Ť Realiza modificaciones a los apartados de autonomía y libre determinación

El PRI dio a conocer su proyecto de ley indígena

Ť La propuesta será presentada mañana a la subcomisión dictaminadora del Senado

Ť Legisladores aseguran que "suma todas las voluntades", pero las "rebasa y va más allá"

ANDREA BECERRIL

Después de una fuerte discusión interna, prolongada por varios días, el PRI presentó ayer su propuesta de ley indígena, que en términos generales retoma el contenido del proyecto de dictamen elaborado por el presidente de la subcomisión dictaminadora del Senado, Manuel Bartlett, pero con una serie de modificaciones en aquellos puntos más controvertidos de la iniciativa de la Cocopa, como autonomía y libre determinación, y los usos y costumbres en lo referente a impartición de justicia.

La propuesta del PRI, que ayer dio a conocer el senador Carlos Rojas, incluye asimismo precisiones jurídicas encaminadas a garantizar la unidad y la integridad nacional y territorial, además de incluir de manera específica la prohibición de toda práctica de discriminación, y abundar en el capitulado referente a una serie de obligaciones del Estado en materia económica y social, que permitan abatir carencias y rezagos en las comunidades indígenas.

En conferencia de prensa, Rojas precisó que los cambios incluidos en la propuesta priísta son producto de 48 horas "de un debate muy intenso y de un trabajo de análisis muy cuidadoso", y tienen la intención de clarificar los derechos indígenas, que serán elevados a rango constitucional, "de tal manera que no dé lugar después a problemas graves".

La discusión comenzó en realidad desde el lunes pasado, en que la fracción del PRI analizó la posibilidad de presentar su proyecto de dictamen, que debería ser cotejado después por las demás fuerzas políticas para entregarlo a la subcomisión dictaminadora de la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas ?elaborada por la Cocopa?, que preside el también priísta Manuel Bartlett.

No hubo acuerdo ese día en la fracción priísta, que no aceptó el proyecto de dictamen de la subcomisión que redactaron Bartlett y el propio Carlos Rojas, y que fue entregado a PRD y PAN el jueves pasado. La discusión fue fuerte, ya que los juristas de la fracción, de manera concreta el senador David Jiménez, además de la chiapaneca Arely Madrid y Alejandro Gutiérrez, entre otros, exigieron que se hicieran las adecuaciones necesarias en los conceptos de autonomía y libre determinación, con el objeto de evitar después problemas como invasiones de tierras.

Continuará el cabildeo

La discusión continuó el viernes y ayer sábado, en que finalmente quedó prácticamente listo el proyecto priísta que presentarán formalmente el lunes a la subcomisión dictaminadora, aunque previamente seguirá el cabildeo entre PRI, PAN y PRD a nivel de coordinadores.

El documento del tricolor, según precisó Rojas, retoma la estructura propuesta en el proyecto de dictamen de Bartlett, por el que se propone crear un artículo 2 constitucional donde se incorporen las garantías y derechos de los pueblos indígenas, además de las obligaciones que tiene para con ellos el Estado, lo cual se apega "a la tradición jurídica y constitucional mexicana de organizar en un solo artículo temático un conjunto de derechos, como ocurrió con el 27, para la propiedad; el 123, para los trabajadores; el 115, para el municipio libre".

Además, insistió el ex secretario de Desarrollo Social, al ubicar la propuesta al inicio de la Constitución se le reconoce la mayor relevancia y valor jurídico a los derechos de los pueblos indígenas.

Para lograr ello, lo que ahora contiene ese artículo 2 se traslada al primero, al que además se agrega un párrafo "de gran reelevancia porque prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación, sea  por origen nacional o étnico, género, religión, condición social, opinión o preferencia, discapacidades físicas o mentales, de salud o de edad.

