domingo Ť 22 Ť abril Ť 2001
José Agustín Ortiz Pinchetti
DF: reforma a la vista
La reforma del Distrito Federal es un hecho político de gran trascendencia, sin embargo no es una causa popular. Los habitantes de la capital están mucho más preocupados por la inseguridad, la falta de empleo y la contaminación. Por la falta de agua en el estiaje y el exceso de agua en el pluvioso. Las reformas institucionales son muy importantes aunque no sean populares porque significarán mayor poder del gobierno y mayor equilibrio entre los poderes y con ello el aumento de la capacidad del Estado para mejorar la vida en la capital y superar 30 años de decadencia económica y 20 años de "crisis".
La reforma integral del DF es necesaria a pesar de los avances logrados en los últimos 15 años. Elegir por voto popular al jefe de Gobierno, a los delegados políticos y a los diputados de la Asamblea Legislativa es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista el gobierno democrático con plenitud de poderes en la capital; para ello sería indispensable:
1. Que los habitantes de la ciudad de México contáramos con un instrumento propio que permita tanto desarrollar y garantizar nuestros derechos locales como definir la integración, funcionamiento, responsabilidades y límites de los órganos de nuestro gobierno. Es decir, se necesita una constitución política local que actualmente no tenemos.
2. Que las dos terceras partes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados aprueben una reforma constitucional en la que se establezcan con claridad las responsabilidades y la autonomía del gobierno de la ciudad, correspondientes tanto a su naturaleza política como entidad federativa, como al carácter electo y representativo que tienen sus autoridades desde 1997. Es decir, habría que eliminar de la organización constitucional actualmente impuesta al Distrito Federal todas las disposiciones que obstaculizan el buen funcionamiento del gobierno autónomo y responsable del Distrito Federal y atentan contra su carácter representativo, tales como:
La posibilidad de que una mayoría partidista de senadores pueda, sin más freno que la opinión pública o sus propias conveniencias políticas, remover al jefe de Gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.
La ambigüedad de responsabilidades que tienen el procurador y el jefe de la policía dado el carácter "compartido" entre el Presidente de la República y el jefe de Gobierno del nombramiento de estos funcionarios responsables de la seguridad pública y la aplicación de la ley. Estas prescripciones constitucionales, lejos de dar "seguridad a los poderes federales" sólo se prestan a posibles maniobras, debilitan la autoridad que el jefe de Gobierno debe tener en una cuestión tan delicada como esta y pueden prestarse a que se diluyan las responsabilidades.
La deliberadamente limitada autonomía legislativa de la entidad, dado que la Asamblea Legislativa del DF sólo puede legislar de acuerdo con las facultades expresamente concedidas y no, como debería corresponder a su carácter de entidad federativa y al buen funcionamiento de su autogobierno, teniendo sólo por límite la Constitución y las leyes que de ella se derivan.
La absoluta discrecionalidad con la que cuentan el Presidente de la República y la mayoría del Congreso para aprobar el endeudamiento que los proyectos de mejoramiento urbano y los servicios públicos requieren. Esta disposición más que garantizar cierta racionalidad económica, en realidad ha mostrado que sólo sirve para el endeudamiento irresponsable (1994-1997) o para la manipulación política por encima de las necesidades de la ciudad de México (aprobación del presupuesto para 1999).
3. Que se reorganice el actual gobierno de las delegaciones políticas de acuerdo con el carácter electo que tiene a partir del año 2000. Es indispensable que antes de que se elijan los nuevos órganos de gobierno de las delegaciones queden claramente establecidos cuáles serían tanto su ámbito presupuestal y responsabilidades autónomas como sus mecanismos de coordinación e integración con los órganos de gobierno y administración central de la ciudad.
Por todo ello debemos impulsar una reforma política integral bloqueada en 1998 y en 1999. Hoy lentamente empiezan a construirse los consensos entre las fuerzas políticas que pueden determinar una reforma para el Distrito Federal. No una reforma regateada, no un parche más. Sino un acto fundacional, una estructura jurídica y política que podamos legar a la siguiente generación.