JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Legisladores temen que Fox nombre a otras personas con la misma figura diplomática
Desconocen senadores a Acosta como embajadora especial
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República oficializó ayer su desconocimiento de Mariclaire Acosta como embajadora especial de derechos humanos y formuló un nuevo exhorto a la cancillería, a fin de que rectifique su postura y haga llegar a esa instancia legislativa la solicitud de ratificación correspondiente.
Los senadores Silvia Hernández, Germán Sierra y Mariano González Zarur, del PRI, el perredista Lázaro Cárdenas y Gloria Lavara Mejía, del Verde Ecologista, dieron a conocer ayer un escrito que en su calidad de integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, hicieron llegar al canciller Jorge G. Castañeda, en el que notifican que su argumentación, en el sentido de que no se requiere ratificar a Acosta por ser embajadora especial, carece de sustento legal.
De no haber una respuesta inmediata al extrañamiento, turnarán el asunto al pleno del Senado, a fin de que se decida lo conducente. "Es algo que no se va a dejar pasar, la ley se tiene que cumplir", precisó el priísta Germán Sierra, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara. Resaltó que hay preocupación entre los legisladores, porque saben que el presidente Vicente Fox tiene en mente nombrar otros embajadores especiales, lo que es grave y puede provocar mayores diferendos con el Poder Legislativo.
En el caso de Mariclaire Acosta, precisó a su vez González Zarur, incluso se le podrían fincar responsabilidades como servidora pública, porque, según se vio ya en el reciente caso de Cuba, ocasionaría conflictos con otras naciones, toda vez que no tiene el aval del Senado para actuar como diplomática.
Los legisladores precisaron que nunca han reconocido el nombramiento de Acosta y desde enero le solicitaron al canciller remediar esa situación; el motivo del escrito que ayer le enviaron, dijeron, es "para que rectifique y se ajuste a la Constitución".
En el documento, que es respuesta a la información sobre los criterios jurídicos que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la Consultoría Jurídica de la cancillería esgrimieron para justificar que no hayan pedido el aval del Senado para el nombramiento de Acosta, los senadores precisan que la ratificación "es una modalidad de control político sobre el ejercicio de una potestad propia del Ejecutivo federal, cuya trascendencia no puede ser condicionada por la interpretación administrativa de la ley".
Le hacen notar que "no es exacto que las definiciones de los términos de ministro, agente diplomático y cónsul general a que se refieren los artículos 76 y 89 de la Constitución sean las definidas en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963, respectivamente, a modo de entenderlas como ley suprema de la nación".
En ese sentido, señalan al canciller que de acuerdo con el artículo 133 constitucional, las leyes emanadas de la Carta Magna y los tratados internacionales que se celebren por el Presidente, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la unión.
"Sin embargo, ello no significa, ni aun literalmente, que las leyes y los tratados compartan el rango normativo de la Constitución misma, a la que necesariamente deben subordinarse. Tan es así, que uno de los requisitos de validez de los tratados internacionales es su conformidad con la propia Constitución".