Detalló luego el contenido de las demás modificaciones. Desde el principio, el PRI plantea una nueva definición de pueblos indígenas, la que "reafirma el carácter único e indivisible de la nación mexicana; mantiene el reconocimiento del origen pluricultural de la nación, ya establecido en la Constitución; establece que la conciencia de identidad indígena será un criterio para determinar a los grupos a los que se aplicarán estas disposiciones".

Por lo que se refiere a otro de los puntos más discutidos de la iniciativa de la Cocopa, la definición de comunidades, integrantes de un pueblo indígena, los senadores priístas proponen que sea "aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres".

En cuanto al concepto de libre determinación, en el documento priísta se establece que ésta "se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional". Para ello, acota, "las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público".

El artículo 2 constitucional, tal como se propone en el proyecto de la fracción del PRI ?al igual que en el predictamen? está conformado por tres partes, y en el inciso A se reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. Los priístas proponen nueve fracciones para desglosar ese derecho, entre ellas: aplicar, en sus comunidades, sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, garantizando la participación de las mujeres.

Vienen luego los cambios a la cláusula referida al uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, que propone la iniciativa de la Cocopa. En el proyecto de dictamen presentado por Bartlett la redacción es la siguiente: "con respeto a las modalidades de propiedad establecidas en esta Constitución, a los derechos adquiridos por terceros y cuando así lo decidan conforme a sus normas internas, acceder de manera colectiva o individual al uso y disfrute de los recursos naturales comprendidos en los lugares que habitan y ocupan, sobre las cuales las leyes reconocerán el derecho de preferencia, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la nación".

La propuesta del PRI va más allá y establece que los indígenas podrán "decidir, conforme a sus normas internas y con respeto a las modalidades de la propiedad establecidas en esta Constitución y a las leyes en la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, el uso y disfrute de manera colectiva o individual de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos cuyo dominio exclusivo corresponde a la nación. Las leyes federales y estatales reconocerán el derecho de preferencia de los recursos naturales comprendidos en sus comunidades".

Igualemente, plantean que "los municipios mayoritariamente indígenas podrán asociarse para coordinar acciones económicas y sociales". En el caso de que pertenezcan a diferentes entidades deberán contar con la aprobación de las legislaturas locales.

Los priístas insisten en amarrar el concepto de autonomía a regulaciones locales. "En los municipios y en las comunidades indígenas, las constituciones y leyes locales reconocerán y regularán el derecho a elegir a sus autoridades y representantes, así como ejercer sus formas propias de gobierno interno conforme a sus tradiciones".

En el apartado B de ese artículo 2 se reafirma que son sujetos de derechos y obligaciones, y se destacan de manera especial, los derechos de la mujer indígena. Aquí se incluye todo lo referente a justicia para las etnias. Se precisa que en todos los juicios en que sean parte deberán tomarse en cuenta sus usos, costumbres y particularidades culturales. Se les garantiza el derecho de ser asistidos por intérpretes y traductores, pero se precisa que: "las constituciones y leyes locales establecerán los términos del reconocimiento a los usos y costumbres indígenas en materia de justicia, así como los casos y condiciones que requieran de validación por parte de jueces o tribunales".

Al apartado C, que había sido ya objetado de entrada por los senadores del PAN, por considerar que se está proponiendo una especie de programa de gobierno, los senadores del PRI le hicieron algunos cambios, a fin de definir acciones específicas que la Federación, los estados y los municipios deberán llevar a cabo en materia de educación, salud y nutrición, vivienda y otros aspectos sociales, a fin de abatir rezagos y marginación en los pueblos indígenas.

En la conferencia de prensa, Rojas estuvo acompañado por los senadores David Jiménez, Araceli Escalante y Martha Tamayo, quienes insistieron en que se trata de una propuesta que "suma todas las voluntades" y al mismo tiempo "las rebasa y va más allá".

Rojas comentó que aunque hay ya "un consenso pleno" de la fracción del PRI, seguirán trabajando en el proyecto, y expresó su confianza en que el lunes, en que la presentarán a la subcomsión dictaminadora, logre el consenso con PAN y PRD.