Andrés Barreda, analista de la UNAM

"El Plan Puebla Panamá, renovado proyecto porfirista"

MARIA RIVERA Y MIREYA CUELLAR

El Plan Puebla-Panamá se asemeja más a un proyecto porfirista que a una verdadera respuesta para atemperar los desequilibrios económicos entre el norte y el sur del país. Tras el proyecto foxista se enconde la intención de convertir el sureste en una plantación de productos tropicales; la creación de un muro de contención para regular los flujos migratorios mediante la maquila; la privatización del agua y las fuentes de energía, y la explotación de la riqueza más grande de la región, la biodiversidad, para los transgénicos.

Desde antes de su presentación oficial, la apuesta más ambiciosa del gobierno fue impugnada por algunos de sus aparentes beneficiarios, entre ellos los zapatistas. "Ya no habrá ningún plan ni proyecto de nadie que no nos tome en cuenta", fue el mensaje enviado por el subcomandante Marcos, el 26 de febrero, a la elite reunida en Cancún. Ser la respuesta oficial a la pobreza del sureste mexicano no lo ha vuelto el programa más conocido ni el más popular.

El analista Andrés Barreda advierte que resulta complicado ofrecer un panorama exacto del plan porque no hay un documento acabado, exhaustivo, de parte del gobierno, hecho que hasta Florencio Salazar, coordinador del Puebla-Panamá, ha reconocido. Existen una serie de documentos de referencia, entre ellos El sur también existe, elaborado, entre otros, por el hoy director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy.

Ese trabajo critica el desarrollo desigual que tiene actualmente el país, y lo atribuye a la intervención centralista del Estado mexicano, que no permitió el funcionamiento libre de las leyes del mercado. Como estas leyes no operaron, no se hicieron valer las ventajas comparativas de cada región. Esa es su explicación de por qué el sureste se rezagó tanto.

El diagnóstico no tiene problema -conviene el doctor en geografía económica- el conflicto comienza con las soluciones propuestas para superar esta marginación. Cuando se habla de que deben operar las leyes del mercado, se refieren al mercado internacional, a la subordinación del ciclo de reproducción de la fuerza de trabajo a Estados Unidos. Y por ejemplo, cuando el documento menciona que el sur debería desarrollarse bajo ciertas perspectivas, éstas son muy parecidas a la propuesta porfirista de convertir al sureste en una región de agroexportación.

Castigo a los agricultores

Señala que en los últimos sexenios se ha venido castigando a los agricultores del centro y norte del país, desmantelando deliberadamente la producción de cereales mexicanos para integrar la agricultura al circuito internacional, donde el este de Estados Unidos es el centro agrícola del hemisferio. En este esquema, al sureste mexicano le correspondería vender productos tropicales -mamey, mango y plátano, entre otros-y convertirse en el invernadero de transgénicos.

El maestro universitario indica que la biodiversidad es la riqueza más grande de la región, y que eso explica el interés del grupo Pulsar, del empresario Alfonso Romo, por Chiapas. Su corporativo es uno de los líderes mundiales en el manejo de semillas de frutas y hortalizas modificadas genéticamente -ya sea para lograr que un pepino tenga el diámetro de una hamburguesa, que para incrementar la producción del maíz-, con más de cien oficinas en todo el mundo. Remite a Cultivos del futuro, un texto en inglés editado por la empresa, para entender su interés por el sureste. Ahí se menciona que Chiapas es una región "de origen". Los biólogos le dan esa denominación a los lugares donde es posible encontrar especies intermedias de las plantas actuales, necesarias para revitalizar la agricultura mundial gravemente enferma por el abuso de fertilizantes y pesticidas. Paraíso para las empresas que manejan ingeniería genética. Las selvas tropicales chiapanecas, las sierras y las cañadas -donde coexisten ecosistemas propios del norte de Estados Unidos y del Amazonas- son una fuente de riqueza que atrae a muchos.

