DOMINGO Ť 22 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Es un atentado contra la administración de justicia, indican organizaciones humanitarias

Decisión política, la liberación de once integrantes de Paz y Justicia

Ť Los exoneraron el jueves de los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, motín y otros

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 21 de abril. La liberación de los once integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, efectuada la madrugada del jueves, fue una decisión política y un atentado contra la administración de justicia, acusan organizaciones humanitarias.

Pese a decenas de testimonios y pruebas gráficas en su contra, los dirigentes del principal grupo de civiles armados que operan en Chiapas fueron exonerados por un juez federal de los delitos de terrorismo, motín, asociación delictuosa, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.

La Procuraduría General de Justicia del Estado también negó detenerlos más tiempo en el penal de Cerro Hueco, pese a poseer unas 30 averiguaciones previas en su contra por delitos que van desde homicidio hasta daños y lesiones.

La noche del pasado miércoles les fue notificado al ex diputado del PRI Samuel Sánchez Sánchez, al líder de la zona norte Marcos Albino Torres y a otros nueve indígenas que fueron detenidos por haber participado en el desalojo de habitantes del predio Paraíso, de Yajalón, que alcanzaban la libertad bajo caución.

Sólo dos de los once detenidos tuvieron que pagar una fianza de tan sólo 36 mil pesos, según el dictamen del Tribunal Unitario de Circuito, a cargo del magistrado Humberto Castañeda Martínez.

Los exoneran de delitos graves

El veredicto exonera a los presuntos paramilitares de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, delincuencia organizada, motín y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, por considerar que no existen los suficientes elementos probatorios en su contra.

Castañeda Martínez estableció que Samuel Sánchez, Marcos Albino (ex cabo del Ejército Mexicano) sólo son presuntos culpables de despojo y daños -considerados como delitos no graves-, por lo que les fijó la fianza de 36 mil pesos.

Una vez pagada tal cantidad, los supuestos paramilitares salieron del penal pasada la media noche y con rumbo desconocido.

Estas personas fueron detenidas en octubre de 2000 por la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados, dependiente de la PGR. Esta oficina consideró histórica la detención y la calificó como el inicio de los procesos penales que habrían de seguirse contra los civiles armados que operan en Chiapas.

Según consta en el expediente 188/2000, integrado por la Unidad Especializada contra el máximo líder de Paz y Justicia, Samuel Sánchez, así como contra el legislador local Raymundo Hernández Trujillo, existieron unas 20 declaraciones que los señalaban como las personas que proporcionaron al comando armado que desalojó a un grupo de indígenas del predio Paraíso, del municipio de Yajalón, el 4 de agosto del mismo año.

También acusaban a Marcos Albino Torres, el líder local del grupo armado -ahora conocido como Unión de Campesinos Agrícolas y Forestales debido a una escisión.

Samuel Sánchez, Marcos Albino y otros nueve indígenas choles fueron consignados como presuntos responsables de los delitos de terrorismo, motín, asociación delictuosa, delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, daños y despojo.

En su primera comparecencia ante el juez, a los detenidos les fueron leídas declaraciones de los indígenas desplazados de Paraíso que explicaban que el grupo que los desalojó estaba apoyado por "personas vestidas con uniforme semejante al de la Policía de Seguridad Pública que decía Protección Ciudadana Tumbalá-Chiapas y portaban armas de alto poder".

También los señalamientos de otros campesinos pertenecientes al propio grupo que efectuó el desalojo -por considerar que el predio en disputa les pertenece-, como los de Manuel Méndez Mendoza, Reynaldo Méndez Mendoza, Mauricio Mendoza Cruz y Gustavo Pérez Mendoza, detallaron que su líder, "Mario Cruz Pérez (también detenido) trajo a un grupo de personas vestidas con uniforme azul, que portaban armas de alto poder".

Estas personas las trajo el ex diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez, el actual diputado Carlos Raymundo Trujillo y Marcos Albino Torres. Vinieron a apoyarnos, a brindarnos protección", subrayaron los campesinos en su declaración contenida en el expediente penal 188/2000.

Los agraviados identificaron a la persona que logró ser fotografiada por varios periodistas en el predio Paraíso a las pocas horas del desalojo -quien portaba un arma larga, iba uniformado y con el rostro parcialmente cubierto por un paliacate tipo militar- como El Pancho, o Norberto Alvaro Guzmán, originario de Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá.

Explicaban que esa persona y los otros de los armados provenían de la misma comunidad, pertenecieron a la Unidad de Protección Ciudadana de dicho municipio, en donde incluso llegaron a ser comandantes por la experiencia que tenían al haber sido miembros del Ejército Mexicano.

Otras testimoniales subrayaron que tanto Samuel Sánchez como Raymundo Trujillo, días después del desalojo, acudieron personalmente al predio, "iban con uniforme azul y la cara cubierta, pero al llegar se la destaparon y los pudimos ver".

Sin embargo, estas y otras pruebas presentadas por la Fiscalía Especial de la PGR fueron desestimadas por el Tribunal Unitario, quien les otorgó a los detenidos la libertad bajo caución.

El dictamen establece que los inculpados sólo serán juzgados como presuntos responsables de los delitos de daños y despojo, derivados del desalojo del predio de Yajalón.

Impunidad por votos: organismos humanitarios

La liberación de los presuntos paramilitares fue cuestionada por organismos humanitarios que operan en la zona de influencia del grupo armado. La Red de Defensores por los Derechos Humanos denunció que la liberación de los once detenidos obedeció a un pacto político entre las autoridades federales y estatales, que cambiaron "impunidad por votos".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas consideró que la liberación obedeció a una decisión política que constituye "un atentado contra la administración de justicia".

La Red de Defensores, conformada por indígenas de diversos municipios donde opera Paz y Justicia, aportaron pruebas y testigos del desalojo en Yajalón, que dio elementos para la aprehensión de los paramilitares y arrojó las primeras evidencias de la existencia de los grupos armados.

Ahora, se manifiestan defraudados y engañados por las autoridades federales y estatales y exigen la destitución del jefe de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados, Armando del Río Leal.

"Desde que se dio su detención -de los paramilitares- advertimos la inminencia de su liberación. Su detención fue sospechosa y hoy lo ratificamos. Se cambiaron votos por impunidad". Explican que la Unidad Especializada de la PGR no presentó las pruebas necesarias para sostener las acusaciones.

En un boletín de prensa, el Cdhfbc explica que con la liberación se ignora las múltiples denuncias de víctimas y familiares de los desaparecidos en manos de los paramilitares, y ahora "se han quedado indefensos y a merced de las vendettas previsibles de Paz y Justicia".

Finalmente, la Red de Defensores explica que en manos de la PGJE existen 31 averiguaciones previas por delitos cometidos por algunos de los ahora liberados, durante 1995 y 1997.