LUNES Ť 23 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Alerta consejero de la Judicatura sobre riesgos por sobrecarga de trabajo
La insuficiencia de recursos económicos, causa del rezago judicial, afirma Sánchez Bringas
Ť Insta al Poder Legislativo a cumplir con su función y a modificar las "leyes barrocas"
CAROLINA GOMEZ MENA
De contar con el número de jueces acorde con la población, leyes que agilicen los procedimientos y un presupuesto que permita crear órganos judiciales (tribunales y juzgados) adecuados a la demanda, en una década México podría tener un sistema de administración de justicia federal absolutamente moderno y eficiente, consideró Enrique Sánchez Bringas integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En entrevista, el consejero refirió que las restricciones que sufre cada año la asignación de recursos para el Poder Judicial -este año el CJF solicitó 16 mil millones de pesos que no le fueron dotados- impiden abatir los rezagos.
Sánchez Bringas, quien es presidente de la comisión de creación de nuevos órganos del CJF, señaló que para este año se tenía programado crear 60 juzgados de distrito, a fin de aminorar la carga de trabajo en los ya existentes y abrir la cobertura hacia regiones desatendidas, pero dada la poca disponibilidad de dinero sólo se instalarán 34 tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito.
Advirtió que esto provocará que se mantenga el déficit en la materia, además de que no disminuirán los tiempos de resolución de los procesos judiciales debido a que los 715 jueces y magistrados federales tendrán una gran carga de trabajo, en promedio, 300 casos al año, mientras para los nueve juzgados federales de distrito radicados en los reclusorios capitalinos los asuntos que deberán conocer seguirán siendo de entre 600 y 700 para el mismo lapso.
Eternización de los procesos
Según estadísticas del Poder Judicial, cada año los 715 jueces deben resolver una excesiva cantidad de asunto, por lo que "hacen milagros para sacar todo lo que tienen a su cargo". Esta situación provoca que en ocasiones se "eternicen" los juicios, por lo que la queja más recurrente que llega al CJF es la de dilación, es decir, se exceden los plazos legales sin que haya una aparente justificación para la demora.
Por esta razón, agregó Sánchez Bringas, la mayor parte de las inconformidades que las partes litigantes hacen llegar al CJF no determinan sanción para el juzgador, ya que después del análisis correspondiente se le exime de la acusación por la sobrecarga de trabajo.
Planteó que gran parte de los jueces, magistrados y secretarios de acuerdos, además de cumplir la jornada laboral, deben "llevarse trabajo a sus casas" para desahogarlo por las noches o sábados y domingos.
Dijo que se considera que un juez incurrió en negligencia cuando durante un juicio han pasado más de seis meses sin que emita su decisión. No obstante, reveló el consejero, hay juzgados en que debido a la cantidad de trabajo los asuntos tardan hasta nueve meses en resolverse, mientras en países con sistemas de justicia modernos, como Inglaterra o China, ningún caso excede medio año
Apuntó que otra consecuencia de la escasez de órganos judiciales e impartidores de justicia (en Francia, para una población de 60 millones de habitantes existen 60 mil tribunales) es el riesgo de que se emitan resoluciones erróneas, especialmente cuando se trata de casos de gran envergadura o importancia.
Sánchez Bringas consideró que es necesario modificar "las leyes barrocas" que entorpecen la fluidez de los procedimientos penales. El juez, aseveró, "no ejerce una función arbitraria", sino que debe ceñirse a la ley, a cada uno de los pasos que ésta señala, por lo que no pueden apresurarse las diligencias u omitirse procedimientos para desahogar los asuntos.
Indicó que es responsabilidad del Poder Legislativo dotar al Judicial de leyes más expeditas y modernas que permitan resolver los casos con calidad y prontitud. Subrayó que en países como España o Francia "un solo juez lleva un asunto desde el principio hasta el final, por lo que no le pueden llegar con 300 casos más, como ocurre en México", si no que como máximo atiendecien.
El CJF fue creado en 1995 debido a la necesidad de contar con un órgano autónomo especializado que administrara, vigilara y disciplinara al Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su figura se inspiró en instancias similares existentes en España, Alemania e Italia, entre otros países.