Además, argumenta Barreda, por esta misma región atraviesa el cinturón de jardines de corales del planeta, importantes porque son al mar lo que las selvas tropicales a la tierra en cuanto a biodiversidad. Y si no fuera suficiente, la zona concentra 30 por ciento del agua del país, y se prevé que debido al proceso de desertificación mundial concentrará aún más la precipitación pluvial, hasta llegar a 60 por ciento en los próximos años.

Pese a la paradoja de que es el lugar donde más agua cae y caerá, los mapas que presenta el texto de Santiago Levy prevén la introducción de sistemas de riego. "Imagino que será para invernaderos -indica el investigador-, pues Alfonso Romo ha venido hablando desde hace cuatro años de instalar un millar de éstos para el cultivo de transgénicos". De paso recuerda que las empresas del grupo Pulsar que ya funcionan en Tapachula tienen como máximo logro científico la producción de pepinos del diámetro de una hamburguesa. "Seguramente de esa manera Vicente Fox va a resolver los problemas del hambre", ironiza.

Puntualiza que en el contexto de la crisis internacional del agua, este elemento se ha vuelto fundamental, lo mismo para la agricultura que para la producción de energía.

De hecho el plan incluye varios proyecto, como la presa Boca del Cerro -un sueño de la CFE desde 1986-, cuya construcción implicaría la inundación de ruinas arqueológicas y la destrucción del medio ambiente en una región prioritaria de conservación, como la ubicada en Ocosingo, en la frontera con El Petén.

Otro aspecto que es posible deducir del plan, apunta el analista de la UNAM, es la regulación de flujos migratorios mediante los corredores de maquila.

"En el país tenemos el flujo migrante más grande del planeta -tan sólo hay 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, diez millones recientes e igual número nacidos allá-, mientras que el segundo lugar lo ocupa Corea del Sur. Baste ver la diferencia entre el primero y el segundo sitios: un estado de la República, Oaxaca, tiene tres millones de migrantes. Estamos en medio de un flujo brutal". Pero no son únicamente mexicanos los que pretenden llegar hacia Estados Unidos en busca de mejores perspectivas de vida, el territorio también es transitado por personas de otras nacionalidades, sobre todo latinos, que lo ven como una vía de acceso para el vecino país. Ultimamente hasta chinos pasan por aquí". De ahí que otro de los propósitos de los corredores de maquila es el de convertirse en diques de contención, hecho que no corresponde tanto a las necesidades del país, sino a intereses de terceros países.

Por otra parte, explica el analista, la maquila propicia el desarraigo de los campesinos de sus tierras al reconvertirlos en obreros. Las parcelas abandonadas permitirían la restructuración de la economía del campo para dar paso a los proyectos de agroexportación.

"El Plan Puebla-Panamá no sólo implica maquila, aprovechamiento de recursos estratégicos, sino control de flujos migratorios y tránsito interoceánico. Respecto a esto último, las previsiones son de que en los próximos años el canal de Panamá quedará rebasado y se requerirá abrir vías alternas, sobre todo porque el centro económico mundial se está desplazando para Asia; de esta manera el mar de Indochina y el Caribe se convertirán en los más transitados del planeta. Y esto apenas está comenzando...".

Escenario de negociación complejo

Es compatible el plan con los acuerdos de San Andrés?

-El que se aprueben los acuerdos de San Andrés, aunque no se modifique ni una coma, los deja muy lejos de su aplicación. Se les puede estrangular mediante leyes reglamentarias o estatales. Apoyar la ley Cocopa no es nada definitivo, pero con esta negociación Fox adquiere más fuerza, pero también los pueblos indios. Vamos a entrar en un escenario de negociación más compleja, porque los acuerdos dan capacidad a las comunidades sobre el uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios.

"También elevarían la tasa media de democracia, porque el resto de los municipios dirá: 'si estas comunidades van a tener esos derechos, por qué los demás no'. Todo el país reclamará lo mismo. Ahí está uno de los conflictos para aprobar la ley: sentaría precedente para elevar los derechos democráticos.

