JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Fracasó la administración de justicia: desplazados

Pedirán a la CIDH intervenga en el caso de once paramilitares liberados

ELIO ENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 25 de abril. El Centro Fray Bartolomé de las Casas y los desplazados de la zona norte de Chiapas pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en el caso de los once presuntos paramilitares del grupo Paz y Justicia liberados la semana pasada por decisión del magistrado segundo del tribunal unitario de circuito, Humberto Castañeda Martínez, que modificó el auto de formal prisión.

"Para nosotros los recursos internos han sido agotados, dado que ya no hay ninguno que se pueda interponer dentro de la jurisdicción mexicana para reparar esa situación", afirmó José Antonio Montero, abogado del organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.

En entrevista, Montero señaló que con la liberación de Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres -dirigentes históricos de Paz y Justicia- y otros nueve presuntos miembros de la organización, el Estado mexicano "está desconociendo la existencia de los grupos paramilitares a través del Poder Judicial de la Federación".

Sostuvo que con la liberación de los 11 indígenas detenidos a finales de octubre pasado en esta ciudad, acusados de diversos delitos, "jurídicamente el caso se puede considerar concluido a nivel interno", y "nosotros pensamos llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", porque los recursos internos se agotaron "y pensamos que está listo para llevarlo a nivel internacional".

Reiteró que después de la liberación se puede concluir que "se pusieron a prueba los órganos de jurisdicción interna, el sistema de procuración de justicia", y dado que aún existe el grupo paramilitar, eso significa un fracaso de la administración de justicia y se mantiene vigente la violación a la convención americana sobre derechos humanos".

-ƑUstedes tienen confianza en que la CIDH intervendrá en el caso?

-Absolutamente, porque existen varias recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para que atienda la situación de los paramilitares, para que investigue y sancione a los responsables. Con esos antecedentes y por la preocupación de la CIDH por la operación de paramilitares en Chiapas creemos que sí tendrá interés en abrir el caso.

Respecto de las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, en el sentido de que si el gobierno de Chiapas solicita la intervención de la Policía Federal Preventiva para enfrentar a los grupos paramilitares encontrará colaboración, Montero afirmó: "me parece que la responsabilidad es de la Federación, pues estamos hablando de gente que comete delitos, pero con portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, que tienen una estructura, una jerarquía y un objeto delictivo. Eso quiere decir que hay violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, y actuar es una responsabilidad de la Federación no del gobierno estatal".

Subrayó que es "irresponsable que estén esperando que el gobierno del estado se los pida. Ciertamente hay que coordinarse, pero no esperar a que éste lo pida. La Secretaría de Seguridad Pública y los demás órganos del Ejecutivo federal ya deberían estar trabajando en el desmantelamiento de los grupos paramilitares; que no lo hagan es preocupante".