JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001

Ť La organización tiene ahora el reto de erradicar la discriminación de las etnias

Parteaguas en la protección de los derechos indios, la creación de una relatoría en la ONU

Ť México cambió su actitud frente al problema y apoyó una iniciativa de Guatemala

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 25 de abril. La resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que fue patrocinada por México y Guatemala sobre derechos humanos y cuestiones indígenas es considerada ya un parteaguas en las definiciones políticas sobre el concepto de identidad de los pueblos indios, la depuración de los mecanismos de Naciones Unidas encargados de la vigilancia y promoción de las libertades fundamentales y en la urgencia de atender estos temas hasta lograr la erradicación del racismo y la discriminación.

Con la aprobación, la cual incluye la designación de un relator especial, se reconocen los argumentos expuestos por México: la vulnerabilidad de los indios que les impide disfrutar sus derechos humanos y la falta de un mecanismo de la comisión con el mandato específico de proteger y vigilar el respeto y disfrute de derechos y libertades de los indígenas, que hasta ahora era una incongruencia en un sistema donde existen relatores para vigilar los derechos humanos de grupos vulnerables específicos (niños, mujeres, defensores de los derechos humanos y migrantes) pero no incluía a las etnias.

La resolución, aprobada por 53 Estados miembros de la comisión, también recibió críticas, reservas y clarificaciones de última hora de parte de las delegaciones de Canadá, la Federación Rusa, India y el grupo asiático, pues manifestaron su disgusto sobre la premura de tomar una decisión sobre el tema.

Protagonismo de México

A juicio de un diplomático asiático "México se ha adjudicado el protagonismo político sobre un tema que dista de ser claro, como es el de pueblos indígenas".

Por su parte, un representante caribeño añadió: la decisión "es para el consumo interno, pues la resolución que adoptó la comunidad internacional tendrá peso
promocional y de apoyo a la iniciativa de la ley de derechos y cultura indígenas" que actualmente se elabora en México.

Una representante europea consideró que "el protagonismo mexicano en la comisión es parte de su estrategia para llegar al Consejo de Seguridad".

Lo cierto, según los coautores del proyecto, es que se ponderaron todos los argumentos posibles y concluyeron en que este mecanismo propuesto "es un imperativo para cubrir un vacío en la comisión", pues no duplica sino "complementa las tareas de los otros organismos existentes sobre el tema".

"México no se apresuró para nada", afirmó la embajadora especial para derechos humanos Mariclaire Acosta. "Hubo una negociación profunda y amplia, al grado que la autoría del texto es multicultural y geográficamente representativa. La discusión en su torno se dio con la comunidad internacional y los organismos no gubernamentales."

Por cierto, no se trató de una verdadera iniciativa mexicana. La temática fue
propuesta por Guatemala en la 56 comisión y así lo reconocieron tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, como la embajadora especial para derechos humanos y democracia.

El año pasado, Guatemala cabildeó en vano a favor de la iniciativa; la comisión se decidió a posponer el tema, según recordó la diplomática Karla Rodríguez.

A decir del gobierno de Guatemala la decisión negativa hacia el proyecto no
fue fortuita, pues pesaba el enorme esfuerzo desplegado entonces por la comunidad internacional para crear el foro permanente de asuntos indígenas en el seno de la ONU, y se pensó que crear un relator especial duplicaría otros mecanismos ya existentes.

El ambiente financiero también estaba en contra, pues un puesto de relator especial por un periodo de tres años cuesta al sistema una gran suma de dinero.

Lo cierto es que hasta hace poco tiempo, México tenía una posición opuesta a la que este año asumió en forma de liderazgo, incluso como coordinador del grupo latinoamericano y del Caribe, y llegó al extremo de hacer suya la voz de los defensores de los pueblos indígenas para reclamar, y en este caso, lograr la designación del relator especial para derechos indígenas, demanda que fue interpuesta por las organizaciones no gubernamentales ante la comisión desde 1996 y específicamente por las ONG mexicanas desde el levantamiento indígena en Chiapas, sin que nadie hiciera caso y sobre todo, sin que la delegación gubernamental mexicana se solidarizara formalmente con esta causa.

Todo lo contrario. El argumento que hasta el año 2000 asumió México fue que
un relator especial solamente duplicaría los mandatos de otros mecanismos.

Con la resolución se aprobó la designación del relator especial por tres años, con el mandato de recabar e intercambiar informaciones y comunicaciones de todas las fuentes y formular recomendaciones y propuestas que prevengan y remedien las violaciones de los derechos indígenas, vea la suerte de los niños indígenas y trabaje en apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y con la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

No todo fue fácil. Las divergencias salieron a flote con las explicaciones pronunciadas antes de la adopción del texto, pues Canadá y Nueva Zelanda, si bien "se unen al consenso porque la resolución ofrece un nuevo mecanismo para un tema tan delicado como es el de asuntos indígenas", advirtieron que falta la consideración de los candidatos al puesto de relator.

Rusia afirmó que "no romperá el consenso", pero la designación de un relator especial para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas "está simplemente fuera de tiempo".

India, en nombre del grupo asiático, mostró también descontento, pues consideró prematura la decisión de designar al relator sobre derechos indígenas cuando "ni siquiera la declaración sobre tales garantías -con 15 años de trabajos- ha podido ser resuelta."