"Paradójicamente, el plan requiere de mucha inversión y no se puede impulsar si en Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay guerra. Para echar a andar un verdadero proyecto de inversiones, lo primero que necesitan es pacificar la región.

"Los acuerdos de San Andrés no te frenan necesariamente los corredores de maquila. A lo mejor a la gente le conviene que haya uno en su tierra, siempre y cuando éste le sirva. Hay comunidades donde la maquila se ha convertido en una especie de autogestión, lo que permite evitar prostitución, trabajo infantil o contaminación.

"La maquila tampoco es el demonio. Si la gente la puede acotar es una posibilidad de empleo... aunque en condiciones muy difíciles. Digamos que genera una opción menos inhumana de insertarse en el contexto de la globalización".

Uno de los documentos base del Plan Puebla-Panamá es El sur también existe, escrito por Santiago Levy, Georgina Kessel y Enrique Dávila. En él se explica que la problemática de Chiapas es más amplia, al abarcar toda la región sureste del país, e indica que para superar su atraso requiere "un replanteamiento profundo de la política de desarrollo regional".

Sugiere ubicar la región en el contexto nacional, y resolver los "problemas estructurales" que han impedido el desarrollo. Su propuesta plantea "cambios de fondo de las políticas públicas".

Parte de que las políticas aplicadas por el gobierno federal en las últimas cinco o seis décadas implícitamente desalentaron el desarrollo económico de la región. Por eso se deben establecer medidas que corrijan las distorsiones.

Algunos de los indicadores que ofrece el documento son los siguientes: el sureste cuenta con 24 por ciento del territorio y 23 por ciento de la población. Aproximadamente 43 por ciento de sus pobladores está asentado en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes; es decir, que la mayor parte de su gente vive en comunidades rurales y dispersas. El porcentaje de alfabetismo entre los mayores de 15 años es de 80.8 por ciento, contra 91.7 por ciento del resto del país, y 21 por ciento de su población en edad escolar no sabe leer ni escribir.

La tasa de fecundidad es de 3.1 por ciento, contra 2.8 del resto de México. La esperanza de vida es menor que la media, 71.6 por ciento, contra 78.3, y la mortalidad infantil de Oaxaca y Chiapas es el doble de la del Distrito Federal. La conclusión es que el atraso social es, al mismo tiempo, causa y efecto de su atraso productivo.

Cuestiona también el centralismo de las políticas públicas. Por ejemplo, señala que la ciudad de México ha recibido cuantiosos subsidios en los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, transporte urbano e infraestructura educativa y carretera, lo que habría inducido a una concentración mayor.

Habla de la necesidad de descentralizar tanto el sistema ferroviario como el carretero, y menciona que una mayor conectividad del sureste con Estados Unidos no sólo beneficiaría a la región, sino al país en su conjunto. Propone la construcción de dos ejes carreteros, en el Golfo y el Pacífico, y una carretera que atraviese el Istmo, que los una (tal como está en el plan). También plantea la modificación de la infraestructura hidroagrícola, que hasta el momento sólo ha beneficiado al norte del país. Critica las restricciones del artículo 27, que han impedido la posesión de grandes extensiones de tierra, impidiendo la agricultura en plantaciones de café, plátano, azúcar, palma africana y productos maderables.

Entre los cambios, incluye modificaciones en precios y tarifas del sector público, a la tenencia de la tierra, desincorporaciones, y desregulación y modificaciones de la política de subsidios al campo.

El 25 de febrero, 12 días antes de la presentación oficial del Plan Puebla-Panamá, el proyecto fue descalificado por los zapatistas. En un mensaje que tenía dos destinatarios -los grupos de la sociedad civil que protestaban contra las políticas establecidas por los mandatarios reunidos en la cumbre de Cancún, y aquellos que plantean que no existe otro modelo de desarrollo que el suyo-, Marcos advirtió: "los que somos el color de esta tierra mexicana queremos la autonomía indígena y la vamos a conseguir. Ya no habrá ningún plan ni proyecto de nadie que no nos tome en cuenta; ni Plan Puebla-Panamá ni megaproyecto transístsmico, ni nada que signifique la venta o la destrucción de la casa de los indígenas que, no hay que olvidarlo, es parte de la casa de todos los mexicanos".

