no puede cometer delitos para perseguir criminales, y el Estado, con todo su poder, debe salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas detenidas o puestas a disposición del Ministerio Público, independientemente de la gravedad de su delito, su peligrosidad y sus condiciones particulares".

Agrega que "vale la pena recordar que durante el primer año de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la tortura ocupó el primer lugar en los actos calificados como violatorios de los derechos humanos, con 446 casos de un total de 3 mil 256", y que el mayor número de recomendaciones se emitieron a la PGR y las procuradurías estatales, "por lo que es necesario establecer nuevos instrumentos y medidas, que procuren la prevención de ésta".

El modelo guía, además de incluir las preguntas "¿dónde torturaron o lesionaron al quejoso?" y "¿qué lesiones presentaba?" ahora también inquirirá "¿cómo lo torturaron?", lo que según el documento significa avances para descubrir desde el Ministerio Público a los presuntos responsables de las agresiones, aun cuando no se encuentren huellas físicas externas.

La pretensión de la autoridad federal es que toda alteración de la salud de los detenidos sea documentada a través de un examen médico clínico integral, y que se dé un "seguimiento escrupuloso" médico y jurídico a los casos en que exista tortura o alteración de la salud.

Otra de las pretensiones de la procuraduría federal es "evitar el encubrimiento de las torturas, debiendo los agentes del Ministerio Público y los peritos médicos legistas o forenses evitar que se soslayen en el acto pericial y ministerial" estas acciones, y homologa los criterios de aplicación de los exámenes legal y forense.

De manera directa, el sistema consigna si los procedimientos se llevaron a cabo en privado; si existió presencia de personal de seguridad o de otro tipo; si durante el examen estuvieron presentes traductores o intérpretes (en caso de extranjeros o indígenas); si los detenidos presentan síntomas de farmacodependencia; requiere un reporte descriptivo de la captura y si está ligada a las lesiones y estado de salud del detenido; si durante la exploración clínica se sospecha de lesiones internas y de qué tipo; si se encontraron lesiones externas, así como la determinación forense de la mecánica de la producción de las lesiones y el número de ellas.

Se establece una tabla en la que se debe estipular el tipo de lesión, desde una contusión hasta una fractura, pasando por escoriaciones, mordeduras, heridas, equimosis, quemaduras y otras. Asimismo la ubicación anatómica de las lesiones, de la cabeza a los pies, y en especial en los dedos, las orejas, los genitales y la pelvis.

El sistema cuenta con un apartado de conclusiones en el que se señala si el detenido pudo haber recibido malos tratos, golpes, amenazas y si las lesiones fueron provocadas por causas mecánicas (con algún objeto), térmicas (quemaduras), eléctricas (descargas), químicas (solventes, entre otros) o biológicas; y también la gravedad y consecuencias de éstas.

Además, los agentes del Ministerio Público y peritos deben señalar de manera precisa si el detenido requiere de atención médica especializada y sus lesiones deberán "fijarse" fotográficamente. El examinado debe conocer el resultado del estudio y firmar si está conforme con el procedimiento. Los peritos que llevaron a cabo el examen deben estampar su nombre y firma en cada uno de los reportes.

La norma

Por lo que se refiere a la norma oficial mexicana, por primera vez existirá un procedimiento técnico con una certificación inicial en todas las áreas donde pueden llevarse a cabo acciones para prevenir la tortura, y se trata de que no sea efectivo para una sola institución, aseguró Mario Alvarez Ledesma.

Entrevistado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde inauguró el taller Combate a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el director general de Protección a los Derechos Humanos de la PGR informó que las instituciones que preparan la norma pretenden que a mediados de mayo se tenga el primer proyecto.

El proyecto de norma será presentado al equipo de Mary Robinson, ya que el gobierno tiene varios compromisos con el Alto Comisionado de la ONU, entre ellos este acuerdo de colaboración para terminar con la tortura, y en el curso de este año se tendrán resultados definitivos para su puesta en operación, dijo.

El ex primer visitador de la CNDH reconoció que en la PGR aún se cometen actos de tortura, pero "esto se ha reducido sustancialmente, lo que se pretende es erradicarlo, y creo que será a corto plazo, ya que de ser la primera y segunda causa de violaciones a los derechos humanos que se presentan por parte de servidores públicos de esta institución, ha pasado a ser la tercera causa. La primera es la detención ilegal desde 1990 a la fecha".