Y por si hubiera quedado alguna duda del porqué de su rechazo, prosiguió: "queremos la autonomía indígena, porque es la única forma visible para evitar que este país termine hecho añicos y malbaratado; porque es la única forma visible de salvar a México de quienes se proponen acabarlo como nación, y pretenden convertirlo en un páramo de nostalgias de lo que fue y pudo haber sido".

En Los Pinos no hubo acuse de recibo. El 12 de marzo, como parte complementaria de su mensaje con motivo de los 100 días de gobierno, el presidente Vicente Fox Quesada encabezó la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Puebla-Panamá (capítulo México). Durante su mensaje dijo que la violencia no era la solución a las "enormes y legítimas demandas de los pueblos del sureste mexicano", y que lo que se necesitaba era sumar esfuerzos por la paz y para el progreso.

Ante representantes de todos los países centroamericanos, los gobernadores de los estados del sur-sureste del país y el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, el Presidente expuso que el plan posibilitaría la creación de una zona de intercambio y cooperación "a nivel de otras que se han creado en el mundo". Y pasó a mencionar los propósitos más amplios del proyecto: "que nuestro país se convierta en puente entre Centroamérica y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica", al punto en que se pudiera llegar a hablar en un futuro de una "comunidad económica de la región".

El jefe del Ejecutivo explicó los propósitos en macro, y al coordinador del Plan Puebla-Panamá, Florencio Salazar Adame, le tocó presentar el capítulo México y sus alcances para todo el Istmo centroamericano. Su versión señala que éste es un plan de desarrollo regional sostenido y sustentable que comprende nueve estados, de Puebla a Quintana Roo, que no tiene otro fin que atenuar los desequilibrios económicos entre el norte y el sur del país.

"Hay un evidente contraste entre un norte que mira a Estados Unidos y Canadá, moderno, con pocas corrientes migratorias, con salarios, nutrición, educación de calidad, y un sur estacionado, con fuertes corrientes migratorias, desnutrido, con poco salario, una población indígena mayoritaria, con relación a la que existe en el país, que no ha podido articularse para que realmente podamos ser una nación que pueda tener un crecimiento económico y social homogéneo", indicó en la presentación del plan en un panel organizado por La Jornada y Casa Lamm.

Con esa iniciativa, ha expuesto, se pretende que "se cierre esta brecha de desigualdad creciente". En resumen, el Plan Puebla-Panamá se presenta como un "instrumento de rearticulación nacional, para que México emerja con mayor competitividad en el proceso de comercio global".

Esta visión del proyecto regional ha sido cuestionada por los dos extremos en juego: indígenas y empresarios. Los zapatistas protestaron antes, y expusieron que el proyecto y los acuerdos de San Andrés van en sentidos contrarios. Los dueños del dinero tardaron, pero también reaccionaron. El 13 de marzo, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado en el que advirtió al presidente Vicente Fox Quesada que la aprobación de la iniciativa de la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas sería la muerte del Puebla-Panamá.

En un trabajo sobre el Istmo de Tehuatepec, publicado en La Jornada, Ramón Vera recordaba un fragmento de los acuerdos de San Andrés que otorga otra perspectiva para mirar al plan: "Son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de desarrollo. Por eso, se estima pertinente incorporar en las legislaciones local y federal los mecanismos idóneos que propicien la participación de los pueblos indígenas en la planeación del desarrollo en todos los niveles, en forma tal que ésta se diseñe tomando en consideración sus aspiraciones, necesidades y prioridades (documento 2, propuestas conjuntas)".